Análisis metodológico del régimen de Lula

¿ADÓNDE VA BRASIL?

James Petras y Henry Veltmeyer

Traducido para Rebelión por Carlos J. Gil Bellosta y Manuel Talens

 Necesitamos el liderazgo estadounidense para las muchas cosas que hemos de hacer en este mundo.

Celso Amorin, Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, 16 de marzo de 2003.              

Vamos a declarar la guerra.

George W. Bush, 17 de marzo de 2003.

Introducción

La elección de Luis Inacio “Lula” da Silva hizo surgir grandes expectativas en el centro izquierda. Para la mayoría de los escritores izquierdistas, su elección anunciaba una nueva época de cambios progresistas que, incluso si no eran revolucionarios, significarían “el fin del neoliberalismo”. Notables figuras religiosas progresistas, como Leonardo Boff, anunciaron el “cambio” inminente, que iba a desafiar la hegemonía estadounidense y conducir a una gran participación popular. Frei Betto, un colaborador cercano a Lula, lanzó un vitriólico ataque contra los críticos que ponían en entredicho algunos de sus nombramientos, en el cual recordó las raíces populares del presidente como antiguo trabajador metalúrgico y sindicalista durante el cuarto de siglo anterior. Olivo Dutra y Tarso Genero, dos miembros del ala izquierda del Partido de los Trabajadores (PT) designados para puestos ministeriales poco relevantes en el gabinete, exigieron medidas “disciplinarias” (la expulsión o el silenciamiento) contra Heloisa, la senadora disidente del PT que se opuso al nombramiento del senador de derecha José Sarney como Presidente del Senado. La progresía europea, estadounidense y latinoamericana, así como los izquierdistas y sus movimientos, las ONG y los periódicos, se unieron a la celebración de la presidencia de Lula, de su “agenda progresista” y de su “liderazgo en la lucha contra el neoliberalismo y la globalización”. Mientras que más de 100.000 participantes en el Foro Mundial Social de Porto Alegre aclamaban a Lula en enero de 2003 como héroe de la izquierda y precursor de una nueva ola de regímenes izquierdistas (junto con el presidente Lucio Gutiérrez y el presidente Hugo Chávez de Venezuela), algunos de los intelectuales partidarios de Lula (Emir Sader) le pidieron que no fuese a Davos a defender su agenda de inversiones extranjeras ante los especuladores más rapaces y los inversionistas más ricos del mundo.

Además de la gran mayoría de los intelectuales de izquierda, de las ONG y de los políticos que de manera agresiva e incuestionable apoyan a Lula en su calidad de nueva fuerza progresista, los medios financieros brasileños y extranjeros, las instituciones financieras internacionales (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Wall Street, la City de Londres y prominentes líderes de la derecha, como el primer ministro británico Tony Blair y el presidente Bush) elogiaron a Lula como “hombre de Estado” y “líder pragmático”. En otras palabras, los grandes capitales, los banqueros y los líderes políticos de la derecha consideran a Lula como a un aliado en la defensa de sus intereses contra la izquierda y los movimientos populares de masas.

Este ensayo analizará y evaluará las expectativas de las percepciones izquierdistas y capitalistas a la luz de la realidad política y económica. La rigurosa evaluación del régimen de Lula y de su trayectoria futura se basa en diversos procedimientos metodológicos:

 (A) Un examen de la dinámica histórica del Partido de los Trabajadores (PT). No es posible entender al PT estudiando simplemente lo que era en sus orígenes, hace casi un cuarto de siglo. Los partidos políticos evolucionan a lo largo del tiempo, de la misma manera que lo hacen sus relaciones con la base social original que los apoya, sus fuentes de financiación, la composición del partido, la membresía en los congresos y las estructuras internas, tal como indicaron hace mucho los sociólogos clásicos Michels, Pareto y Weber. En el caso del PT, el cambio en relación con los movimientos sociales, los procesos electorales y la maquinaria estatal es crucial.

 (B) La relación entre el PT y los gobiernos nacional, estatal y local en los que ha ejercido el poder. Antes de la elección de Lula como presidente, el PT ocupó los cargos de gobernador o gobernó en coalición en varios estados importantes (Rio Grande do Sul, Brasilia, São Paulo) y en muchas ciudades grandes y medianas, incluidas Porto Alegre, São Paulo, Belém, Brasilia, Florianopolis y otras). Los gobiernos del PT han evolucionado en todos estos niveles durante los últimos veinticinco años, desde la socialdemocracia al neoliberalismo, y representan un importante papel en la provisión de ministros, funcionarios y actitudes políticas al gobierno de Lula.

(C) El programa político económico del PT ha cambiado de manera muy significativa a lo largo de la pasada década y, en particular, durante la campaña electoral presidencial de octubre de 2002. Los poco informados entusiastas de la presidencia de Lula, en particular los observadores extranjeros, suelen referirse a los programas pasados del PT, que no tienen relevancia alguna con respecto a la política actual y a las prioridades inmediatas para el futuro. Los juicios a priori, las proyecciones de deseos y la exuberancia excesiva e irracional han nublado el juicio de muchos de los defensores nacionales y extranjeros de Lula con respecto a sus prácticas y prioridades socioeconómicas actuales.

