El
giro a la derecha del presidente Lula
EPÍLOGO: BRASIL EN
NOVIEMBRE DE 2002
James
Petras
Traducido para
Rebelión por Manuel Talens
Según
la mayor parte de los criterios económicos, el régimen de Cardoso
fue el peor de los siglos XX y XXI en Brasil. Sin embargo, uno de los
resultados positivos de sus fracasos fue que provocó un cambio masivo
hacia la izquierda en el electorado. En las elecciones presidenciales
de octubre de 2002, Luiz Ignacio “Lula” da Silva, el candidato a
la presidencia por el Partido de los Trabajadores obtuvo la cifra récord
de 52 millones de votos, es decir, el 61,4%, frente al 38,6% de José
Serra, el delfín de Cardoso. La elección de Lula fue el reflejo
tanto de las condiciones abismales de la economía brasileña como de
las enormes expectativas de la clase trabajadora y de los campesinos
para que este gobierno lleve a cabo una profunda redistribución de la
riqueza y de la tierra, así como para que mejore los servicios
sociales, ofrezca oportunidades de trabajo y vuelva a socializar las
industrias estratégicas.
A
pesar de que algunos sectores de la clase capitalista brasileña
apoyaron a Lula, los observadores estiman que más del 80% de sus
votos procedían de los pobres de zonas urbanas y rurales, que esperan
cambios sociales básicos y una ruptura con el modelo neoliberal
existente.
Sin
embargo, el nuevo presidente no es ni mucho menos el candidato
izquierdista de años pasados. Antes de las elecciones, designó como
vicepresidente al magnate de la industria textil Alencar, que procede
del derechista Partido Liberal, forjó alianzas con grupos
evangelistas de derecha y con sindicatos, lo cual dio lugar a
protestas del clero progresista católico y de la izquierdista
Confederación de los Trabajadores (CUT). Lula firmó asimismo un
pacto con el FMI por el que se compromete a mantener los pagos de la
deuda, una política fiscal estricta y un superávit de 3% en el
presupuesto que será dedicado a las obligaciones de la deuda. Aceptó
también continuar las negociaciones de la Alianza de Libre Comercio
de las Américas (ALCA), impulsado por Washington, y se negó a apoyar
un referéndum informal sobre este asunto promovido por la iglesia y
los movimientos sociales. El programa de Lula era esencialmente de
centro, pues prometía (1) bajar las tasas de interés para los
inversores sobre la base de su distinción entre el capital
“productivo” y el “especulativo”; (2) financiar programas para
que los pobres hicieran tres comidas por día; (3) mejorar los
programas de la educación y la sanidad públicas; (4) proteger las
industrias locales y (5) llevar a cabo un programa de reforma agraria.
El giro de Lula hacia el centro-derecha, alejado de un programa de
cambios estructurales, no es sorprendente. Durante el último congreso
de su partido, más de 75% de los delegados eran profesionales de
clase media, funcionarios públicos, etc.; el otro 25% incluía
sindicalistas y una serie de líderes de los movimientos sociales.
Hace veinte años, el Partido de los Trabajadores se basaba en
representantes de las fábricas, activistas de las favelas urbanas,
movimientos rurales y “comunidades de base” de la iglesia
progresista. El “giro a la derecha” de Lula no es sólo un reflejo
de un cambio táctico para ganar apoyo electoral, sino del cambio
estructural interno en la composición del Partido de los
Trabajadores. En segundo lugar, las estructuras internas del partido
han cambiado de manera importante. Durante sus primeros años, el
Partido de los Trabajadores estaba vinculado directamente con los
movimientos sociales, pero a principios de los noventa evolucionó
para convertirse en una máquina electoral, separada de los
movimientos, y sus miembros elegidos, tanto en los ámbitos local como
estatal y nacional, se vincularon a las estructuras institucionales.
Debido a dicho cambio, la base popular empezó a tener cada vez menos
influencia en el programa del partido y en los miembros elegidos, que
se convirtieron poco a poco en políticos burgueses convencionales,
muchos de los cuales privatizaron servicios públicos y forjaron
alianzas con las elites del mundo de los negocios. El cambio programático
de Lula se vio precedido por el giro a la derecha de muchos
gobernadores, alcaldes y otros legisladores locales del Partido de los
Trabajadores. El ejemplo más notable es el de Antonio Palocci, uno de
los estrategas electorales más importantes de Lula, que ha sido, además,
el primero en acceder al gabinete (como ministro de Economía). Cuando
era alcalde de Ribeirão Preto, en el estado de São Paulo, Palocci
privatizó el agua y las compañías municipales de teléfonos y se
alió con los barones del azúcar, archienemigos de los trabajadores
rurales. El paso de Palocci por la alcaldía es una muestra más de
las deficiencias de su “giro a la derecha”. Tras siete años en el
puesto, la ciudad sólo trata el 17% de las aguas residuales, los índices
de desempleo y de criminalidad han aumentado y el tiempo de espera y
las colas en los hospitales también. Las posibilidades que tiene Lula
de mejorar sustancialmente el nivel de vida de los pobres brasileños,
de financiar una reforma agraria y una promoción a gran escala del
empleo y de la expansión industrial son muy limitadas, y ello debido
a sus alianzas preelectorales y a los acuerdos económicos que pactó.
