En un principio, los grupos defensores de derechos humanos en Brasil y en todo el mundo dieron la bienvenida a la elección de Luiz Inacio Da Silva, «Lula», el candidato a presidente del Partido de los Trabajadores, de centro izquierda. Además de sufrir las peores desigualdades sociales en el mundo, Brasil tenía uno de los peores historiales de derechos humanos entre los sistemas electorales no militares. Un cuidadoso estudio llevado a cabo por la respetada Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un grupo de derechos humanos relacionado con la Iglesia, documentó entre 1985 y 2002 1.280 asesinatos de campesinos, de abogados, consejeros técnicos, líderes sindicales y religiosos ligados a la lucha por la tierra. El estudio de la CPT encontró que la impunidad era la regla general. Sólo 121 asesinos, el 10%, fueron procesados; sólo 14 de los terratenientes que contrataron a los asesinos fueron juzgados y, de ellos, sólo 7 fueron condenados. De los intermediarios implicados en las matanzas, sólo 4 fueron acusados y 2 recibieron condena. De los asesinos que perpetraron los crímenes, 96 fueron juzgados y 58 fueron condenados. Está claro que los sistemas policial y judicial funcionan muy mal, sobre todo en el campo, donde los funcionarios de policía y los jueces se hallan estrechamente vinculados con los propietarios.

La otra cara de la impunidad de los propietarios es la dura represión que se ejerce contra los trabajadores rurales. Entre 1985 y 2002, 6.300 trabajadores rurales fueron encarcelados, 715 torturados y más de 19.349 sufrieron maltratos físicos. Sólo en 2002, el último año de la socialdemocracia del presidente Cardoso, 43 activistas rurales fueron asesinados. En el mismo año hubo 20 intentos de asesinato, 73 amenazas de muerte contra trabajadores, 20 casos de tortura y 44 casos de maltratos físicos de activistas rurales encarcelados.

Hace veinticinco años, cuando el presidente Lula era un sindicalista activo, sufrió persecución estatal y fue encarcelado. Durante su campaña electoral prometió poner en práctica un amplio programa de reforma agraria y hacer cumplir las garantías constitucionales de derechos humanos en las zonas rurales, así como acabar con la impunidad de los propietarios en su represión de campesinos.

En lo tocante a derechos humanos durante los primeros nueve meses en el poder, es posible evaluar el régimen de Lula mediante varios criterios, que incluyen: (1) el asesinato de activistas; (2) el encarcelamiento de líderes campesinos y activistas sociales; (3) las actividades de los grupos paramilitares; (4) la impunidad de los militares; (5) la igualdad de todos ante la ley; (6) el reconocimiento de la legitimidad del movimiento de reforma agraria; (7) el fin de las expulsiones de los campesinos que ocuparon tierras no cultivadas; (8) la puesta en marcha de una amplia reforma agraria y (9) el mantenimiento de la prohibición de cosechar semillas genéticamente modificadas. Estos criterios proporcionarán una base empírica para juzgar al presidente Lula en lo relativo a derechos humanos.

Asesinatos

Según un detallado estudio de la CPT, publicado a finales de agosto de 2003, 44 activistas rurales fueron asesinados entre enero y mediados de agosto de 2003, uno más que los 43 de 2002, el último año de la presidencia de Cardoso. Esto da un promedio de 5,5 asesinatos por mes, el más elevado desde 1990. Los «campos de la muerte» bajo el presidente Lula superan la tasa de asesinatos políticos bajo Cardoso, cuya presidencia fue testigo de varias matanzas sangrientas. La política de impunidad todavía persiste. Durante los ocho años de gobierno de Cardoso, 278 trabajadores sin tierra y líderes sindicales rurales fueron asesinados (casi 35 por año), pero sólo 5 asesinos fueron juzgados y condenados, menos del 2 %. En el caso más notorio, la matanza de 19 pacíficos y desarmados trabajadores rurales sin tierra en Eldorado do Carajas, en el Estado de Pará, los 163 policías militares fueron absueltos. El régimen de Lula no ha hecho esfuerzo alguno por reabrir estos juicios o acelerar los casos pendientes en los tribunales. Además, el caso de los guerrilleros Ariagua, que fueron asesinados por la dictadura militar en 1974 y cuyos cadáveres luego «desaparecieron», ha sido reabierto por el Tribunal Federal, que exige un informe completo de los militares. El régimen de Lula, siguiendo la costumbre de sus precursores de la derecha y de acuerdo con los militares, se ha negado a ejecutar la orden judicial.