(D) La campaña electoral y, lo que es más importante, las alianzas políticas y los pactos económicos que la acompañaron, son importantes puntos de referencia para un análisis serio y para la evaluación subsiguiente del régimen. En el terreno de las campañas electorales, lo más importante no es la frecuente “retórica populista”, el “mezclarse con el pueblo”, las promesas socioeconómicas de empleos y de la mejora del nivel de vida o incluso las denuncias del neoliberalismo (que es lo que suelen hacer los políticos de todas las tendencias y colores desde finales de los años ochenta), sino las alianzas sociopolíticas, las visitas a Washington y Bruselas y los pactos económicos con el Fondo Monetario Internacional y otro “centros de poder”. Igualmente importante es la relación de las campañas electorales con las luchas de masas en curso: ¿exigen los políticos durante la campaña electoral que cesen los movimientos y desistan de la acción directa para no asustar al mundo de los negocios y a las elites bancarias o bien los animan y combinan con ellos su estrategia electoral? La relación entre los partidos electoralistas y los movimientos de masas y sus luchas es un indicador importante de la trayectoria futura de un partido cuando llega al poder.

(E) La “imagen” y la “realidad” de un candidato es un indicador importante de la dirección del partido y de su futuro curso político en el gobierno. La mayoría de la propaganda electoral se centra en el perfil anterior de su candidato, en sus orígenes humildes, en sus vínculos pasados con las luchas populares y en sus gestos “plebeyos”; a pesar de que esta retrospectiva es importante, es también compatible con una alianza actual con la elite del poder y con pactos con banqueros y grandes capitales. Lo fundamental es en qué lugar se encuentran hoy los políticos y hacia dónde van. Un análisis mediocre de clase se centrará en los orígenes sociales, mientras que el análisis riguroso examinará la movilidad de clase, los nuevos referentes y la resocialización política adulta del personaje. Existen demasiados ejemplos, pasados y actuales, de presidentes electos que empezaron siendo pobres y progresistas y terminaron ricos y reaccionarios como para pasar por alto esta hipótesis en el caso de Lula. El más reciente es el del presidente Toledo, de Perú, que se presentó vestido de campesino y como antiguo limpiabotas. Más tarde, recibió un doctorado honoris causa en los Estados Unidos, colaboró con el Banco Mundial y, tras su elección, puso en práctica un programa neoliberal profundamente reaccionario, apoyado por el Fondo Monetario Internacional y rechazado por la gran mayoría de los peruanos, incluida buena parte de los votantes pobres que se dejaron embaucar por su folclórica propaganda electoral.

(F) La identidad, el historial y las políticas económicas de los funcionarios ministeriales y económicos claves. Los nombramientos del gabinete son fundamentales en la configuración de la política y en la definición de la clase y del carácter nacional de un régimen. De manera más específica, los ministerios de Finanzas, de Economía, de Asuntos exteriores y de Agricultura, así como la dirección del Banco Central, determinan los parámetros y las prioridades de la política social y económica del régimen. Estos ministerios definen los presupuestos y las posibilidades de los demás. Por ello, lo importante no es el número de ministros que representan una u otra tendencia política, sino la perspectiva política y económica de los ministerios claves y del Banco Central.

(G) Las decisiones políticas y económicas durante las primeras semanas del régimen de Lula y las políticas estructurales que propuso, los presupuestos, los “pactos” y las alianzas nos proporcionan la base empírica para evaluar la dirección en la que avanza. Las prioridades públicas económicas fijadas por el presidente y su equipo económico con respeto a la deuda externa, el presupuesto, el ALCA, los tipos de interés, el Fondo Monetario Internacional, la reforma agraria, las pensiones y la legislación industrial tienen que enorme impacto sobre las clases sociales y definen el carácter presente y futuro del régimen.

Analizaremos el régimen de Lula de acuerdo con este método, para lo cual seguiremos los siete criterios mencionados más arriba, con vistas a evaluar de manera realista y objetiva su naturaleza y sus perspectivas.

Dinámica histórica del Partido de los Trabajadores (PT)

Los publicistas contemporáneos se refieren al PT como un partido de trabajadores, basado en sus supuestos lazos con los movimientos sociales y su profunda participación en la lucha de clases y otras luchas sociales. Esto era verdad en el momento de su fundación hace más de dos décadas.

El hecho más significativo del PT es su cambio cualitativo durante el último cuarto de siglo, que ha pasado a través de varias etapas esenciales: (1) relación con los movimientos sociales y sus luchas; (2) estructura interna del partido y composición de los delegados a su Congreso del Partido; (3) programa y alianzas políticas y (4) estilo de liderazgo.

El PT, en el momento de su fundación, era un partido con un fuerte componente de movimientos sociales: trabajadores sin tierra, favelados urbanos (moradores de barrios bajos), ecologistas, feministas, grupos culturales y artísticos, activistas progresistas religiosos y de derechos humanos y los principales nuevos sindicatos de trabajadores metalúrgicos, así como profesores, trabajadores de la banca y funcionarios. El PT aumentó rápidamente el número de afiliados y la influencia de su participación directa en las luchas sociales. Al principio, las campañas electorales fueron en gran parte un complemento de las luchas extraparlamentarias. Con el tiempo y con los éxitos electorales que fue cosechando, el sector “electoral” del PT tomó el control del partido y, poco a poco, redefinió su función como aparato básicamente electoral, manteniendo la retórica de la lucha social, pero concentrando sus esfuerzos dentro del aparato y las instituciones del Estado, así como formando alianzas de facto con partidos burgueses. Una minoría del “partido electoral”, el ala izquierda, continuó apoyando los movimientos –desde las instituciones–, ofreciéndoles defensa legal, denunciado la represión estatal y estimulando con su oratoria las concentraciones de masas. Sin embargo, está claro que todas las tendencias del partido electoral, la izquierda, el centro y la derecha, ya no estaban implicadas en la organización cotidiana de las masas, excepto en el momento de las campañas electorales.

