A
Nicolas Sarkozy, ministro francés del Interior, le van mal las cosas.
La peonza mediática del gobierno, que estos últimos meses se ha
distinguido por sus meteduras de pata, acaba de abrir una peligrosa
caja de Pandora con sus provocaciones sobre los suburbios tras la
muerte
de dos adolescentes en Clichy-sous-Bois, en las afueras de París.
Desde el pasado jueves, las refriegas urbanas se han multiplicado en
cuatro departamentos de la región Ile-de-France, atizadas por un
ministro del Interior que juega ante las cámaras a la guerra contra
las clases peligrosas. Una vez que la polémica alcanzó las filas de la
derecha ante el cariz que tomaban los acontecimientos por la
desastrosa gestión del conflicto, el primer ministro Dominique de
Villepin, rival encarnizado de Sarkozy cara a las futuras elecciones
presidenciales, decidió tomar el mando de la situación tras haber
permitido que a su enemigo político se le fuera de las manos. De
Villepin, que hasta entonces no había abierto el pico, canceló incluso
su viaje oficial a Canadá.
El caso es
que, entre recuperaciones políticas y golpes de proyector sobre esta
«inseguridad ciudadana» que el presidente Jacques Chirac había
convertido en eje de su campaña electoral en 2002, la conflagración de
los barrios denominados «sensibles» surge como una tabla de salvación
para una derecha que fracasa en todos los frentes, sobre todo en el
del empleo. Tabla de salvación, desde luego, para Nicolas Sarkozy,
determinado a convertir la «inseguridad ciudadana» en su marca
distintiva, pero también para Dominique de Villepin, que no ve con
malos ojos los temas sociales sensibles, hasta ahora confinados a un
segundo plano.
El pasado
martes por la tarde, el primer ministro recibió junto al ministro del
Interior a las familias de los adolescentes fallecidos en
circunstancias todavía no elucidadas. «Vamos a aclarar las
circunstancias de este accidente», prometió, apelando en vano a la
calma. Dominique de Villepin se reunió asimismo con su ministro
delegado para la Promoción de la igualdad de oportunidades, Azouz
Begag, convertido en blanco de las iras de los amigos de Sarkozy por
haber criticado las declaraciones y la actitud de éste. Los
sarkozystas, que normalmente son los primeros en invocar la libertad
de expresión, exigieron con aire indignado la «solidaridad
gubernamental» y algunos llegaron incluso a pedir la dimisión del
ministro delegado. Ayer por la mañana, la sede del gobierno en
Matignon fue testigo de una reunión urgente de diez ministros para
discutir sobre la «violencia en los suburbios», sin que al final del
encuentro se filtrase ninguna información ni declaración. El
presidente de la República salió a su vez de su mutismo en el Consejo
de ministros para apelar a la calma. «En la República no puede haber
zonas donde no se aplique el derecho y son las fuerzas del orden [...]
quienes deben aplicar la ley y garantizar el respeto y la seguridad de
todos», declaró. Jacques Chirac expresó su deseo de que los resultados
de la encuesta sobre las circunstancias de la muerte de los dos
adolescentes «se conozcan lo más pronto posible» y consideró
«indispensable elucidar las circunstancias en las que la mezquita de
Clichy fue alcanzada por una bomba lacrimógena». «Actuaremos siempre
según los principios de nuestra República: todos deben respetar la
ley, todos deben tener su oportunidad», afirmó el jefe del Estado tras
pedirle al gobierno que «en el plazo de un mes» presente proposiciones
de ley a favor de «la igualdad de oportunidades».
Por la tarde,
el primer ministro quiso responder personalmente a las preguntas de
los diputados, edulcorando su discurso sobre la seguridad pública con
vagas declaraciones de intenciones sobre la lucha contra la
discriminación o con su negativa a estigmatizar y a acusar a grupos
sociales sin distinción. Su leitmotiv fue que «la seguridad es la
primera de las libertades». En respuesta a una pregunta de Bruno
Leroux, diputado socialista de Épinay-sur-Seine, que denunció «la
ausencia de política global en los barrios» y la multiplicación de
«promesas ministeriales que nunca se cumplen», el primer ministro
insistió en «la unidad del gobierno en torno al mismo principio: la
voluntad de responder a las exigencias de seguridad y de igualdad de
oportunidades». «Las soluciones milagrosas no existen», dijo a modo de
confesión de fracaso. «La experiencia de estos últimos veinte años
debe incitarnos a todos a la modestia y a la humildad». Si bien
reconoció que la solución pasaba «sobre todo por el pleno empleo»,
Dominique de Villepin se contentó con aludir a su «plan urgente para
el empleo» y con prometer «medidas urgentes para que los jóvenes en
Seine-Saint-Denis tengan un trabajo».
La secretaria
general del Partido Comunista Francés, Marie-George Buffet, alertó
sobre «la extrema gravedad» de la situación y no tuvo pelos en la
lengua al referirse a Nicolas Sarkozy, cuyas «declaraciones guerreras
con objetivos presidenciales y cuyo lenguaje insultante» dan muestras
de una «estrategia de tensión inaceptable». «¡La gente está más que
harta de que trate a sus hijos de chusma!» exclamó con indignación la
diputada de Seine-Saint-Denis mientras anunciaba la petición, por
parte del grupo comunista, de una comisión de encuesta sobre los
acontecimientos de Clichy-sous-Bois. Sus palabras irritaron
ostensiblemente al ministro del Interior, pero sin duda mucho menos
que la rotunda negativa del primer ministro a permitirle responder a
la dirigente comunista. «El gobierno actuará con espíritu de
justicia», se defendió Dominique de Villepin, «contra las
discriminaciones, para reforzar los servicios públicos en esos
barrios, para defender el empleo, que es la prioridad absoluta de
nuestro gobierno»… lo cual no deja se ser un discurso vacío, pues
desde su regreso al poder la derecha se ha esforzado en desmantelar
uno a uno todo signo de solidaridad, quebrantando peligrosamente los
lazos sociales.
