TERRORISMO Y SOCIEDAD CIVIL COMO INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE EN CUBA

Philip Agee

Traducido para Rebelión por Manuel Talens

 

Este texto es una adaptación de las conferencias pronunciadas por Philip Agee durante los Talleres Internacionales que tuvieron lugar en el Movimiento por la Paz en La Habana, mayo-octubre de 2003

La Habana, mayo de 2003.

Hace un mes el encarcelamiento de setenta y cinco disidentes políticos y la ejecución sumaria de tres piratas marítimos dio lugar a la condena inmediata, enérgica y prácticamente global del régimen cubano. Entre los críticos más destacados se encontraban antiguos y destacados amigos de Cuba en el ámbito internacional.

Conforme leía los cientos de denuncias que me llegaban por correo, era fácil ver de qué manera los enemigos de la revolución aprovecharon aquellas cuestiones para condenar a Cuba por violación de los derechos humanos. Hicieron su agosto. La confusión, deliberada o irreflexiva, entre disidentes políticos y secuestradores –dos conceptos ajenos entre sí– era también fácil, porque los acontecimientos sucedieron al mismo tiempo. Un órgano del Vaticano llegó a describir a los secuestradores como disidentes, cuando de hecho eran terroristas. Pero otros, en general favorables a Cuba, también se subieron al carro de las condenas y se ocuparon de los dos asuntos a la par. Los comentarios que siguen a continuación se ocupan de las cuestiones de derechos humanos en ambos casos.

En lo que respecta al encarcelamiento de setenta y cinco activistas de la sociedad civil, la víctima principal ha sido la historia, ya que esa gente era una base importante de los actuales esfuerzos del gobierno estadounidenses para derrocar al gobierno cubano y destruir los logros de la revolución. No hay que olvidar que el cambio de régimen, tal como se ha dado en llamar al derrocamiento de gobiernos, ha sido el continuo objetivo de Estados Unidos en Cuba desde los días iniciales del gobierno revolucionario. Los programas que buscaban alcanzar este objetivo han incluido la propaganda para denigrar la revolución, el aislamiento diplomático y comercial, el embargo, el terrorismo y el apoyo militar a contrarrevolucionarios, la invasión de la Bahía de Cochinos, los complots para asesinar a Fidel Castro y otros líderes, la guerra biológica y química y, en tiempos recientes, los esfuerzos para fomentar una oposición política interna disfrazada de sociedad civil independiente.

 

Terrorismo

Warren Hinkle y William Turner, en The Fish is Red, que es probablemente el mejor libro sobre la guerra de la CIA contra Cuba durante los primeros veinte años de la revolución, cuentan la historia de los esfuerzos de la CIA salvar la vida de uno de sus cubanos partidarios de Batista. Fue en marzo de 1959, menos de tres meses después del triunfo del movimiento revolucionario. El jefe de la policía secreta batistiana de la CIA había sido capturado, juzgado y condenado al paredón. La Agencia había establecido la unidad en 1956 y la había denominado Oficina para la represión de actividades comunistas (BRAC para los hispanohablantes). Con el entrenamiento, el material y la financiación de la CIA, se convirtió en la peor de las organizaciones de Batista dedicadas a la tortura y al asesinato y desplegó su terror entre toda la oposición política, no sólo entre los comunistas.

El jefe de la BRAC, un tal José Castaño Quevedo, había sido entrenado en los Estados Unidos y era el enlace de la BRAC con la oficina de la CIA en la embajada estadounidense. Cuando se enteró de la sentencia, envió al periodista colaborador Andrew St.George a ver al Che Guevara, que entonces era el responsable de los tribunales revolucionarios, para interceder por la vida de Castaño. Después de escuchar a St.George durante todo el día, el Che le dijo que le dijera al jefe de la CIA que Castaño iba a morir, si no por ser un verdugo de Batista, sí por ser un agente de la CIA. St.George se dirigió desde la oficina del Che, en la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, a la embajada estadounidense en el Malecón para comunicar el mensaje. Al oír las palabras del Che, el jefe de la CIA respondió solemnemente: “Esto es una declaración de guerra”. De hecho, la CIA perdió a muchos más de sus agentes cubanos durante aquellos días iniciales y en los años de guerra larvada que siguieron.

Hoy, cuando salgo de la 31 Avenida camino del aeropuerto, justo antes de torcer en el hospital de Marianao, paso a la izquierda de una comisaría. Se trata de un gran edificio blanco de varios pisos que ocupa un bloque entero. Su estilo es el de un falso castillo de los años veinte, parecido a una hamburguesería. Está protegido por altos muros en las calles transversales y en sus esquinas hay garitas de centinelas, ahora vacías, como las de los patios de una prisión. Al lado, separada del castillo por la calle 110, hay una gran casa verde de dos pisos con ventanas enrejadas y otras protecciones de seguridad. No sé cuál será hoy su función, pero antes fue la temida oficina de la BRAC, una de las herencias más infames de la CIA en Cuba.

El 10 de marzo de 1959, el mismo mes que el jefe de la BRAC fue ejecutado, el presidente Eisenhower presidió una reunión de su Consejo Nacional de Seguridad, en la que se discutió sobre cómo sustituir el gobierno en Cuba. Éste fue el principio de la política destinada a cambiar el régimen, que todos los gobiernos estadounidenses han continuado desde Eisenhower.

Cuarenta y cuatro años justos después de la ejecución del jefe de la BRAC, cuando leí la noticia de las detenciones de los setenta y cinco disidentes y vi la ofuscación del gobierno estadounidense ante los juicios y sus sentencias, se me vino a la memoria una frase de Washington que puso en paralelo las reacciones estadounidenses de 1959 y 2003: “¡Eh, un momento! ¡Esos hijos de puta están jodiendo a los NUESTROS!”

Un año después, en marzo de 1960, yo me encontraba en una base secreta de entrenamiento de la CIA en Virginia cuando Eisenhower aprobó el proyecto que se convertiría en la invasión de la Bahía de Cochinos. Estábamos aprendiendo allí los trucos del oficio de espía, que incluyen el pinchado de teléfonos, la colocación de micrófonos ocultos, el manejo de armas, las artes marciales, el uso de explosivos y el sabotaje. Aquel mismo mes, la CIA, en sus esfuerzos por negar armas a Cuba antes de la invasión de los exiliados, hizo explotar un barco francés, Le Coubre, mientras descargaba una remesa de armas proveniente de Bélgica en un embarcadero de La Habana. La explosión y la lucha contra el fuego que siguió después provocaron más de cien muertos. Hoy, cada vez que conduzco a lo largo de la avenida del puerto que pasa ante la estación principal de ferrocarriles de La Habana, veo el timón y otra chatarra de Le Coubre, que es ahora un monumento a los que murieron.

En abril del año siguiente, dos días antes de la invasión de la Bahía de Cochinos, una operación de sabotaje de CIA incendió El Encanto, los grandes almacenes de La Habana donde yo había hecho compras en mi primera visita, en 1957. Nunca fue reconstruido. Ahora, cada vez que subo por Galiano en el centro de La Habana para comer en el barrio chino, paso por el edificio Fe del Valle, que está donde se encontraban los grandes almacenes, llamado así en recuerdo de una mujer que murió a causa de la explosión.

Algunos de quienes firmaron declaraciones de condena contra Cuba por el juicio de los disidentes y las ejecuciones de los secuestradores conocen a la perfección la historia de las agresiones estadounidenses contra la isla desde 1959: los asesinatos, el terrorismo, los sabotajes y la destrucción, que han costado casi tres mil quinientas vidas y han dejado minusválidas a más de dos mil personas. Los que no lo sepan pueden encontrarlo en The Cuban Revolution and the United States, la ya clásica cronología histórica de Jane Franklin.

Uno de los mejores compendios de la guerra terrorista estadounidense contra Cuba en los años sesenta procede de Richard Helms, el antiguo director de la CIA, cuando declaró en 1975 ante el Comité del Senado que investigaba los intentos de la Agencia para asesinar a Fidel Castro. Al admitir como ciertas “las invasiones de Cuba que nosotros controlábamos constantemente bajo la tutela de gobierno”, añadió:

Teníamos destacamentos de fuerzas que atacaban Cuba constantemente. Intentábamos explotar centrales eléctricas. Intentábamos demoler plantas de azúcar. Intentábamos toda clase de acciones en aquel período. Formaba parte de la política del gobierno.