El segundo cambio básico se dio en la composición del partido y de sus Congresos. A mediados de los años noventa, la gran mayoría del aparato del partido estaba ya compuesta por funcionarios a tiempo completo, profesionales, abogados, profesores universitarios y otros empleados de clase media y de clases inferiores. Los activistas “voluntarios” desaparecieron o fueron marginados conforme el partido reemplazaba las luchas de masas por la búsqueda de puestos oficiales y por el trapicheo con grupos de negocios y con una serie de partidos de centro izquierda y centro derecha.

El último Congreso del PT, antes de la elección de Lula, fue abrumadoramente de clase media (el 75 %), compuesto sobre todo por funcionarios, con unos poco sindicalistas, representantes del MST (Movimiento de los Sin Tierra) y líderes de derechos humanos.

Claramente, el PT había dejado de ser un “partido de trabajadores”, ya fuese en su composición, en sus delegados al congreso o en su relación con los movimientos sociales antes de las elecciones. Además, muchos de los miembros elegidos del PT en los ámbitos municipal y estatal provenían de alianzas con otras clases sociales, grupos de negocios y partidos burgueses, alianzas que el PT repetiría en la campaña presidencial de 2002. En otras palabras, el giro a la derecha del PT en el ámbito nacional había sido precedido por un modelo similar en los ámbitos estatal y municipal durante la década de los noventa. Más aún, muchos de los líderes importantes del partido, que luego serían consejeros de Lula, ya practicaban políticas neoliberales desde sus respectivas posiciones, incluso si el programa nacional del partido todavía hablaba de socialismo, de antiimperialismo y de impago de la deuda externa.

Conforme se acercaban las elecciones de 2002, los líderes nacionales del PT, con Lula mostrándoles el camino, eliminaron todas las referencias programáticas al socialismo y al antiimperialismo, de acuerdo con las prácticas neoliberales de los miembros electos del partido y con el apoyo mayoritario de los delegados de clase media.

El tercer cambio significativo del PT es la evolución de su programa. Esencialmente, los cambios programáticos han tenido lugar en cuatro etapas:

(1) Durante los años ochenta, el PT abogaba por una sociedad socialista basada en la democracia de estilo asambleario, vinculada a los movimientos sociales. El PT defendía el rechazo de la deuda externa, una amplia redistribución de la tierra con el apoyo financiero, técnico y publicitario del estado, la socialización de la banca, el comercio exterior y la industria nacional (algunos sectores exigían la expropiación de grandes industrias y otros la gestión conjunta de los trabajadores). Estas posiciones radicales se discutían abierta y libremente entre todas las tendencias (desde los marxistas a los socialdemócratas), que incluso publicaban sus propios periódicos y aireaban su disidencia.

(2) Desde principios de los años ochenta a finales de los noventa, el PT se pasó a la derecha y el eje del poder cambió hacia una posición “socialdemócrata” (en apoyo del estado del bienestar) mientras que la izquierda marxista continuó siendo una fuerte tendencia minoritaria. Los socialdemócratas controlaron cada vez más el aparato del partido de clase media, mientras que los marxistas organizaron su oposición desde dentro del mismo aparato y unos pocos, si es que hubo alguno, se concentraron en la organización de las masas para contrarrestar su cada vez mayor debilidad en la maquinaria del partido. Mientras que el programa formal todavía conservaba las demandas radicales iniciales, en la práctica la mayor parte de los gobernadores y los alcaldes recién elegidos no pusieron en entredicho las existentes relaciones de propiedad. El ala radical de los funcionarios elegidos en Porto Alegre introdujo la noción de un “presupuesto participativo”, que implicara a los comités de vecinos, pero no logró municipalizar ningún servicio esencial, incluido el transporte, o estimular ocupaciones de tierras o las exigencias de los trabajadores sin tierra. Además, el presupuesto participativo se basó en los fondos asignados por regímenes estatales y municipales, que establecieron las prioridades presupuestarias totales. Políticamente, esto significó que incluso el PT radical aprendió a coexistir y a cooperar con la banca y con las elites industriales e inmobiliarias.

En la práctica, la minoría marxista y las alas socialdemócratas dominantes del PT debatían únicamente sobre el lenguaje programático, mientras que las diferencias reales entre ellos eran, de hecho, bastante estrechas.

La tercera fase del PT, aproximadamente entre finales de los años noventa y las últimas elecciones, fue testigo de un giro todavía mayor a la derecha en términos programáticos. Incluso las referencias retóricas al marxismo, al socialismo y al rechazo de la deuda externa desaparecieron. El liderazgo del partido estaba en plena transición hacia el liberalismo social y combinaba la retórica populista contra la pobreza con la búsqueda de alianzas con el mundo neoliberal de los negocios, de la banca y de las elites de la agroexportación. Durante la campaña electoral, Lula rechazó el referéndum sobre el ALCA que organizaron el MST, los sectores de la iglesia progresista y otros grupos de izquierda. En cambio, el PT pidió “negociaciones para mejorar el ALCA”. En junio de 2002 el PT firmó un pacto con el Fondo Monetario Internacional y accedió a sus dictados sobre la austeridad fiscal, un superávit del presupuesto para pagar a los accionistas, reducciones del gasto público y el respeto de todas las empresas privatizadas. Los aspectos sociales de este programa liberal eran la declaración a favor de una reforma agraria gradual (de dimensiones no especificadas), una agenda política de “pobreza cero”, subvenciones familiares para alimentos y títulos de propiedad para los okupas urbanos.