Grupos paramilitares

Las formaciones paramilitares al servicio de los propietarios han crecido en todas las regiones rurales de Brasil durante el primer año del régimen de Lula. Las fuerzas paramilitares funcionan con impunidad, su presencia ha sido televisada y sus entrevistas difundidas por los medios nacionales de comunicación. En Paraná, Pará, Bahía y en todas partes del noreste, norte central e incluso el sudeste de Brasil, los paramilitares funcionan con frecuencia en asociación o con la complicidad de la policía militar y con la tolerancia de la judicatura. Estas «fuerzas de seguridad privadas» han asesinado a la mayor parte de los líderes campesinos bajo la política «permisiva» de Lula.

La campaña nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) para la prohibición de estas milicias armadas ha contado con el amplio apoyo de todos los grupos de derechos humanos brasileños e internacionales, pero no ha tenido prácticamente ningún impacto sobre el régimen de Lula, que arguye que, bajo la separación de poderes, se trata de un «asunto judicial», del que se deben ocupar los «estados». La política de Lula ha llevado a la proliferación de nuevos grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, el Primer Comando Rural (Primeiro Comando Rural) en Paraná, que tiene como objetivo la expulsión de más de 14.000 familias ya establecidas en las tierras.

Expulsiones

Las expulsiones de campesinos se han multiplicado durante el régimen de Lula, por decisión de autoridades locales, estatales y federales. Las familias que se habían establecido en tierras desocupadas hasta siete años antes de la llegada de Lula han sido expulsadas por la fuerza, sus casas quemadas, sus mejoras del terreno y sus cosechas destruidas. Entre enero y junio, 8.492 familias, en torno a 40.000 personas, han sido desahuciadas, lo cual supera en cuatro veces el número de campesinos que recibieron tierra en el mismo período.

Presos políticos

Varias docenas de activistas políticos y sociales en el movimiento de reforma agraria están detenidos. Unos han sido juzgados y condenados a penas de hasta 4 años de cárcel por su participación en ocupaciones de tierras. En la actualidad, 17 líderes del MST de los estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goias y Paraibo han sido encarcelados. José Rainha Junior, uno de los líderes más prominentes del MST, está acusado de organizar «una banda armada», acusación penada con diez años de cárcel que previamente había sido denegada en la apelación.

Criminalización de los movimientos sociales

En septiembre de 2003, ciento cincuenta policías militares rodearon la oficina central del MST en São Paulo y se prepararon para un asalto armado con el pretexto de buscar activistas sociales acusados de ataques contra la propiedad (ocupaciones de tierra). Sólo la intervención masiva de grupos de derechos humanos, de los obispos católicos y de los sindicatos impidió un asalto potencialmente sangriento. El régimen de Lula terminó por ceder para evitar deslustrar todavía más su imagen internacional con una matanza en la ciudad más grande de Brasil. No hubo investigaciones ni funcionarios amonestados y, desde luego, tampoco había «criminales» en la oficina central. Sin embargo, el efecto mediático logró criminalizar los movimientos sociales en general y el MST en particular

Lula, que buscó activamente y recibió el apoyo sin reservas del MST y de los movimientos sociales durante la campaña electoral, se ha lavado las manos con respecto a su responsabilidad en la creciente persecución judicial, en las detenciones arbitrarias y en la intervención de la policía militar. Con la excusa de la «división de poderes» entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se ha negado a usar la autoridad y el influjo de su presidencia para acabar con las fuerzas de la represión o mantener las garantías constitucionales contra detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos paramilitares vinculados a los grandes propietarios. La razón de la negativa a actuar de Lula se encuentra en su profundo compromiso a favor de la promoción del modelo de agroexportación y del mantenimiento de «un clima favorable» a los inversores extranjeros, así como en su idea de que cualquier intervención contra el gran capital y sus aliados judiciales, policiales y paramilitares enviaría «malas señales» al «mercado».