Durante las mismas audiencias, el senador Christopher Dodd le comentó a Helms:

Es probable que en el mismo momento en que el presidente Kennedy fue asesinado un agente de la CIA se estuviese encontrando con un agente cubano en París y le entregara un dispositivo para asesinar a Castro. [Nota: el agente trabajaba para Desmond Fitzgerald, un amigo de Robert Kennedy que entonces era jefe de las operaciones de la CIA contra Cuba, y el agente cubano era Rolando Cubela, un comandante del ejército cubano con acceso regular a Fidel Castro, cuyo código en la CIA era AMLASH.]

Helms respondió:

Creo que era una jeringuilla hipodérmica, denominada Blackleaf Number 40. Se la entregaron porque AMLASH pidió que le diesen cualquier cosa con tal de matar a Castro... Lamento que no fuera una pistola. Hubiera sido más simple y menos exótico.

Quien repase la historia encontrará que ningún gobierno estadounidense desde Eisenhower ha renunciado al empleo del terrorismo estatal contra Cuba y el terrorismo contra Cuba nunca cesó. Es verdad, Kennedy le prometió a Kruschev que los Estados Unidos no invadirían Cuba, lo cual resolvió la crisis de los misiles en 1962, y su compromiso fue ratificado por los gobiernos posteriores. Pero la Unión Soviética desapareció en 1991 y, con ella, el compromiso.

Grupos terroristas del exilio cubano, sobre todo asentados en Miami y entrenados por la CIA, han proseguido sus ataques a lo largo de los años. Ya sea que funcionasen por su cuenta o bajo la dirección de la CIA, las autoridades estadounidenses los han tolerado.

En abril de 2003 el Sun-Sentinel de Ft.Lauderdale destapó con el apoyo de fotografías el entrenamiento de guerrillas del exilio en las afueras de Miami por parte de los Comandos F-4, que es uno de los diversos grupos terroristas actualmente asentados allí, junto con el comentario de la portavoz del FBI, que declaró que las actividades de exilio cubano en Miami no son una prioridad para el FBI. Una búsqueda en internet ofrece abundantes detalles sobre las actividades terroristas del exilio, incluidas sus conexiones con el brazo paramilitar de la Fundación Nacional Cubanoamericana (CANF).

Abundan los informes relativos a la detención en Panamá, en noviembre de 2000, de un grupo de cuatro terroristas del exilio dirigidos por Luis Posada Carriles, un hombre con impecables cartas credenciales de la CIA. Proyectaban el asesinato de Fidel Castro, que estaba allí para una conferencia. El currículum de Posada incluye el plan de la bomba que explotó en el avión de pasajeros de Cubana en 1976 y que mató a las setenta y tres personas a bordo; el abastecimiento de los contras de Nicaragua desde El Salvador durante los ochenta, a sueldo de de la CIA, y la organización en 1997 de los diez atentados con bomba de hoteles y zonas turísticas en La Habana, en uno de los cuales murió un turista italiano. Un año más tarde, admitió en The New York Times que los directivos de la CANF en Miami habían financiado los atentados hoteleros. Durante años, Posada entró y salió con toda libertad de los Estados Unidos.

Otro de los terroristas intocables de la CIA es Orlando Bosch, un pediatra convertido en terrorista. Como cerebro, junto con Carriles, del atentado a la bomba del avión de pasajeros de Cubana en 1976, Bosch fue detenido con Carriles una semana después, juzgado tres veces por el crimen y pasó once años en una cárcel venezolana. Resultó absuelto en cada uno de los juicios y fue liberado en agosto de 1987, tras lo cual fue detenido a su vuelta a Miami en febrero de 1988, por violación de libertad condicional después de una condena anterior por actos terroristas. En 1989 el Ministerio de la Justicia ordenó su deportación por terrorismo, sobre la base de informes del FBI y de la CIA, que indicaban que Bosch había llevado a cabo treinta actos de sabotaje entre 1961 y 1968 y estuvo implicado en un complot para matar al embajador cubano en Argentina en 1975. El presidente Bush padre, que en el momento del atentado contra el avión de Cubana era director de la CIA, anuló la orden de deportación tras el cabildeo en favor de Bosch que llevó a cabo tanto la congresista de Miami Ileana Ros-Lehtinen, de origen cubano y estrechamente vinculada con la CANF, como Jeb Bush, que era director de campaña de Ros-Lehtinen antes de su elección como gobernador. Bosch fue liberado de la custodia y desde entonces anda libre por las calles de Miami.

Ante la obviedad de que el gobierno estadounidense no tomaba medidas para acabar con el terrorismo proveniente de Miami, el gobierno cubano optó en los años noventa por enviar a sus propios agentes de inteligencia a Florida, bajo la apariencia de exiliados. Allí infiltraron algunos grupos del exilio y empezaron a informar a La Habana sobre las acciones terroristas y los vuelos ilegales planeados sobre Cuba por Hermanos al Rescate.

A pesar de todo, el gobierno cubano esperaba convencer a los Estados Unidos de que tomase medidas contra los terroristas de Miami y en 1998 Cuba entregó al FBI la voluminosa información que había acumulado sobre las actividades terroristas contra Cuba desde suelo estadounidense. Pero en vez de tomar medidas contra los terroristas, el FBI detuvo entonces a diez miembros de una red de inteligencia cubana cuyo trabajo consistía en infiltrar las organizaciones terroristas. Más tarde, los cinco agentes de inteligencia cubanos que dirigían la red fueron juzgados en Miami, donde la condena estaba garantizada, por los cargos de conspiración para cometer espionaje y de no haberse inscrito como agentes de un poder extranjero. Nunca habían pedido ni habían recibido documento secreto alguno del gobierno o información clasificada de ninguna clase, pero las sentencias fueron draconianas, uno de ellos con dos condenas a perpetuidad. El tratamiento inhumano ordenado por Washington de estos inquebrantables prisioneros, diseñado para destruirlos mental y físicamente y obligarlos a volverse contra Cuba, ha establecido nuevas cotas mundiales para el castigo sórdido, trastornado. La exigencia de su libertad es el principal tema político en Cuba hoy.

Más recientemente, al declarar una guerra interminable contra el terrorismo después de los ataques de Al Qaeda en septiembre de 2001 y antes de la guerra contra Irak, el presidente Bush afirmó que ninguna de las armas en posesión estadounidense son de uso prohibido, lo cual por lo visto incluye el terrorismo. Pero en vez de comenzar su guerra antiterrorista en Miami, estado que le aseguró el robo de la Casa Blanca y podría ayudarlo a obtener un segundo mandato, inició la serie de guerras preventivas que hemos visto por televisión, primero en Afganistán y luego en Irak, y ahora amenaza a Siria, Irán y otros de su lista de naciones que supuestamente promueven el terrorismo. Cuba, desde luego, se encuentra injustamente en dicha lista y la gente aquí se lo toma en serio como un pretexto preliminar para la acción militar contra este país.

 

La sociedad civil y los disidentes

Durante el gobierno de Reagan, a principios de los ochenta, se tomó la decisión de que para imponer el cambio de régimen en Cuba hacía falta algo más que operaciones terroristas. El terrorismo no había funcionado, ni la invasión de la Bahía de Cochinos, y tampoco el aislamiento diplomático de Cuba, que gradualmente se había terminado, ni mucho menos el embargo económico. Ahora Cuba sería incluida en un nuevo programa mundial para financiar y desarrollar organizaciones benéficas y no gubernamentales, que sería conocido como la sociedad civil, dentro del contexto de la política estadounidense global neoliberal. La CIA y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) tendrían papeles claves en este programa, así como una nueva organización, bautizada en 1983 como la National Endowment for Democracy (NED).

En realidad, el nuevo programa no era realmente nuevo. Desde su fundación en 1947, la CIA había estado profundamente implicada en la financiación secreta y la manipulación de organizaciones benéficas extranjeras no gubernamentales. Estas vastas operaciones abarcaron todo el planeta y se centraron en partidos políticos, sindicatos y asociaciones de hombres de negocios, organizaciones juveniles y de estudiantes, grupos de mujeres, organizaciones cívicas, comunidades religiosas, sociedades profesionales, intelectuales y culturales, así como en los medios públicos de comunicación. La red funcionó en ámbitos locales, nacionales, regionales y globales. Las operaciones de los medios de comunicación, por ejemplo, funcionaron de continuo en prácticamente cada país, donde la CIA pagaba a periodistas para publicar sus informaciones, como si los medios perteneciesen a los propios periodistas. En la Dirección de Operaciones de la oficina central de la CIA, la División de Organismos Internacionales (IOD) coordinó estas operaciones con las divisiones de operaciones regionales, ya que muchas de las operaciones eran de naturaleza regional o continental y abarcaban muchos países, algunas de ellas todo el mundo.