La fase final de la evolución del programa del PT se inició en 2003, como partido presidencial. El gobierno de PT abrazó entonces un ortodoxo programa neoliberal. A pesar de las promesas de un aumento de los gastos sociales, el régimen de Lula ha reducido presupuestos, ha impuesto la austeridad fiscal, ha aumentado los tipos de interés para atraer capital especulativo y negocia con los EE.UU. la reducción de sus barreras comerciales. En otras palabras, para el régimen de Lula, sus diferencias con los estadounidenses se reducen a lograr que Washington practique una economía de mercado consecuente. La mayor parte de los izquierdistas del mundo que consideran la victoria del PT y de Lula como la llegada de cambios básicos sociales, o a lo menos importantes, en beneficio de los pobres y de una redistribución de la riqueza y de la tierra, basan su opinión en imágenes anticuadas de la realidad. Durante los últimos años, los militantes que construyeron el partido sobre la base de movimientos populares han sido sustituidos por “neolulistas”, por funcionarios trepas, por profesionales sin historia de política de clases, que llegaron al partido para asegurarse los beneficios de un cargo y hacer contactos de negocios. El resto de los antiguos demócratas reformistas sociales han sido desviados a ministerios marginales o, si se atreven a poner en entredicho la hegemonía neolulista, son sometidos a medidas punitivas por “violación de la disciplina del partido”.

Al igual que en Inglaterra, donde el “New Labour” neoliberal proimperialista de Tony Blair sustituyó al tradicional socialdemócrata Labour Party, los estrategas ortodoxos neoliberales de Lula han creado un “Nuevo Partido de los Trabajadores” sin contenido social, sin democracia.

Liderazgo y democracia de partido

Desde su fundación hasta finales de los años ochenta, el PT tuvo una vibrante vida interna, abierta y libertaria. Los miembros acudían a las asambleas generales y discutían con los líderes y los hacían responsable de su política, de sus discursos y de su presencia o ausencia en manifestaciones populares. El liderazgo era colectivo y las tendencias políticas diferentes exponían sus posiciones sin miedo a que nadie fuese expulsado o sometido a disciplina. Para los observadores exteriores, en particular los convencionales científicos sociales estadounidenses, la vida interna del partido era “caótica”. Sin embargo, se reclutaban nuevos activistas, los militantes se ofrecían para actividades políticas y campañas electorales y el partido avanzaba a pesar de la hostilidad universal de los medios de comunicación.

No obstante, hacia finales de los años ochenta, el ala socialdemócrata electoral ganó ascendencia y se dedicó a castigar y a expulsar a algunos sectores de la izquierda radical. Las asambleas fueron sustituidas por reuniones de los funcionarios a tiempo pleno, que primero ponían en práctica las decisiones políticas y luego discutían con sus colegas radicales del aparato del partido. Miles de activistas empezaron a distanciarse, en parte por el crecimiento del clientelismo, en parte por las estructuras verticales que habían surgido y, en gran parte, porque el partido se dedicó casi exclusivamente a la política electoral. La mayoría de los observadores exteriores siguieron escribiendo sobre el PT como si todavía fuera la organización “horizontal” de los primeros años, confundiendo los debates entre las diferentes tendencias del aparato de partido (izquierda, derecha y centro) con las asambleas populares iniciales. En la elección de 1994 y con mayor intensidad a partir de entonces, el PT se convirtió en un partido personalista organizado en torno a Lula –como si éste fuese la encarnación de la Voluntad Popular– y a los barones del partido en sus feudos de poder de los gobiernos estatales y municipales. Cada vez más, los activistas voluntarios del partido fueron sustituidos por funcionarios a sueldo, por políticos profesionales y por especialistas en relaciones públicas encargados de las elecciones, creadores de imagen y propagandistas televisivos. Se violaron reglas estrictas sobre la financiación electoral conforme la cúpula buscó y aceptó fondos de contratistas estatales para pagar el nuevo y caro estilo de las campañas electorales en los medios de comunicación.

Ya en el nuevo milenio, el partido estaba controlado por un pequeño núcleo de consejeros y una pequeña elite de jefes, liderados por Ze Dirceu, que rodeaban a Lula y alentaban su personalista dirección centralizada, cada vez más autoritaria. Los programas ya no estaban abiertos a un debate serio. El programa del partido, se dijo a todo el mundo, era lo que Lula quería para ser candidato o, más tarde, para ganar la campaña. Lula decidió, con su círculo de consejeros, establecer una alianza con el ala derecha del Partido Liberal sin consultar con nadie, menos aún con las masas de la base, acerca de este cambio estratégico. El mismo grupo impuso un nuevo programa social liberal a través de su control de los funcionarios a tiempo pleno en el Congreso del Partido, justo antes de las elecciones de 2002. La verticalidad personal se convirtió en el sello del PT, en gran contraste con su estructura horizontal inicial.

El cambio a estructuras autoritarias políticas facilitó el rechazo de las restantes exigencias reformistas sociales de todo el PT. Lula y su pandilla decidieron no apoyar el referéndum del ALCA, a pesar de que once millones de brasileños participaron y más del 95 % votó en contra. Los neolulistas consideraron el referéndum como una amenaza a sus alianzas con la derecha y, lo que es más importante, a su acercamiento a la Casa Blanca de Bush. Conforme el tradicional programa del PT iba siendo desechado y la apertura de Lula a la derecha se hacía más profunda, sus consejeros proyectaron cada vez más la imagen de Lula como el “hombre del pueblo”, el “norteño compasivo”, el “presidente metalúrgico “. Lula representó a la perfección el doble papel de neoliberal y “presidente trabajador”: a los favelados les daba abrazos, lágrimas, apretones de manos y promesas. Al Fondo Monetario Internacional le garantizó un superávit presupuestario para pagar a los accionistas, el despido de empleados del sector público y la promoción de las elites de la agroexportación.