Esto casa mal con un presidente que ha cenado en casas de campesinos sin tierra para mostrar su «neutralidad» en esta lucha fundamental por la justicia social y los derechos humanos. Sin embargo, la política de Lula no es «neutra», por mucho que él lo pretenda y siga repitiendo clichés sobre la división de poderes. De hecho, su política ha dejado el campo libre a las fuerzas más retrógradas de la elite brasileña para que liquiden los beneficios alcanzados durante las dos últimas décadas, al favorecer las expulsiones de quienes se habían beneficiado de la reforma agraria y de los okupas, instigando el comportamiento ilegal de los propietarios y de la judicatura corrupta que actúa a sus órdenes.

Las Naciones Unidas y los derechos humanos

La enviada de las Naciones Unidas Asma Jahangar señaló en septiembre y octubre de 2003, al final de una visita de tres semanas durante la cual investigó las ejecuciones sumarias por parte de la policía brasileña, que «Brasil es una democracia, pero lo que yo veo aquí es una situación desgraciada, triste, sin justicia alguna» (BBC News 10/10/2003). Dos de los testigos que testimoniaron ante la enviada de las Naciones Unidas sobre los actos de los escuadrones de la muerte en áreas rurales y urbanas fueron asesinados poco después, como para confirmar el patético estado de los derechos humanos en Brasil. La representante de las Naciones Unidas afirmó que el problema no es simplemente la existencia de vigilantes locales, sino un problema institucional que impregna al estado brasileño. Hizo acopio de informes detallados y extensos de los grupos de derechos humanos, que vincularon a los escuadrones de la muerte con policías y vigilantes. Tal como señaló Jahangar, «la policía no puede luchar contra el crimen cometiendo crímenes». Lula ha prometido de boquilla solucionar el problema, si bien no ha emprendido ninguna reforma seria ni en la policía, ni en la judicatura ni en otras instituciones dedicadas al cumplimiento de la ley. La «ley» de la inmunidad prospera bajo Lula igual que lo hacía bajo los regímenes anteriores, militares y civiles.

Derechos humanos: la reforma agraria

Brasil sufre las desigualdades más extremas del mundo en cuanto a la distribución de la tierra. Menos del 1% de los propietarios poseen el 50% de la tierra, mientras que veinticinco millones de familias rurales carecen de tierra. La cuestión de una reforma agraria era la exigencia central de las clases rurales más empobrecidas de la sociedad brasileña, una exigencia que apoyan las dos terceras partes de la población. Durante la campaña electoral, Lula prometió «una reforma agraria profunda, integral y dentro de la ley».

La principal organización de los trabajadores rurales sin tierra, el MST, exigía tierra para 120.000 familias durante el primer año. Lula prometió tierra para 60.000 familias. Durante los 9 primeros meses en el gobierno, 2.100 familias recibieron la tierra, la treceava parte de su promesa original. El régimen de Lula está muy por debajo del anterior régimen neoliberal de Cardoso, que se ocupó de un promedio de aproximadamente 40.000 familias por año. Con respecto a las exigencias del MST, Lula va a cumplir aproximadamente el 4% de su objetivo. Las más de 200.000 familias que viven en condiciones precarias al borde de las carreteras y en campos abandonados tienen unas perspectivas bien tristes durante el futuro inmediato, a no ser que tomen la iniciativa y organicen ocupaciones de tierra. El fracaso del régimen de Lula a la hora de poner en práctica la reforma agraria se debe a la prioridad que ha dado al pago de la deuda externa, al cumplimiento de los objetivos de austeridad del Fondo Monetario Internacional y a la promoción del sector de la agroexportación. La financiación de cuestiones de derechos humanos como la reforma agraria tiene la prioridad más baja.

En octubre de 2003, tras haber incumplido sus promesas a los trabajadores sin tierra y haberse puesto abiertamente del lado de los grandes agroexportadores, el presidente Lula emprendió un burdo ataque contra el MST y sus propuestas de reforma agraria. «No voy a llevar a cabo la reforma agraria que propone el MST, que significaría un cambio de la miseria urbana por la pobreza rural, simplemente para aumentar el número de unos beneficiarios que no producen nada (Veja, 29 de octubre de 2003, página 40).

Los 350.000 beneficiarios de la reforma agraria no sólo producen millones de reales de alimentos para el mercado local, sino que también han desarrollado productos de exportación, y casi todos los universitarios y periodistas objetivos han señalado la enorme mejora que la reforma ha supuesto en sus vidas. De hecho, Lula no tiene alternativa a la reforma agraria, tal como afirmó Marcelo Rezende, el ex presidente del Instituto de la Reforma Agraria (INCRA), cuando anunció su dimisión en agosto de este año.