Durante años la CIA ejerció una fenomenal influencia entre bastidores en un gran número de países y utilizó estos poderosos elementos de la sociedad civil para penetrar, dividir, debilitar y destruir organizaciones enemigas de izquierda y, de hecho, para imponer cambios de régimen con el derrocamiento de gobiernos no deseados. Tal fue el caso, entre otros muchos, de la Guayana, donde en 1964, tras diez años de esfuerzos, el gobierno de Cheddi Jagan fue derrocado mediante huelgas, terrorismo, violencia e incendios provocados, cometidos por agentes internacionales de la CIA. En aquel tiempo, mientras yo estaba destinado en Ecuador, nuestros agentes de la sociedad civil provocaron dos golpes de estado de los militares en tres años contra gobiernos civiles democráticamente elegidos, y ello mediante la provocación de manifestaciones y caos social. Y en Brasil, a principios de los sesenta, las mismas operaciones de la CIA se vincularon a otras operaciones de la sociedad civil en su oposición al gobierno, y estas acciones de masas provocaron con el tiempo el golpe militar 1964 contra el presidente João Goulart, que dio lugar a veinte años de brutal represión política.

Pero el 26 de febrero de 1967 el cielo se derrumbó sobre la IOD y sus redes globales en la sociedad civil. Yo estaba entonces de visita en la Oficina central de Langley (Virginia), cerca de Washington, entre asignaciones en Ecuador y Uruguay. Aquel día el Washington Post publicó un extenso informe que revelaba la existencia de un gran número de fundaciones, unas falsas, otras verdaderas, que la CIA usaba para financiar sus redes globales no gubernamentales. Estas disposiciones financieras estaban designadas como “conductos de financiación”. Junto con las fundaciones fueron identificados montones de organizaciones que recibían fondos, incluidos conocidos periódicos intelectuales, sindicatos y grupos de expertos políticos. Pronto los periodistas del mundo entero completaron el cuadro con informes sobre los nombres y las operaciones de organizaciones afiliadas en sus países a la red. Fueron los días más oscuros de la CIA desde el fracaso de la Bahía de Cochinos.

El presidente Johnson ordenó una investigación y dijo que tales operaciones de la CIA se iban a acabar, pero de hecho nunca lo hicieron. La prueba está en las exitosas operaciones de la CIA en Chile, que provocaron en 1973 el golpe de Pinochet contra el gobierno elegido de Salvador Allende, en el que combinaron las fuerzas de los partidos políticos de la oposición, los sindicatos, los grupos de hombres de negocios, las organizaciones cívicas, las asociaciones de amas de casa y los medios de comunicación para crear el caos y el desorden, a sabiendas de que tarde o temprano los militares chilenos, fieles a la tradicional doctrina fascista militar en América Latina, usarían tal malestar para justificar la usurpación del poder gubernamental, restaurar el orden y acabar con la izquierda. Las operaciones fueron casi una copia de la desestabilización y el golpe en Brasil diez años antes. Todos conocemos el horror que tuvo lugar durante los años siguientes en Chile.

Pasemos rápidamente a la actualidad. Cualquiera que haya observado los movimientos de la oposición de la sociedad civil frente al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela puede estar seguro de que las agencias estadounidenses, incluida la CIA, con la AID y la NED, están coordinando la desestabilización y se encuentran detrás del frustrado golpe que tuvo lugar en abril de 2002, así como de la fracasada “huelga cívica” de diciembre y enero pasados. El Instituto Republicano Internacional (IRI) del Partido Republicano abrió incluso una oficina en Caracas. (Véase más abajo para más información sobre la NED, la AID y el IRI en operaciones de sociedad civiles.)

Para poder entender cómo funcionan estas operaciones de sociedades civiles, estudiaremos su lado burocrático. Cuando empecé el curso de capacitación de la CIA, las dos primeras palabras que aprendí fueron disciplina y control. El gobierno estadounidense no era una organización de beneficencia, me dijeron, y todo el dinero se ha de emplear para el objetivo exacto que se le ha designado. El agente de operaciones de la CIA en que me iba a convertir es responsable de asegurar esta disciplina mediante el control absoluto del dinero y de los agentes encargados de emplearlo que están bajo su mando. Las órdenes que da a tales subordinados sobre sus deberes y sus obligaciones deben ser claras e inequívocas y el agente debe impedir la malversación personal del dinero que sobrepase el sueldo convenido del agente, exigiendo recibos de todos los gastos y pagos a terceros. Las excepciones a esta regla necesitan permisos especiales.

En la CIA, las actividades que infiltran y manipulan la sociedad civil se conocen como operaciones de Acción Encubierta y se llevan a cabo de acuerdo con regulaciones detalladas. Requieren una solicitud del dinero en un documento conocido como “Características del proyecto”, si la actividad es nueva, o como “Demanda de renovación del proyecto” si hay que continuar una actividad en curso. El documento tiene su origen bien en el lugar de ejecución o bien en la Oficina Central, y describe una situación de actualidad; las actividades se han de llevar a cabo para mejorar o cambiar la situación en beneficio de los intereses estadounidenses; un calendario para lograr objetivos intermedios y finales; riesgos y problemas potenciales (daños si sale a la luz) y un presupuesto detallado con información sobre todas las organizaciones participantes e individuos y las cantidades de dinero para cada cual. El documento también contiene un resumen de todos los agentes implicados, sus acreditaciones operacionales de seguridad y su historial de servicios a la Agencia. Toda la gente implicada está incluida, desde las agencias de financiación que aparecen como oficiales de una fundación, pasando por cada intermediario, hasta el o los recipiendarios del dinero.

Además de estos datos concretos de presupuesto, se incluye una cierta cantidad de dinero sin recipiendarios designados bajo la rúbrica D&TO, que significa Desarrollo y Objetivos Oportunos. El dinero de este fondo se usa para financiar las nuevas actividades que aparecen durante el período de aprobación del proyecto, pero desde luego se requiere siempre una información detallada y permisos de seguridad de todos los individuos que recibirán tales fondos. También se requieren detalles sobre las nuevas informaciones de inteligencia que obtendrá la operación propuesta. Así, el apoyo económico a un partido político deberá obtener a cambio informaciones de inteligencia sobre la política interna del país.

Tanto las “Características del proyecto” como la “Demanda de renovación del proyecto” requieren un proceso de aprobación que pasa por varias oficinas, tales como la División de Organizaciones Internacionales y, dependiendo de su sensibilidad y su costo, pueden requerir la aprobación fuera de la CIA, en los departamentos de Estado, Defensa o Trabajo, o en el Consejo Nacional de Seguridad o del propio Presidente. Una vez aprobado el proyecto, la División de Finanzas de la CIA asigna el dinero y la operación empieza o continúa, si es que ha sido renovada. El período de aprobaciones y renovaciones dura por lo general un año.

Tanto la Agencia para el Desarrollo Internacional como la National Endowment for Democracy están sin duda sometidas a exigencias de documentación y a procesos de aprobación similares a los de la CIA para la financiación de proyectos en las sociedades civiles de otros países. Toda la gente implicada debe recibir la aprobación previa tras un proceso de investigación en el que a cada persona se le atribuye claramente su tarea. Una comisión formada por miembros de las distintas agencias determina cuál de ellas, la CIA, la AID o la NED, o bien una combinación de las tres, deben realizar tareas específicas en las sociedades civiles de países específicos y cuánto dinero debe poner cada una. Es obvio que las tres han estado trabajando para desarrollar la oposición de la sociedad civil en Cuba.

Es de señalar que la rimbombante Dotación Nacional para la Democracia tiene sus orígenes en las operaciones de acciones encubiertas de la CIA y fue concebida tras las desastrosas revelaciones mencionadas más arriba, que se iniciaron el 26 de febrero de 1967. Dos meses después, en abril de aquel año, Dante Fascell, miembro de la Cámara de Representantes de Miami y amigo de la CIA y de los cubanos de Miami, presentó junto con otros representantes el proyecto de ley que debería crear una fundación “abierta” para continuar lo que hasta entonces habían sido pagos secretos de la CIA a los programas de sociedades civiles extranjeras a través de organizaciones estadounidenses (por ejemplo, la Asociación Nacional de Estudiantes) o directamente a organizaciones extranjeras (por ejemplo, el Congreso para la Libertad Cultural, con sede en París).