El PT, contrariamente a la mayor parte de los neolulistas, es un partido que aspira a representar una alianza entre los grandes industriales y los intereses agrarios nacionales y los banqueros de ultramar: espera conservar la lealtad del mundo del trabajo mediante “pactos sociales” basados en acuerdos entre los sindicatos y la patronal, que le permitan a ésta reorganizar el lugar de trabajo, despedir obreros para disminuir los costos y aumentar el número de trabajadores a tiempo parcial y con contratos cortos, a cambio de lo cual los líderes sindicales recibirán una remuneración monetaria simbólica. El nombramiento de miembros de la izquierda del PT como ministros de la Reforma Agraria y del Trabajo está destinado a pacificar los sindicatos y el MST con una representación simbólica, no sustancial. El trabajo de los ministros izquierdistas del PT consiste en predicar la “paciencia” y pronunciar discursos radicales inconsecuentes en las reuniones de trabajadores industriales y de trabajadores sin tierra. Todos los ministros izquierdistas se enfrentan con presupuestos limitados y una estrategia económica favorable a los negocios que minará cualquier programa sustancial de reforma. Se ven obligados a suplicar a los ministros económicos neoliberales dominantes cualquier aumento presupuestario residual, empresa con pocas perspectivas de éxito. Algunos ministros izquierdistas dimitirán, la mayor parte de ellos se adaptarán a la ortodoxia liberal y optarán por lo que llamarán el “nuevo realismo” o el “posibilismo”.

El PT, como movimiento dinámico basado en el partido de los obreros y los campesinos, está muerto. ¡Larga vida a los neolulistas y a su líder paternalista!

La campaña electoral y la política del régimen de Lula

El pasado tuvo enorme importancia en el voto de las masas a favor de Lula y del PT; el presente y el futuro, sin embargo, abren nuevas esperanzas para los banqueros de ultramar y las elites nacionales. Estas dos percepciones e intereses, distintos y polarizados, han de ser tenidos en cuenta a la hora de analizar el atractivo electoral de Lula entre la masas de desheredados y la política favorable a los negocios que promovió después de su elección. Sus acuerdos y sus pactos sociales durante la campaña electoral reflejaban la evolución del PT a lo largo de la década anterior y presagiaron la política ortodoxa neoliberal que adoptó inmediatamente después de la asunción del cargo.

Varios factores claves durante la campaña electoral prefiguraron los nombramientos ministeriales neoliberales y la política seguida por Lula después de su elección: (1) los consejeros económicos y electorales; (2) la elección de aliados políticos; (3) la naturaleza del programa socioeconómico; (4) el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y (5) los compromisos con los dignatarios estadounidenses, los banqueros e inversionistas extranjeros y las elites industriales y agroexportadoras nacionales.

Un pequeño núcleos de consejeros electorales, que conocían desde tiempo atrás las cartas credenciales neoliberales de Lula, representó el papel principal en el diseño de su campaña presidencial En efecto, Lula evitó todas las normas democráticas y los estatutos del partido en la organización de su campaña, incluido el proceso de selección del candidato a la vicepresidencia y la puesta a punto del futuro programa. Tres consejeros destacan entre los demás: Antonio Palocci, el antiguo alcalde del PT de Ribeirão Preto, una ciudad del estado de São Paulo, quien coordinó la plataforma de la campaña del PT y estableció sólidos vínculos con la elite de los negocios. Fue el portavoz principal en política económica durante la campaña electoral y encabezó el equipo de transición después de las elecciones. Palocci también estableció el acuerdo del PT con el Fondo Monetario Internacional y fue el arquitecto de la ortodoxa austeridad monetarista y fiscal de la política económica. Más tarde, Lula lo nombró ministro de Finanzas. Como alcalde de Ribeirão Preto, Palocci se alió con la elite local de los negocios y con los barones de azúcar (FT, 15 de noviembre de 2002, pág. 3). Privatizó totalmente las empresas municipales telefónicas y del agua y parcialmente el servicio municipal de transportes. Aparte de algunos planes de vivienda a bajo precio, su política neoliberal fue uniformemente negativa para los pobres. Los índices de criminalidad aumentaron, y también lo hicieron las listas de espera en los hospitales locales. Al cabo de siete años al frente de la ciudad, sólo el 17 % del agua residual pasa por la depuradora. Igualmente, las taxas municipales sobre el agua y los impuestos regresivos aumentaron y el fiscal de la república está investigando 30 casos de corrupción municipal en relación con contratos de trabajos públicos. Como consecuencia de la política reaccionaria de Palocci, Lula apenas obtuvo votos populares en Ribeirão Preto (lo cual contrasta con sus 24 puntos de ventaja en el ámbito nacional), resultado que probablemente se repetirá en la próxima elección presidencial.

José Dirceu, el ex presidente del PT, ha sido el consejero más influyente de Lula da Silva durante casi una década. Fue el principal instigador de la transición desde la socialdemocracia al neoliberalismo. Ha sido nombrado jefe del gabinete y preside los asuntos diarios de la agenda presidencial, así como el poder disciplinario sobre las autoridades del PT y los senadores, con vistas a asegurarse de que votan a favor de la línea neoliberal en los nombramientos, la legislación y las prioridades. Dirceu ya ha demostrado su mano dura cuando amenazó con expulsar a la senadora Heloisa Helena por negarse a votar a favor de Henrique Meirelles, el antiguo presidente del Banco de Boston, como director del Banco Central, y del senador de la derecha José Sarney como presidente del Senado.