En
primer lugar, su acuerdo con el FMI significa que dispondrá de muy
pocos fondos una vez que su gobierno aparte un superávit del 3% del
presupuesto para pagar la deuda pública. En segundo lugar, las tasas
de interés de 23% de Cardoso se basan en la necesidad de seguir
atrayendo capital extranjero para impedir la inflación. La aceptación
por parte de Lula de esta agenda “antiinflacionista” significa que
será incapaz de disminuir sustancialmente las tasas de interés para
estimular la inversión local “productiva”. Dados los acuerdos
presupuestarios de Lula y sus lazos con las elites de los negocios,
probablemente será incapaz de responder a las exigencias de los
trabajadores de aumentar los salarios, o incluso de incrementar el
salario mínimo. En el caso de que Lula responda en parte a las
expectativas populares, puede esperar que el FMI suspenda los préstamos.
Si disminuye las tasas de interés para estimular la inversión local,
los inversores extranjeros se retirarán, lo cual hará aumentar la
inflación. A pesar de que el control de la inflación puede ser una
herramienta política positiva, es bastante probable que provocara la
inclusión de Lula en la lista negra de las instituciones financieras
internacionales y de los bancos locales privatizados. El hecho de
haberse comprometido con un esquema neoliberal hará que Lula tenga
dificultades para iniciar cualquier nuevo programa, incluso los que
prometió a sus nuevos aliados de las elites de los negocios. Más aún,
existe el peligro de que el nuevo régimen tenga que adoptar medidas
represivas para contener las exigencias populares dentro de los límites
impuestos por el FMI y el Partido Liberal. Durante la campaña
electoral, Lula prometió utilizar toda la fuerza de su régimen para
reprimir las ocupaciones ilegales de latifundios, es decir, los
programas de las organizaciones de los trabajadores sin tierra. También
Cardoso utilizó medidas represivas similares, de acuerdo con sus
alianzas preelectorales con los hacendados que controlan el Partido
del Frente Liberal. No cabe duda alguna de que Lula ha heredado una
economía en condiciones desastrosas: inflación galopante, casi
20.000 millones de dólares de desembolsos anuales para la deuda
externa, déficit de la balanza de pagos, crecimiento negativo per cápita,
una moneda en declive, fuga de capitales, grandes desigualdades y un
desempleo y una pobreza cada vez mayores. Pero existen dos opiniones
ante la crisis brasileña. La perspectiva progresista la considera
como una oportunidad para transformar el país, argumentando que es
precisamente el fracaso de las políticas liberales y las alianzas con
la derecha lo que exigen una ruptura clara con el pasado y un giro
hacia la izquierda para redistribuir la riqueza y estimular la economía
local, renacionalizar la industria y las instituciones financieras,
retener la renta para inversiones dentro del país y generar empleo,
así como para realizar una reforma agraria que estimule el consumo
rural de productos industriales y la reducción de las importaciones
alimentarias.
La
perspectiva conservadora –que predomina en el régimen de Lula–
arguye que la crisis interna requiere la conformidad con el modelo
existente para “estabilizar” y “reactivar” la economía, lo
cual permitiría llevar a cabo reformas sociales una vez pasada la
crisis. Esencialmente, esta orientación en “dos etapas” sólo
prevé cambios al alza en el gasto público.
En
nuestra opinión, la perspectiva conservadora únicamente perpetuará
o incluso profundizará la crisis e impedirá las reformas marginales.
El problema de la “reducción de la pobreza” sólo se puede
resolver eliminando la concentración de la riqueza que produce la
pobreza y perpetúa las desigualdades. Y la manera más eficaz de
impedir las fugas de capitales consiste en cambiar las formas de
propiedad y las relaciones sociales de producción.
El
nuevo régimen tiene un mandato de más del 90% de los 52 millones de
brasileños que votaron por Lula para llevar a cabo una transformación
social. Si el gobierno de los Trabajadores sucumbe a las lisonjas de
las concesiones al comercio marginal de la Administración Bush y a
los préstamos del FMI y del Banco Mundial, y da la espalda a las
exigencias mayoritarias de cambios sociales básicos, no solamente
desilusionará a millones de sus seguidores, sino que pospondrá el
desarrollo de Brasil durante otra generación.
Tres semanas después de su aplastante victoria electoral, Lula dio
una clara señal de la dirección que tomará su régimen. Convocó
una reunión de los líderes de sindicatos, trabajadores rurales,
empleados y funcionarios de gobierno para discutir un “pacto
social”. El tema principal que debatieron fue una “reforma
laboral” que aumentaría el poder de la patronal para contratar y
despedir trabajadores y congelar salarios, la eliminación de un
impuesto a la patronal para financiar programas sociales y sindicatos
y la concesión, también a la patronal, del poder de renegociar
contratos que invaliden las ventajas sociales legalmente establecidas
de los trabajadores. Al mismo tiempo que daba prioridad a la aceptación
de las exigencias de la patronal, Lula se negó a conceder un
incremento inmediato del salario mínimo de 50 dólares por mes y
prometió considerar un incremento de en torno al 10% (5 dólares),
pero a mediados de 2003. Está claro que Lula, al igual que su
predecesor Cardoso, más que representar a sus electores trabajadores,
lo que hizo fue dar señales de izquierda antes de las elecciones,
pero luego se ha pasado a la derecha. Las dos centrales sindicales
principales, la CUT (Confederación Unida de Trabajadores) y la Força
Sindical, así como el movimiento de los sin tierra (MST), han
rechazado de plano las proposiciones de Lula y han afirmado al mismo
tiempo su independencia con respecto al nuevo gobierno. La agresividad
con la que Lula lleve a cabo su programa favorable a los negocios será
lo que determine en qué momento tendrá lugar la ruptura entre su régimen
y las centrales sindicales.
2
de diciembre de 2002
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