Sin embargo, la idea de Fascell no prosperó, debido a las diferencias de enfoque de los dos partidos (el Demócrata y el Republicano) con respecto a la política exterior que había prevalecido desde la presidencia de Harry Truman, tras la Segunda Guerra Mundial. Las diferencias desde finales de los sesenta entre ambos partidos –e incluso dentro de cada uno de ellos– sobre la guerra en el sudeste asiático, luego en los setenta sobre el Watergate y la pérdida de la guerra de Vietnam y, por último, sobre las revelaciones de complots para cometer asesinatos y otras operaciones de la CIA por parte del Senado y de los comités de investigación de la Cámara de Representantes, impidieron el acuerdo y dieron lugar a varios años de aislacionismo. Únicamente los éxitos de los movimientos revolucionarios en Etiopía, Angola, Namibia, Zimbabwe, Granada, Nicaragua y otros lugares lograron juntar a los “guerreros fríos” demócratas y a los “internacionalistas” republicanos, que establecieron en 1979 la Fundación Política Estadounidense (APF). La tarea de la fundación consistía en estudiar la viabilidad de establecer mediante legislación una fundación financiada por el gobierno para subvencionar operaciones extranjeras en la sociedad civil por parte de organizaciones estadounidenses no gubernamentales.

Dentro de la APF se crearon cuatro comisiones para llevar a cabo el estudio, una para los demócratas, otra para los republicanos, otra para la Cámara de Comercio estadounidense y la cuarta para la AFAL-CIO. Su labor llegó a ser conocida como el Programa para la Democracia. Consultaron un gran número de organizaciones nacionales y extranjeras, y encontraron que las fundaciones de los partidos principales políticos de Alemania Occidental financiadas por el gobierno eran muy interesantes: la Friedrich Ebert Stiftung de los socialdemócratas y la Konrad Adenauer Stiftung de la democracia cristiana. Cuando esas fundaciones fueron establecidas en los años cincuenta, su tarea consistía en construir un nuevo orden democrático en Alemania, una sociedad civil basada en el modelo parlamentario occidental, que favoreciera la represión de los comunistas y de otros movimientos de la izquierda política.

Desde el principio, la CIA canalizó en Alemania el dinero para ONG y grupos a través de estas fundaciones. Luego, en los años sesenta, las fundaciones empezaron a apoyar partidos políticos afines y otras organizaciones en el extranjero, y también canalizaron el dinero de la CIA para estos objetivos. En los ochenta, las dos fundaciones tenían programas en marcha en aproximadamente sesenta países y se gastaban unos 150 millones de dólares al año. Lo más interesante es que funcionaban casi en secreto.

Una de las operaciones de la fundación Friedrich Ebert Stiftung muestra hasta qué punto era eficaz. En 1974, cuando tras cincuenta años en el poder cayó el régimen fascista en Portugal, que era miembro de la OTAN, quienes se hicieron cargo del nuevo gobierno eran comunistas y militares de izquierda. En aquel tiempo, los socialdemócratas portugueses, es decir, el Partido Socialista, apenas podían reunir bastante gente como para jugar al póquer, vivían todos en París y no tenían seguidores en Portugal. Gracias a no menos de 10 millones de dólares de la Ebert Stiftung y a los fondos de la CIA, los socialdemócratas volvieron a Portugal, construyeron un partido de la noche a la mañana, lo vieron crecer como la espuma y, en pocos años, el Partido Socialista se hizo con el gobierno de Portugal. La izquierda fue relegada a los márgenes, completamente desorganizada.

Ronald Reagan fue uno de los partidarios iniciales más entusiastas del Programa de la Democracia y describió sus proyectos en un discurso ante el Parlamento británico en junio de 1982. Este nuevo programa, dijo, daría lugar a “una infraestructura de democracia” en el mundo entero, tras el ejemplo europeo de apoyo “abierto”, y fomentaría “la marcha de la libertad y de la democracia…”. Por supuesto, los programas alemanes eran cualquier cosa menos “abiertos” y tampoco los programas estadounidenses lo fueron una vez iniciados. De hecho, incluso antes de que el Congreso pusiera en marcha la NED, Reagan estableció lo que se llamó Proyecto para la Democracia en la Agencia de Información estadounidense, bajo la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una orden secreta del ejecutivo de entonces, que se filtró a poco tiempo a la prensa, aseguró la participación secreta de la CIA en el programa. La subvención inicial era de 170.000 dólares para entrenar a los representantes de los medios de El Salvador y de otros regímenes autoritarios de la derecha sobre cómo tratar con la prensa de los Estados Unidos, y el programa salvadoreño se le encargó a la compañía de relaciones públicas de Washington que había representado la dictadura de Somoza.

En noviembre de 1983, el sueño de Dante Fascell por fin se hizo realidad. El Congreso creó la NED y la dotó para empezar de 18.8 millones de dólares, destinados a construir la sociedad civil en el extranjero durante el año fiscal que terminaba el 30 de septiembre de 1984. Fascell fue nombrado miembro del primer consejo directivo de la NED. Mientras que la CIA había canalizado hasta entonces el dinero a través de una compleja red de “conductos”, la NED se convirtió en un “megaconducto” para trasladar el dinero del gobierno estadounidense a la misma serie de ONG que la CIA había estado financiando en secreto.

La CANF fue, como era de prever, una de las primeras beneficiarias de la financiación de la NED. Desde 1983 hasta 1988 la CANF recibió 390.000 dólares para actividades anticastristas. Durante el mismo período, el Comité de Acción Política (PAC), controlado al margen por directivos de la CANF para financiar campañas políticas, contribuyó con una cantidad casi idéntica a las campañas de Dante Fascell y de otros políticos amistosos, en clara compensación por los fondos recibidos de la NED.

Desde el punto de vista legal, la NED es una fundación privada, sin fines lucrativos, no gubernamental, y recibe una asignación anual del Congreso. El dinero se canaliza a cuatro “fundaciones principales”, establecidas de acuerdo con la línea de las cuatro comisiones originales del Programa para la Democracia, que son el Instituto Nacional Democrático para Asuntos Internacionales (del Partido Demócrata); el Instituto Internacional Republicano (del Partido Republicano); el Centro estadounidense para la Solidaridad Internacional del Trabajo (FAL-COI) y el Centro para Empresa Privada Internacional (de la Cámara de Comercio estadounidense). La NED también da el dinero directamente “a grupos en el extranjero que trabajan a favor de los derechos humanos, los medios independientes, el imperio de la ley y una amplia gama de iniciativas de la sociedad civil”. [Cita del sitio web de la NED, mayo de 2003 ]

El estatuto no gubernamental de la NED proporciona la ficción de que los recipiendarios obtienen dinero “privado”, no del gobierno estadounidense. Esto tiene su importancia, porque muchos países, incluidos tanto los Estados Unidos como Cuba, tienen leyes que se ocupan de sus ciudadanos que reciben dinero a cambio de realizar actividades para gobiernos extranjeros. Los Estados Unidos exigen que todo individuo u organización “sujetos al control extranjero”, es decir, que reciben dinero e instrucciones de un gobierno extranjero, se inscriban en el Ministerio de Justicia y proporcionen informes detallados de sus actividades, incluidos los fondos, cada seis meses. Los cinco oficiales de inteligencia cubanos fueron condenados por no haberse inscrito conforme a esta ley.

Cuba posee sus propias leyes que penalizan las acciones que pongan en peligro su soberanía o su integridad territorial, así como cualquier acción que apoye los objetivos de la ley Helms-Burton estadounidense de 1996, es decir, el acopio de información que busque apoyar el embargo o derribar el gobierno, o la difusión de información del gobierno estadounidense para debilitar al gobierno cubano.

Los nuevos programas de Reagan en la sociedad civil se iniciaron con enorme éxito en Polonia. Durante los años ochenta, la NED y la CIA, en operaciones conjuntas con el Vaticano, mantuvieron vivo el sindicato Solidaridad e incrementaron las afiliaciones cuando fue proscrito durante el periodo de la ley marcial que se inició en 1981. El programa fue un acuerdo entre Reagan y el papa Juan Pablo II cuando el primero visitó el Vaticano en junio de 1982. Utilizaron información de inteligencia, dinero en efectivo, aparatos de fax, ordenadores, impresoras y fotocopiadoras, grabadoras, aparatos de televisión y grabadoras de vídeo, material y equipamientos de todas clases, incluso transmisores de radio y televisión. El sindicato se transformó en un partido político y, en 1989, con el apoyo del líder soviético Mijail Gorbachev, Solidaridad se hizo con el gobierno. Años más tarde, en mayo de 2001, el Senador Jesse Helms hizo aprobar una ley que proporcionó los 100 millones de dólares necesarios para repetir en Cuba, dijo, los éxitos de la CIA, de la NED y del Vaticano en Polonia.