El tercer consejero cercano a Lula durante la campaña fue Marcos Lisboa, un ortodoxo profesor liberal y leal monetarista. Según el diario brasileño Folha de São Paulo (22 de diciembre de 2002), fue seleccionado por Palocci para formular la estrategia económica de Lula. Forma parte de un amplio grupo de neolulistas que se subieron al carro presidencial en las últimas semanas de la campaña presidencial, cuando estuvo claro que Lula ganaría. Este círculo interior está apoyado por otro círculo más amplio de senadores neoliberales, gobernadores y alcaldes, que están profundamente aliados con los intereses del mundo de los negocios y que promovieron la política de privatización.

Estos consejeros claves, junto con Lula, decidieron las alianzas políticas para promover la elección. La estrategia consistió primero en consolidar el control del PT para asegurarse el apoyo de las grandes ciudades, concentrar el poder en la cúpula y luego dar un giro neoliberal a la derecha para ganarse el apoyo de las pequeñas ciudades y áreas rurales atrasadas y, lo que es más importante, la financiación de los grandes capitales. Lula seleccionó a Alencar, del Partido Liberal, como candidato a la vicepresidencia, lo cual le sumó el apoyo de de una minoría sustancial de grupos brasileños de negocios y de grupos evangélicos de la derecha que apoyan Alencar, que es uno de los más ricos capitalistas textiles del país y poco amigo de los sindicatos, sobre todo de los de sus propias fábricas.

A pesar de que la izquierda del PT se opuso verbalmente, terminó por tragarse las decisiones de Da Silva, ya que no le quedaba más remedio ni tenía posibilidades de cambiar la selección, puesto que estas cuestiones nunca se debatieron fuera del círculo de Lula. Dirceu, Palocci y sus aliados regionales del partido, pasaron después a establecer pactos políticos con partidos de centro derecha y de derecha, en los diferentes estados del país. En algunos casos, los pactos de la dirección nacional con la derecha debilitaron a algunos candidatos locales del PT, con la consiguiente pérdida de varios cargos de gobernador. Lo que está claro en estas alianzas electorales con partidos de la derecha es que no fueron maniobras “oportunistas” o tácticas simplemente electorales. Más bien estas alianzas coincidieron con la ideología neoliberal del círculo de Lula y de los sectores claves de los representantes del Congreso del PT. Los nuevos aliados de la derecha, más los neolulistas recientemente reclutados en el PT, sirvieron como contrapeso frente a la izquierda del partido, reduciendo aún más su influencia en éste y en el gobierno. Esto se hizo evidente con respeto a dos acontecimientos importantes durante la campaña: el programa del PT y su pacto con el Fondo Monetario Internacional.

Lula y su equipo neoliberal hicieron un esfuerzo constante y coherente para demostrar sus cartas credenciales neoliberales a varios grupos claves, incluidos Wall Street, la Administración de Bush, el Fondo Monetario Internacional y los principales bancos brasileños y elites industriales. Palocci fue un puente clave en todas estas negociaciones.

El programa electoral del PT respondió a todas las preocupaciones principales de las elites financieras e industriales. Las empresas privatizadas serían respetadas. El pago de la deuda externa no se interrumpiría. Se establecería una rígida política fiscal. La “reforma” laboral y de las pensiones serían prioritarias (reforma = debilitamiento de los derechos sindicales y de la legislación industrial, así como reducciones de las pensiones del sector público). No habría ninguna indexación salarial, pero sí de los bonos y de los pagos de la deuda.

El programa del PT fue una clara continuación de la desastrosa política neoliberal del presidente saliente Cardoso y, en algunos casos, incluso una radicalización de su agenda liberal.

Para mejor demostrar su ortodoxia liberal a los banqueros y al equipo de los industriales, Lula estableció un pacto con el Fondo Monetario Internacional sólo unas semanas antes de su victoria electoral. A cambio de asegurarse un préstamo de treinta mil millones de dólares US a lo largo de un período de cuatro años, aceptó adherirse estrictamente a todas las condiciones típicamente retrógradas del FMI. Una vez en el poder, Da Silva fue incluso más allá de estas ásperas medidas. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluía las típicas medidas recesionistas para controlar la inflación mediante la renuncia a la estimulación del crecimiento con inyecciones de capital, la aceptación del desastroso programa de privatizaciones iniciado por el presidente saliente Cardoso y un objetivo de superávit presupuestario (por encima del pago de intereses) del 3,75 % del producto nacional bruto, lo cual garantizaba por adelantado que pocos o ningún fondo estarían disponibles para cualquiera de las promesas de “pobreza cero” que había hecho Lula, por no hablar de la financiación de una reforma agraria general.