Modificaciones genéticas y derechos humanos

      En todo el mundo, desde Europa Occidental a la India, desde África a Brasil, granjeros, campesinos, ecologistas y consumidores han luchado contra las grandes corporaciones agroalimentarias que intentan imponer semillas genéticamente modificadas, fertilizantes químicos y herbicidas. Hasta el inicio del régimen de Lula, la agricultura basada en semillas genéticamente modificadas se limitó a regiones aisladas del sudeste de Brasil. Sin consultar con el congreso ni con las organizaciones representativas de los pequeños granjeros y trabajadores sin tierra ni con los grupos medioambientales, Lula decretó la aprobación de la siembra de estos productos, bajo la presión de Monsanto. Contra la mayoría de los brasileños, el equipo económico de Lula, dirigido por su ministro de la agricultura, asociado desde hace tiempo a Monsanto, impuso tal medida. El espectro de una agricultura de exportación de origen químico amenaza con minar los precarios márgenes entre el costo de producción y de venta en que se mueven los pequeños productores, y asimismo podría perjudicar las exportaciones a los mercados europeos. La generalización de una agricultura basada en sustancias químicas, de coste elevado, y la posterior ruina de millones de productores locales son un atentado contra los derechos humanos. Al parecer, el compromiso de Lula con las elites de la agroexportación de productos genéticamente modificados pasa por encima del terrible futuro que les espera a los campesinos.

Conclusión

Durante los diez primeros meses del régimen de Lula, el historial de derechos humanos ha sido malo desde todos los puntos de vista. Los observadores de las Naciones Unidas, la iglesia brasileña (CPT) y los activistas han señalado la creciente violencia de los propietarios y las ejecuciones extrajudiciales, la criminalización estatal de los movimientos sociales, las detenciones arbitrarias y la impunidad continuada de torturadores de la policía y asesinos. Esto se debe fundamentalmente a la continuidad de los aparatos judicial, policial y administrativo heredados del pasado y a la negativa de Lula a reconocer la desigual y selectiva aplicación de la ley. La criminalización de facto de los movimientos sociales ayuda e incita a los propietarios locales a incrementar sus actividades parapoliciales.

La segunda razón del triste historial de derechos humanos del régimen de Lula se debe al profundo compromiso de sus equipos económicos a favor de la creación de un «clima favorable» para los inversores extranjeros y a la determinación de Lula de reprimir cualquier signo de protesta social como si fuese una «amenaza para la paz social».

  La tercera razón se debe a la estrategia agroexportadora del régimen. Dada la alta prioridad que Lula otorga al cumplimiento de las exigencias de los acreedores externos y al cumplimiento de su acuerdo con las condiciones del Fondo Monetario Internacional, su gobierno favorece aquellos sectores de agricultura que generan divisas fuertes, a expensas de los sectores agrícolas, que producen alimentos para el consumo local. Es precisamente esta «triple alianza» entre el régimen de Lula, las elites agroexportadoras y los acreedores financieros externos lo que ha minado el compromiso del gobierno con los derechos humanos. Es esta alianza triple lo que ha llevado al compromiso de Lula de negociar la entrada de Brasil en el ALCA, y ello bajo unas condiciones que permitirán la entrada de exportaciones agrícolas brasileñas en el mercado estadounidense, a cambio de la entrada libre en Brasil de las importaciones de alimentos estadounidenses, que llevarán a la ruina a los productores locales. Para sostener este «modelo», el régimen de Lula se ha opuesto a las demandas de la reforma agraria y ha criminalizado los movimientos sociales que la propugnan, mientras que presiona a los EE.UU para que reduzca sus tarifas y elimine sus cuota sobre la soja, los cítricos, el algodón, el azúcar y otros elementos de exportación. Las violaciones de derechos humanos en Brasil no se deben sólo a funcionarios locales o a propietarios, sino a un profundo problema estructural inmerso en la estrategia básica del gobierno. Las elites de América Latina ya han reconocido el valor de Lula. La Folha de São Paulo (29 de octubre de 2003) destacó en primera página una encuesta realizada entre las elites de seis países latinoamericanos, que escogieron a Lula como «el mejor presidente de América Latina», con un margen muy superior al de los demás presidentes neoliberales.