Tales esfuerzos para desarrollar una sociedad civil de oposición en Cuba ya habían comenzado en 1985 con las tempranas subvenciones de la NED a la CANF. Estos esfuerzos recibieron un impulso importante con la aprobación, en 1992, de la Ley sobre la Democracia Cubana, más conocida como Ley Torricelli, que promovió el apoyo a través de ONG estadounidenses a individuos y organizaciones para programas que promoviesen “el cambio democrático no violento en Cuba”. Una intensificación todavía mayor tuvo lugar con la aprobación, en 1996, de la Ley de la Libertad y Solidaridad con Cuba, más conocida como Ley de Helms-Burton. Como consecuencia de estas leyes, la NED, la AID y la CIA, esta última no mencionada públicamente, pero sin duda alguna incluida, intensificaron sus programas coordinados, destinados a la sociedad civil cubana.

Es posible preguntarse por qué la CIA sería necesaria en estos programas. Había varios motivos. Una razón inicial era la larga experiencia de la CIA y el enorme grupo de agentes y contactos en las sociedades civiles en todos los países del mundo. Con la ayuda de la CIA, la NED y la AID se integrarían dentro de un complejo de operaciones ya en marcha, cuya financiación asumirían, dejando el control secreto cotidiano en manos de los funcionarios de la CIA. Además, alguien tenía que supervisar e informar sobre la eficacia de las actividades de los recipiendarios locales. La NED no tendría personal sobre el terreno para hacerlo, ni tampoco sus principales fundaciones, en condiciones normales. Y ya que el dinero de la NED era en apariencia privado, sólo la CIA tenía la gente y las técnicas necesarias para ocuparse de un control discreto que evitase comprometer a los recipiendarios de las sociedades civiles, sobre todo si estaban en la oposición frente a sus gobiernos. Por último, la CIA tenía amplios fondos por sí misma, con los que contribuir en secreto cuando lo requiriesen las condiciones. En Cuba, la participación de agentes secretos de la CIA en la Oficina de Intereses Estadounidenses (SINA) sería particularmente útil, ya que los fondos de la NED y de la AID irían a ONG gubernamentales estadounidenses, que tendrían que encontrar la manera, discreta a ser posible, de entregar equipos y dinero en efectivo a los recipiendarios dentro de Cuba. La CIA podría ayudar en esto bastante bien.

Los indicios relativos a la cantidad de dinero que estas agencias han estado canalizando en sus proyectos de Cuba son fragmentarios. No hay datos públicamente disponibles sobre los gastos de la CIA, pero lo que se sabe de las otras dos es interesante. El sitio web de AID cita 12 millones de dólares utilizados en programas de Cuba durante el periodo comprendido entre 1996 y 2001 (un promedio anual de 2 millones), pero hacia 2002 el presupuesto creció a 5 millones, más otros 3 millones no presupuestados a partir de 2001, hasta un total de 8 millones. Su presupuesto para 2003 en Cuba es de 6 millones, lo cual significa un aumento del triple de fondos desde que la junta de Bush tomó el poder, lo cual no constituye sorpresa alguna, dado el número de cubanos de Miami que ha designado para altos cargos en su gobierno.

El dinero, según la AID, se empleó en “promover una transición pacífica a la democracia en Cuba”. Entre 1996 y 2001 desembolsaron 12 millones a veintidós ONG, todas ellas al parecer con sede en los Estados Unidos, sobre todo en Miami. En 2002, el número de ONG de primera línea se había reducido a doce: la Universidad de Miami, el Centro para una Cuba Libre, la Fundación Panamericana de Desarrollo, Universidad Internacional de la Florida, Casa Libre, Grupo de Apoyo a la Disidencia, Cuba On-Line, CubaNet, Asociación de Política Nacional, Acción Democrática Cubana y Carta de Cuba. Además, el Instituto Internacional Republicano del Partido Republicano recibió dinero de la AID para un subcesionario, el Directorio Revolucionario Democrático Cubano, también con sede en Miami.

Estas ONG tienen un doble objetivo, uno dirigido a sus grupos equivalentes en Cuba y otro al mundo, principalmente a través de sus sitios web. Mientras que con una mano canalizan fondos y equipamiento a Cuba, con la otra diseminan en el mundo las actividades y la producción de los grupos en Cuba. En Miami, por ejemplo, Cubanet publica los escritos de los “periodistas independientes” de la Asociación de la Prensa Independiente de Cuba, que tiene su sede en La Habana, y canaliza el dinero a los escritores.

Es interesante constatar que la AID afirma en su sitio web que sus “cesionarios no están autorizados a usar fondos de subvenciones para proporcionar ayuda en efectivo a cualquier persona u organización en Cuba”. Esta afirmación es difícil de creer, pero si fuese verdad, todos esos millones sólo apoyarían la infraestructura de las ONG estadounidenses, una especie de industria artesanal anticastrista subvencionada, excepto lo que se puede entregar en Cuba en especies: ordenadores, faxes, fotocopiadoras, teléfonos móviles, radios, aparatos de televisión y grabadoras de vídeo, libros, revistas y cosas por el estilo.

En su sitio web, la AID enumera en una lista siete objetivos para el dinero: la solidaridad con los activistas de derechos humanos, la difusión del trabajo de periodistas independientes, el desarrollo de ONG independientes, la promoción de los derechos de los trabajadores, ampliada al pueblo cubano, la planificación de la ayuda futura a un gobierno de transición y la evaluación del programa. Quien desee saber qué ONG consiguen cuántos millones para cada uno de estos programas puede comprobarlo en http://www.usaid.gov/regions/lac/cu/upd-cub.htm.

La afirmación de la AID de que sus ONG cesionarias no pueden dar dinero en efectivo a cubanos en Cuba hace que uno se pregunte sobre el origen de los 100.000 dólares que los investigadores cubanos encontraron en posesión de los setenta y cinco disidentes en paro que fueron juzgados. Se puede encontrar una pista en la declaración de la AID de que “la política estadounidense anima a las ONG estadounidenses y a los individuos a canalizar fondos privados para actividades humanitarias, informativas y de construcción de la sociedad civil en Cuba…” ¿Podrían ser esos “fondos privados” el dinero de la NED?

Recordemos la ficción de que la NED es una fundación “privada”, una ONG. No tiene restricciones en lo relativo a sus fondos que van para pagos en efectivo en el extranjero, y sucede que algunas de las ONG que financia también las financia la AID. Es evidente que esto no se debe a rivalidades o a una ausencia de coordinación en Washington. La razón probablemente se encuentra en que los fondos de la NED pueden ir para salarios y otras compensaciones personales de la gente en Cuba. Al fin y al cabo, hay un eslabón de organizaciones por debajo de las ONG estadounidenses en la cadena de mando y de dinero, que son los individuos y los grupos en Cuba cuyo objetivo es equivalente al de las ONG estadounidenses. Son casi cien y tienen nombres como Bibliotecas Independientes de Cuba, Todos Unidos, Sociedad de Periodistas Márquez Sterling, Asociación de Prensa Independiente de Cuba, Asamblea para la Promoción de la Sociedad Civil y Partido de los Derechos Humanos de Cuba.

Cada uno de los cubanos en estas organizaciones queda totalmente identificado con tareas asignadas en el proyecto de actividades de la AID, la NED o la CIA, probablemente en un anexo secreto, ya estén catalogados como activistas de derechos humanos, periodistas independientes, bibliotecarios independientes o distribuidores de materiales de información. El dinero, al fin y al cabo, no va a fantasmas, incluso de bajo nivel. Tampoco las ONG estadounidenses están autorizadas a dar dinero a cualquier descontento que puedan encontrar. Los destinatarios finales son designados beneficiarios por escrito, de la misma manera que lo son las fundaciones principales y las ONG intermediarias estadounidenses.

El sitio web de la NED está convenientemente anticuado y sólo muestra su programa de Cuba para el año 2001. Pero esto es revelador. Sus fondos para actividades cubanas en 2001 alcanzaron sólo los 765.000 dólares, si es que uno ha de creer lo que allí se dice. El dinero que dieron a ocho ONG en 2001 suma un promedio aproximado de 52.000 dólares, mientras una novena ONG, el Instituto Internacional Republicano (IRI) del Partido Republicano recibió 350.000 dólares para el Directorio Revolucionario Democrático Cubano, con sede en Miami, como señalé antes, para “el refuerzo de la sociedad civil y los derechos humanos” en Cuba. Por el contrario, esta ONG debe recibir 2.174.462 de dólares en 2003 de la AID a través del IRI. ¿Por qué la NED concedería cantidades inferiores y la AID cantidades tan enormes, si ambas lo hacen a través del IRI? La respuesta, aparte del despilfarro del IRI, probablemente es que el dinero de la NED está destinado a los bolsillos de gente en Cuba, mientras que el dinero de la AID costea las infraestructuras de ONG estadounidenses.