Lula designó a Henrique Meirelles, un ex presidente de un banco de inversión multinacional estadounidense (Fleet Boston Global Bank), como director del Banco Central. Meirelles había apoyado la ortodoxa agenda neoliberal de Cardoso y admitió haber votado a José Serra, el oponente de Lula en la elección presidencial. El Ministerio de Finanzas está en manos de Antonio Palocci, ortodoxo neoliberal y miembro de la extrema derecha del PT. Luiz Fernando Furlan, el millonario presidente de la compañía agrícola Sadia, fue designado jefe del Ministerio de Desarrollo y Comercio. Robert Rodriguez, presidente de la Asociación de la Agroindustria Brasileña y gran partidario de las cosechas genéticamente modificadas, fue seleccionado para el Ministerio de la Agricultura (FT, 17 de diciembre de 2002, pág. 3). Como portavoz de los grandes gigantes multinacionales de productos de consumo, Rodriguez tiene lazos con Monsanto, el grupo internacional agrícola y de biotecnología comprometido en una larga batalla para permitir las ventas de semillas de soja genéticamente modificadas. El equipo económico lulista de ideólogos neoliberales y millonarios perfiló esta agenda favorable a los grandes capitales incluso antes de la toma de posesión del cargo. Desde el principio, estuvo claro que las expectativas populares de los cincuenta y dos millones de ciudadanos que votaron a favor de Lula y de los 200.000 que aclamaron su intronización se verían defraudadas una vez que el equipo económico comenzó a aplicar la agenda de Fondo Monetario Internacional. Lula amplió la influencia de la derecha al nombrar a Gilberto Gil, partidario de Cardoso, como ministro de la Cultura, y a Cristovan Buarque, el antiguo gobernador de Brasilia por el PT y partidario de las privatizaciones, como ministro de la Educación. Celso Amorin, el ex embajador de Cardoso en los EE.UU., pasó a ser ministro de Asuntos Exteriores. Para pacificar el centro izquierda del PT, Lula envió a un cierto número de funcionarios a ministerios que serán en gran parte impotentes, a causa de las rígidas políticas monetarias y fiscales impuestas por el equipo económico. Al enviar a la izquierda a los ministerios marginales, Lula espera neutralizar las tensas relaciones populares y mantener la ilusión entre los líderes de los movimientos sociales de que el suyo es un régimen “equilibrado”. Para los siete sindicalistas, cuatro mujeres y dos negros en el gabinete, este ascenso contrarresta su preocupación ante las políticas neoliberales. Para asegurar que la política neoliberal se pone en práctica, Lula da Silva está proponiendo una enmienda constitucional que hará que el Banco Central sea más sensible a los inversionistas extranjeros y a los banqueros al independizarlo de la legislatura nacional y del presidente.

De forma paralela al nombramiento de grandes capitalistas en el gabinete, el equipo interno formado por Paolucci, Dirceu y sus consejeros económicos se apresuró a demostrar su lealtad al imperialismo estadounidense, a las grandes compañías de inversiones y a la elite brasileña industrial. Entre la elección de Da Silva y su toma de posesión, sus consejeros neoliberales aseguraron a los EE.UU. que el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) era negociable. Tres semanas después de la elección de Lula, Peter Allgeier, representante comercial de los Estados Unidos, declaró que “vamos a negociar las cuestiones comerciales con la nueva administración (de Da Silva) en la Organización Mundial del Comercio, en el Alca y de manera bilateral. He sacado una muy buena impresión tras hablar con la gente que rodea al nuevo presidente” (FT, 22 de noviembre de 2002, pág. 4). Inmediatamente después de la elección, el equipo empezó a establecer estrechos lazos económicos con el imperialismo estadounidense, algo que pasó inadvertido para muchos intelectuales brasileños de izquierda, como Emir Sader, quien siguió elogiando la política exterior nacionalista de Lula (Punto Final, diciembre de 2002, pág. 2). Unas semanas antes de su discurso inaugural, Da Silva se reunió con Bush en Washington, donde ambos líderes se pusieron de acuerdo para una cumbre comercial durante la primavera de 2003. Además, Da Silva también se reunió con el representante comercial de los Estados Unidos Robert Zoellick para discutir la forma en que los codirectores de las negociaciones sobre el ALCA podrían apresurar su implementación (FT, 22 de enero de 2003, pág. 12). La posición del régimen favorable al ALCA y a los EE.UU. se hizo evidente cuando Da Silva rechazó apoyar los referendos sobre el ALCA y sobre la base estadounidense en Alcantara, en el estado de Maranhão, a pesar de los más de diez millones de participantes. La decisión de Lula de ignorar al 95 % de los votantes que se opusieron al ALCA y a la base estadounidense y de establecer una mayor subordinación inmediatamente después de las elecciones, es indicativa del masivo engaño perpetrado por su campaña electoral. Conforme se acercaba la intronización de Lula, el núcleo neoliberal que controla el gobierno dejó bien claro que la austeridad presupuestaria y los tipos elevados de intereses tendrían prioridad sobre la reducción de la pobreza y las iniciativas de desarrollo.

Incluso si gran parte de los izquierdistas del PT tenían dudas sobre la alianza de Lula con la derecha dura neoliberal y sobre los pactos electorales con el ex presidente José Sarney y con el antiguo gobernador de São Paulo, el corrupto Orestes Quercia y con Paulo Maluf, siguieron describiendo el régimen de Lula como un gobierno “en permanente disputa y tensas relaciones”, sin dirección fija. Cegados por la presencia de antiguos izquierdistas en puestos ministeriales marginales, pasaron por alto los profundos lazos estructurales y políticos de los responsables de la política económica y exterior.

Lula hizo todo lo posible para agradar a Bush, criticó públicamente a los presidentes Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba antes de su discurso inaugural. El discurso de inauguración de Da Silva fue una obra maestra de duplicidad, destinado a lograr que sus partidarios de las clases inferiores bailasen en las calles y a asegurar a los banqueros extranjeros que su régimen les era favorable. El discurso de Lula habló de “cambios”, de “nuevos caminos”, de “agotamiento de un modelo (neoliberal)”, que luego matizó al hablar de “un proceso gradual y continuo”, basado en “la paciencia y en la perseverancia”. Más tarde, habló del “hambre cero” como prioridad de su gobierno. Habló de reforma agraria y de desarrollo del mercado interno, pero también salió en defensa de las elites de la agroexportación y del libre comercio y contra el proteccionismo y las subvenciones. Después de haber nombrado a los neoliberales más rígidos en los puestos económicos claves, no le será posible tomar un “nuevo camino”. Tras acordar la austeridad presupuestaria con el Fondo Monetario Internacional no le será posible financiar nuevos puestos de trabajo ni lograr el “hambre cero”. Al establecer como prioridad las medidas antiinflacionistas diseñadas por el Fondo Monetario Internacional, Lula no podrá de ningún modo bajar los tipos de interés para promover el mercado interno.