Según declaró en una rueda de prensa el 7 de abril el ministro de Asuntos Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, y los agentes de seguridad cubanos que trabajan infiltrados en los grupos disidentes que mostró en película, el dinero estadounidense llego a los recipiendarios en Cuba disfrazado como envíos familiares, tanto en dinero efectivo como con las muchas remesas aportadas por mensajeros conocidos como “mulas” y como pagos mediante el sistema de tarjeta de crédito de Transcard en Canadá para el crédito de las tarjetas de los disidentes en Cuba (son válidas para retirar efectivo en bancos cubanos). Aunque el ministro de Asuntos Exteriores dijo que el Banco Central de Cuba ha seguido con cuidado el flujo del dinero aportado a los disidentes, no reveló la cantidad total durante ningún período dado ni cantidades específicas a grupos o individuos.

Sean cuales sean las cantidades de dinero que llegaron a Cuba, todo el mundo que trabaja allí en los diversos proyectos disidentes sabe que el gobierno estadounidense los patrocina y financia y con qué objetivo: el cambio de régimen. Lejos de ser periodistas “independientes”, activistas “idealistas” de derechos humanos, abogados “legítimos” del cambio o “bibliotecarios engañados”, cada uno de los 75 detenidos y condenados sabía que participaba en operaciones del gobierno estadounidenses para derrocar el gobierno e instalar un orden político, económico y social diferente y favorable a los Estados Unidos. Estaban al tanto de que lo que hacían era ilegal, los detuvieron y ahora lo están pagando. Quien piense que son prisioneros de conciencia, perseguidos por sus ideas o su discurso, o víctimas de la represión, simplemente no logra verlos de manera correcta como instrumentos de un gobierno estadounidense que se ha declarado enemigo del gobierno revolucionario de Cuba. No fueron condenados por ideas, sino por actos financiados por un poder extranjero que ha emprendido una guerra de 44 años con grados diversos de intensidad contra este país.

El pensar que los disidentes estaban creando una sociedad civil independiente y libre es absurdo, ya que estaban financiados y controlados por un poder extranjero hostil, hasta tal punto que no eran libres o independientes en absoluto. La sociedad civil que deseaban crear no era la inocua variedad de aficionados a las motos y criadores de perros, sino un movimiento de oposición político instigado abiertamente por el gobierno estadounidense. ¿Qué gobierno en el mundo sería tan autodestructivo como para sentarse a ver cómo sucedía?

Quienes estén interesados en comprender cómo funciona la promoción estadounidense de la “sociedad civil independiente” en el sector de las bibliotecas privadas, pueden encontrar un excelente informe que presentó en noviembre de 2002 la bibliógrafa Rhonda L. Neugebauer, del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en Riverside, ante el Pacific Coast Council on Latin American Studies, East Los Angeles College. El informe es el resultado de una extensa investigación, visitas a bibliotecas privadas en Cuba y entrevistas con sus propietarios, así como un estudio del sistema de bibliotecas estatales cubano. Incluye descripciones del sistema de apoyo de las ONG estadounidenses a bibliotecas privadas, su financiación por parte de AID y la información engañadora emitida por el sistema. El lector que lo desee puede leer el informe de Neugebauer en http://www.rebelion.org/internacional/030608rhonda.htm.

El ministro de Asuntos Exteriores Pérez Roque dio un ejemplo en su rueda de prensa de cómo funcionaban diversas operaciones. Mostró un videoclip del juicio de Oswaldo Alfonso Valdés, presidente del Partido Liberal Democrático de Cuba, en el que éste describió una reunión que había tenido con un funcionario de la AID y Vickie Huddleston, que hasta mediados de 2002 fue la jefe la Oficina de Intereses Estadounidenses en La Habana, en la que hablaron de cómo mejorar la manera de obtener “recursos” para mejor ocultar que provenían del gobierno estadounidense. En el videoclip, Alfonso reconoció también que recibía dinero y materiales del gobierno estadounidense a través de organizaciones con sede en Miami.

Según la ley cubana, el recibir dinero para poner en marcha la política estadounidense contra Cuba es ilegal y en, sí mismo, suficiente para ser condenado. El grupo más numeroso dentro de los 75, los treinta y siete “periodistas independientes”, escribía comentarios contra Cuba para su publicación fuera del país y utilizaba internet para sus comunicaciones. Una de sus organizaciones en Cuba era la Agencia de Prensa Independiente, cuyo Presidente, Néstor Baguer, era un agente de seguridad del gobierno cubano que declaró ante el tribunal. Los miembros de su grupo, dijo, escribían para el sitio web Cubanet, con sede en Miami, y recibían los pagos mediante el sistema de tarjetas de débito de Transcard en Canadá, excepto las cantidades más grandes, que las aportaba el mensajero. Cubanet, por otra parte, recibió 35.000 dólares de NED en 2001 y debe recibir 833.000 de la AID en 2003. Baguer también declaró que en sus visitas a la Oficina de Intereses Estadounidenses él y sus colegas recibían instrucciones sobre los temas a tratar en sus escritos, tales como la escasez de medicinas, el tratamiento de los pacientes en los hospitales y el tratamiento de los presos. Por lo general, los “periodistas independientes” debían hablar mal de Cuba en el extranjero y justificar la continuación del embargo comercial.

El ministro de Asuntos Exteriores también mostró tres cartas fechadas en enero y marzo de 2001 de Carlos Alberto Montaner, un periodista del exilio que vive en Madrid y es el presidente de la Unión Cubana Liberal (miembro de la Internacional Liberal), a Oswaldo Alfonso, el líder del Partido Liberal. Montaner es también miembro fundador de la Fundación Hispanocubana, un proyecto del partido conservador que gobierna de España. Montaner está asimismo estrechamente asociado con la publicación trimestral cultural/política del exilio Encuentro de la Cultura Cubana, con sede en Madrid y financiada en parte por la NED (80.000 dólares en 2001).

Al leer las cartas, Pérez Roque reveló que cada una de las tres cartas mencionaba el dinero incluido: 200 dólares, 30.000 pesetas y 200 dólares, las dos últimas cantidades, al parecer, de gente que Montaner y Alfonso conocen mutuamente. En la carta de las pesetas, Montaner escribió: “Muy pronto dos amigos españoles de alto rango le llamarán para hablar sobre el Proyecto Varela. Les sugerí cinco nombres para la fundación de esta nueva idea: Payá, Alfonso, Arcos, Raúl Rivero y Tania Quintero.”

Los lectores pueden sacar su propia conclusión sobre la posible influencia extranjera en el Proyecto Varela. Oswaldo Payá, desde luego, es el disidente galardonado por la Unión Europea con el Premio Sakarov de los Derechos Humanos por su liderazgo en el Proyecto Varela.

Hay que destacar los comentarios indignados por la reacción de Cuba contra los disidentes, después de lo bien que les habían ido las cosas en años recientes, mientras Fidel los toleraba... y, de repente, ¡ESTO! En realidad el 20 de mayo de 2002 fue el punto de inflexión, cuando en sendos discursos, en Washington y Miami, Bush anunció su “Iniciativa para una Nueva Cuba”. En este “nuevo” plan, tras citar a Polonia como un éxito anterior, anunció el aumento del apoyo directo para “ayudar a construir la sociedad civil cubana” que condujese a “un nuevo gobierno” en Cuba. Y yo me pregunto: ¿es exagerado decir que Bush abogaba por el cambio de régimen a través de los disidentes? Los cubanos no ocultaron que ésta fue su interpretación.

El toque de aviso para “los nuestros” sonó con la llegada, en septiembre de 2002, de un nuevo jefe a la Oficina de Intereses Estadounidenses en La Habana, puesto equivalente al de embajador si Cuba y los Estados Unidos tuvieran relaciones diplomáticas. James Cason es un diplomático de carrera del Ministerio de Asuntos Exteriores que ha servido sobre todo en países latinoamericanos, de aspecto poco amenazador, cara un poco rechoncha, doble papada como Porky Pig, cincuentón y con grandes gafas por delante de sus ojos entreabiertos: la típica persona que se dedica a comer en vez de a hacer ejercicio. Otto Reich, el fanático estadounidense de origen cubano y uno de los criminales no encausados del escándalo Irán-Contras, que cumplía libertad condicional limitada (es decir, sin posibilidad alguna de confirmación por parte del Senado) como Subsecretario de Estado de Bush para América Latina, fue le ofreció el empleo a Cason y, al parecer, le dijo que se implicara a fondo.

Cason cayó sobre La Habana como un policía de serial radiofónico con maneras de matón. Tiene su mérito. Arrastró su pesada anatomía por toda la isla y terminó por quemar a sus amigos disidentes, a “los nuestros”, metiéndolos en la boca del lobo. A todo el mundo le pareció como si con su ostensible apoyo a la sociedad civil de Washington en Cuba estuviera buscando que lo expulsaran, acusado de eso que en el lenguaje diplomático se denomina persona non grata. Dio un espectáculo de unidad con grupos de provincias y de La Habana; concedió pases de 24 horas a la Oficina de Intereses Estadounidenses a sus favoritos e incluso a agentes secretos cubanos, para que accedieran gratuitamente a Internet y otras instalaciones; asistió a reuniones en las casas de los disidentes, donde dio el equivalente de ruedas de prensa a periodistas extranjeros; lanzó personalmente el ala juvenil del Partido Liberal; dio fiestas para los disidentes en su residencia oficial e incluso un sábado organizó allí un taller de periodistas independientes. Su conducta sobrepasó de tal manera el protocolo diplomático habitual que cualquiera puede decir que fue la madre de todas las provocaciones.

Pero la expulsión de Cason habría conducido a una nueva crisis con los Estados Unidos y los cubanos no mordieron el anzuelo. Durante seis meses esperaron y vigilaron la penetración que Cason llevó a cabo en la cúpula de la comunidad disidente. Luego, un día, decidieron actuar. Tenían pruebas de sus actividades criminales en apoyo de la ley Helms-Burton y de violaciones de otras leyes sobre la sedición, de manera que finalmente decidieron barrer de un golpe a todos los implicados con Cason. Había que verlo en marzo, parecía que no había roto nunca un plato. La verdad es que no se ha sabido más de él desde que a sus acólitos les echaron el guante.

Es fácil imaginar la amargura de tener en la cárcel a setenta y cinco de “los nuestros” por haber sido tan estúpidos como para aceptar las maneras ampulosas de Cason. Ahora, Cason y su personal, es decir, la CIA y los agentes de la AIS incluidos, tienen que empezar otra vez desde cero. Pero, cuidado, amigo, a ver a quién reclutas, porque mañana Fidel te puede gastar otra de las suyas. Nunca se sabe, ¿eh? Piensa en esto cada vez que des permisos de seguridad a la próxima generación de disidentes.

Sin duda los cubanos sopesaron el precio que tendrían que pagar con amigos y enemigos antes de tomar la decisión de pasar a los actos. Y sabían que tenían mucho que perder. El movimiento en el interior de los Estados Unidos favorable a la terminación del embargo y de la prohibición de viajar a Cuba, tanto en el Congreso como en la calle, sufriría un revés a causa de todas las distorsiones de los medios de comunicación. La entrada de Cuba en el Pacto Cotonou para el comercio preferencial y la ayuda de la Unión Europea probablemente quedarían congeladas, como así fue. Además, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se encontraba entonces en Ginebra y los Estados Unidos intentaron con todas sus fuerzas, con amenazas y sobornos, obtener una moción que condenase a Cuba por violaciones de los derechos humanos. Al final no lo consiguieron, pero el gobierno cubano estaba dispuesto a correr también ese riesgo.

Con tanto en juego, el momento de la decisión fue objeto de un intenso cálculo. La verdad es que la comunidad disidente, incluidos los encarcelados, nunca ha sido una amenaza para la revolución y Cuba podría haber continuado indefinidamente tolerando, infiltrando y supervisando sus actividades ordenadas por el gobierno de los Estados Unidos. Pero éstos lo podrían haber considerado como una debilidad, y eso es lo último que se le puede permitir a un monstruo.

Además, había un importante aspecto político interno en tolerar las insultantes provocaciones de Cason, ampliamente conocidas por todo el mundo. Se había pasado tanto de la rosca que la gente empezaba a preguntarse por la tolerancia del gobierno, ya que incluso quienes apoyan la revolución hubieran podido considerarlo como una debilidad, así que decidieron pararle los pies de una vez por todas y enviar un mensaje al resto de sus protegidos, considerando la connotación que tiene la palabra protegido en el contexto cubano. En 1996, el gobierno había parado en seco a los vuelos sumamente visibles de los Hermanos al Rescate al derribar uno de sus aviones, en gran parte por motivos internos políticos, a sabiendas del precio que iban a pagar en el ámbito internacional. También en 2003 han decidido parar en seco las veleidades de Cason, con independencia de la opinión internacional. Al igual que cuando derribaron el avión, fue la política interna cubana, no las reacciones internacionales, lo que probablemente decidió el momento de dar el zarpazo.

 

Las tres ejecuciones

El secuestro del Baraguá, un barco del puerto de La Habana, no podía haber sucedido en peor momento. Fue el séptimo secuestro en 7 meses y tuvo lugar el 2 de abril, un día antes de que se iniciara el juicio de los disidentes, lo cual facilitó que los enemigos de Cuba, y muchos de sus amigos, unificaran dos acontecimientos dispares en una sola “ola de represión”.

El Baraguá no era más que una barcaza motora de fondo plano con una cabina, sólo segura en las tranquilas aguas del puerto, y aquella noche había cincuenta personas a bordo, incluidos niños y turistas extranjeros. Los secuestradores armados se hicieron a la mar con un viento sumamente peligroso de fuerza 4, se quedaron sin combustible y amenazaron por radio con empezar a lanzar rehenes por la borda si no les daban bastante combustible para llegar a Florida. Lo asombroso es que el guardacostas cubano convenciera a los secuestradores de remolcar el barco, que iba a la deriva, hasta el puerto de Mariel, donde las fuerzas especiales les tendieron una trampa, con buceadores listos para el rescate. Tras muchas horas de espera, todo se acabó en menos de un minuto cuando una mujer francesa se lanzó de repente al agua y fue seguida en masa por otros rehenes y por los secuestradores también. Los rehenes fueron rescatados y los secuestradores rápidamente detenidos.

En el juicio, el fiscal del estado exigió y obtuvo la pena de muerte para los tres cabecillas del secuestro, veredicto que mantuvieron los tribunales de apelación, porque se trataba de un acto terrorista de gravedad extrema, incluso si nadie salió perjudicado. Entonces, le tocaba al Consejo de Estado el ratificar o confirmar la pena. ¿Debía Cuba terminar su moratoria de casi tres años sin ejecuciones? ¿Debía atizar la condena por parte del movimiento mundial contra la pena de muerte? ¿Debían retrasar su decisión y dejar que aquellos tipos esperasen un tiempo en el corredor de la muerte, no quince o veinte años como en los Estados Unidos, pero al menos unas semanas, para no mostrar una prisa excesiva? ¿O debería conmutar las condenas por cadena perpetua y mostrar clemencia?

Con toda sinceridad, estando como estoy contra la pena de muerte, pensé que una combinación de las dos últimas opciones sería lo mejor: esperar y conmutar. Pero yo no sabía que en aquel momento las fuerzas de seguridad cubanas investigaban otros veintinueve intentos de secuestro. Desde el punto de vista del Consejo de Estado esto seguramente se parecía al principio de una ola de secuestros incitados, como siempre, por la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y por la política de los pies mojados/pies secos (Nota del traductor: esta ley del presidente Johnson se aplica sólo a los cubanos y establece que si uno de ellos llega ilegalmente a territorio estadounidense a través del mar y logra poner pie en la playa –de ahí la acepción de ‘pies mojados’–, puede quedarse legalmente en el país), que discrimina a todos los inmigrantes ilegales no cubanos. En particular, resulta irritante para Cuba que los secuestradores sean tratados como héroes en Florida y que si un piloto desvía allí voluntariamente un avión, no lo consideren un secuestrador y sólo sea culpable de malversación de propiedad ajena.

Si hay un principio que Cuba siempre ha seguido, al menos desde la crisis de los misiles de 1962, es que no debe nunca dar un pretexto a los Estados Unidos para la acción militar. Otro éxodo como el de Mariel o la crisis de los balseros, o una ola de secuestros, serían el pretexto necesario, tal como Fidel razonó más tarde, para imponer un bloqueo estadounidense naval, una campaña de bombardeos y una invasión en toda regla. Se podían evitar otro Mariel u otro episodio de balseros, pero era necesario parar los secuestros de inmediato. Y tenía razón. El 25 de abril, el jefe de la Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba le dijo al Jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington que los Estados Unidos consideran que más secuestros serían una seria amenaza para la seguridad nacional estadounidense. El hecho de entender esto como “uno más y tomamos acciones militares” no constituye paranoia alguna.

Pero el Consejo de Estado no tuvo que esperar a que le llegase la noticia. Ya lo sabía. Ratificó las sentencias el 10 de abril y las ejecuciones tuvieron lugar a la mañana siguiente. Es posible criticar a Cuba sobre la base de que “la pena de muerte no debe existir bajo ninguna circunstancia”, pero el hecho es que Cuba es uno más de los cien países que la ponen en práctica. Cuba acababa de ver lo que las bombas y misiles estadounidenses habían hecho en Bagdad, vio en peligro el trabajo cuidadoso de dos generaciones, incluidos sus centros de ciencia y tecnología, sus instituciones educativas, sus hospitales y sus clínicas, su herencia histórica cultural y, mucho más importante, sus gentes, que morirían o quedarían mutiladas. Y no confundió a los secuestradores con disidentes. Eran delincuentes que se convirtieron en terroristas y que habían amenazado infinitamente más cosas que únicamente a sus cincuenta rehenes.

Por eso Cuba no se sorprendió cuando, con las ejecuciones y la condena de los disidentes casi al mismo tiempo, el mundo entero empezó a protestar. Hasta cierto punto parecían preparados, pero fue inevitable sentir un cierto desasosiego cuando antiguos amigos de la revolución, como Eduardo Galeano y José Saramago, se unieron al coro de las condenaciones. A ellos se les sumaron Chomsky, Zinn, Albert, Davis, Dorfman y otros, cuyos trabajos se encuentran entre los tesoros de mi biblioteca, que firmaron la superficial declaración de la Campaña para la Paz y la Democracia: “Los abajo firmantes protestamos contra la actual ola de represión en Cuba … [contra disidentes] …por sus actividades políticas no violentas …” Como si los disidentes no equivalieran al terrorismo, el embargo y la guerra psicológica como instrumentos en la interminable campaña de Washington para convertir a Cuba en otro vasallo. Ya es bastante si eso es lo que quieren para Cuba. Lo peor es si firmaron sin pensarlo.

Unas semanas después de las ejecuciones y el juicio contra los disidentes, en la manifestación del 1 de mayo de más de un millón de personas en el la Plaza de la Revolución de La Habana, el reverendo Lucius Walker, uno de los más eficaces y comprometidos activistas estadounidenses solidarios con Cuba, hizo una elegante súplica para que Cuba suprimiese la pena de muerte. Fidel se lo agradeció al responderle y dijo que la decisión se estaba estudiando. Menos de 3 semanas después, otros ocho secuestradores armados, detenidos antes de secuestrar un vuelo el 10 de abril, fueron juzgados y condenados. A pesar de las condenas por terrorismo y violencia, los cabecillas fueron condenados a cadena perpetua y los demás a penas de 20 a 30 años.

Los lectores habrán notado que estas páginas no se han hecho eco de la importante cuestión legal y de derechos humanos de las garantías jurídicas. Entre las críticas a los casos de de los disidentes y de los secuestradores se encuentran las alegaciones de que a los acusados no se les dio la oportunidad de defenderse legalmente de manera adecuada. La falta de información publicada sobre los juicios no ayuda a la hora de hacerse una idea. Por ejemplo, no he encontrado datos públicos sobre ninguno de los setenta y cinco casos que especifiquen lo sucedido desde el momento de las detenciones hasta el inicio de los juicios, incluidas las fechas y la hora de acontecimientos como la detención, la lectura de los cargos y las reuniones de los acusados con un abogado defensor para preparar el juicio. Tampoco dispongo de los cargos por escrito, ni de las alegaciones y súplicas de los acusados ni de las decisiones de los jueces, que no han sido publicadas, a excepción de las sentencias. Esta carencia de información impide la evaluación de las garantías jurídicas.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores se preocupó el 7 de abril de responder a estas críticas en su rueda de prensa de más de tres horas, y señaló los orígenes coloniales españoles de los juicios sumarísimos y su amplio uso hoy en día en el mundo entero. También dijo que, en los veintinueve juicios (algunos de ellos tenían más que un acusado), participaron cincuenta y cuatro abogados, de los cuales cuarenta y cuatro fueron escogidos por los acusados y diez designados de oficio por los tribunales, y agregó que varios abogados se ocuparon de más de un acusado. Quizás lo más importante sea que, según dijo, se les permitió a los acusados que declarasen ante el tribunal en respuesta a los cargos y que fuesen sometidos a un contrainterrogatorio. Puso de manifiesto el número de gente, sobre todo familiares, a la que se le permitió asistir a los juicios, que se elevó a un promedio de aproximadamente cien observadores por juicio. De todos modos, la carencia de información plena sobre las garantías jurídicas ha dejado la puerta abierta a las denuncias de falta de protección legal, que no se podrán resolver hasta que los tribunales proporcionen más detalles.

 

Epílogo

En Washington, a pesar de la herida que Cuba parece haberse infligido a sí misma, los congresistas partidarios de legislar para terminar o suavizar el embargo y suprimir la prohibición de viajar a Cuba han vuelto a la carga y han presentado nuevos proyectos de ley a dicho efecto. Incluso si condenaron los acontecimientos de abril, siguen firmes en sus principios, sobre todo porque piensan que los estadounidenses que vengan a Cuba cambiarán a los cubanos. Durante años sólo he visto que suceda lo contrario, pero el fin de la prohibición de viajar, motivos aparte, vale la pena.

El gobierno de Bush, atiborrado como está de estadounidenses de origen cubano, sigue aumentando la presión con la expulsión de catorce diplomáticos cubanos en Washington y Nueva York, sobre la base de vagas acusaciones de espionaje, lo cual es claramente una decisión política, no de seguridad nacional, y alguien del FBI filtró la noticia de que la Casa Blanca, al parecer, le había comunicado al Ministerio de Asuntos Exteriores que expulsara cubanos, y el Departamento de Estado le pidió al FBI algunos nombres. El contacto en el FBI agregó que ninguno de los cubanos estaba sujeto a investigación de espionaje en aquel momento. Por el contrario Ros Lehtinen y Díaz Balart, los congresistas estadounidenses de origen cubano de Miami, se quejan abiertamente de que Bush no responde a sus llamadas para que termine con el problema de Cuba de una vez por todas.

En Miami, todas las ONG que chupan de los pezones de la AID y de la NED para mantener su industria anticastrista junto con su cómodo nivel de vida, tendrán que volver a los ordenadores y preparar nuevos proyectos para la sociedad civil en Cuba. Tendrán que buscar modos de conservar sus frentes de colegas al otro lado del estrecho y de encontrar más cubanos con pocos escrúpulos y el suficiente instinto de autodestrucción como para aceptar su dinero.

Aquí, en La Habana, James Cason haría bien en dedicarse a hacer consultas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y retirarse en silencio. Al fin y al cabo, fue él quien llevó a la cárcel a esos setenta y cinco de “los nuestros”, a algunos para una larga temporada, y los dividendos de la propaganda anticubana que se han obtenido de sus servicios a Reich no compensan de ninguna manera. Terminará en el Servicio Extranjero, incluso si cumplía órdenes de Reich, ya que será Cason, no Reich, quien pagará el pato. Aunque también podría iniciar una nueva carrera anticubana en las ONG de Miami.

En la Oficina de Intereses Estadounidenses, los agentes del Estado, de la AID y de la CIA tendrán ahora que empezar a buscar sangre nueva, enviando a nombres y antecedentes para obtener la aprobación de seguridad de la gente dispuesta a continuar el trabajo de los setenta y cinco con las ONG de Miami, y el servicio de seguridad cubano seguramente les enviará prometedores candidatos, como siempre ha hecho en el pasado.

 

¿Y los demás?

La amenaza de guerra en Cuba por parte de Bush y su círculo de cruzados, todos ellos enloquecidos de orgullo después de Irak, es auténtica. Puede que una campaña militar contra Cuba, que coincida con la campaña electoral de 2004 que ya está en marcha, sea el único camino que le quede para lograr la reelección. Y cada día que pasa la economía trabaja contra él, sin signos de mejora para 2004. Bush conoce lo que la economía le hizo a su padre en 1992 y puede sacar la conclusión de que su misión divina de ampliar el control militar estadounidense del mundo necesita una crisis muy cerca de casa.

      Ha llegado la hora de movilizarse contra esa guerra y no hay un día que perder.

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