El doble discurso se basó en una sola práctica, la de continuar y profundizar ese mismo modelo que denunció como productor de estancamiento y hambre. Una vez en su puesto, Lula no tardó en demostrar la vaciedad de sus promesas de ayuda social.

El presidente Da Silva en el poder: el neoliberalismo hasta sus últimas consecuencias

Los miembros neoliberales nombrados por Lula da Silva para posiciones económicas estratégicas establecieron el marco estratégico para la formulación de una política macroeconómica, microeconómica y social. Para entender lo sucedido desde que Da Silva tomó posesión de su cargo, es esencial que se entienda la filosofía subyacente que dirige su régimen y que se dejen de lado sus teatrales payasadas ante las masas y sus gestos populistas, destinados a la pacificación de los pobres, de los movimientos sociales y de los miembros disidentes del PT.

La filosofía operacional del régimen del PT tiene varios postulados claves: (1) Brasil vive una crisis que sólo se puede remediar mediante una política de austeridad promovida por las instituciones financieras internacionales para asegurar nuevos flujos de préstamos e inversiones extranjeras, identificados como los principales vehículos para el desarrollo (FT, 16 de enero de 2003, pág. 2); (2) Brasil sólo podrá crecer si proporciona incentivos a los grandes capitales nacionales, al capitalismo agrario y a las multinacionales extranjeras (véase Lula en Davos, FT, 27 de enero de 2003, pág. 2). Estos incentivos incluyen la baja de los impuestos, la reducción de las ventajas sociales laborales y el reforzamiento de las posiciones de la patronal en sus negociaciones con el mundo del trabajo; (3) el libre mercado, con mínima intervención estatal, regulación y control, es esencial para solucionar los problemas del crecimiento, el paro y las desigualdades. La tarea principal del equipo económico de Da Silva consiste en promover las exportaciones brasileñas a los mercados extranjeros, por encima y contra el mercado interior, así como presionar a los EE.UU. y a Europa para que liberalicen sus mercados (FT, 16 de enero de 2003, pág. 2); (4) el crecimiento resultará de la estabilidad de los precios, de los flujos de capital extranjero, de una rígida política fiscal y, por encima de todo, del pago estricto de la deuda pública y externa, de ahí la necesidad de reducir los presupuestos de gobierno, en particular los sociales, de acumular las sumas excedentarias para pagar la deuda y de controlar la inflación. Una vez que se alcance la estabilidad (la “amarga medicina”), la economía mejorará en un mercado en crecimiento conducido por la exportación, que financiará los programas para aliviar el hambre de los pobres. Los gastos sociales “prematuros”, el aumento del salario mínimo, los programas para aliviar la pobreza y la reforma agraria “desestabilizarían” la economía, socavarían la “confianza del mercado” y profundizarían la crisis, empeorando las cosas (Tiempos del Mundo, República Dominicana, 20 de febrero de 2003, pág. 7).

Estas asunciones filosoficodoctrinarias neoliberales de la política económica de Da Silva proporcionan la base para el análisis y la crítica. En primer lugar, consideraremos la reciente experiencia histórica de Brasil para evaluar críticamente estas asunciones teóricas y, luego, regresaremos a la particular política propuesta o implementada por el régimen de Da Silva y evaluaremos su probable impacto sobre el desarrollo económico, las desigualdades de clase y la ayuda social.

Da Silva, tanto según la filosofía neoliberal que dirige su equipo económico como según las prácticas económicas reales, representa la continuidad, la extensión y la profundización de la desastrosa política neoliberal seguida por el régimen de Cardoso. En lo tocante a las principales cuestiones políticas y económicas, al pago de la deuda, al mercado libre, a las privatizaciones y al monetarismo, el régimen de Da Silva continúa la fracasada política del régimen de Cardoso (FT, 20 de diciembre de 2002, pág. 2). Esta política llevó a ocho años de estancamiento económico, a profundas desigualdades sociales, a un aumento de la deuda y a un colapso casi completo del sistema financiero, dependiente casi por completo de los volátiles flujos externos del capital especulativo. La política económica de Da Silva amplía la agenda liberal con su pretensión de reducir las pensiones de los trabajadores asalariados de incrementar las partidas presupuestarias destinadas al pago de la deuda. Además, sobrepasa a Cardoso en sus recortes del gasto social. Si consideramos que el régimen de Cardoso fue neoliberal ortodoxo, el de Lula sería neoliberal talibán.

La puesta en práctica del dogma neoliberal

Si algo cabe decir acerca del equipo económico de Da Silva es que no ha perdido tiempo en cumplir las promesas hechas a los fondos de inversión, a los banqueros internacionales y a las elites industriales locales antes de tomar posesión. No ha habido compromiso (FT, 24 de enero de 2003, pág. 2) entre las expectativas de mejora social de cincuenta y dos millones de votantes y los compromisos adquiridos con las elites económicas. No son muchos los gobiernos de la antigua izquierda que hayan pasado a asumir y a aplicar un programa de derechas tan rápida y decisivamente como el del régimen de Da Silva.

Presupuesto

De acuerdo con las demandas de FMI y de las elites económicas, el régimen de Da Silva recortó el presupuesto en 3,9 millardos de dólares US (FT, 11 de febrero de 2003, pág. 66; La Jornada, 11 de febrero de 2003). Entre los tijeretazos estaba el de la reducción del salario mínimo, desde el prometido, 69 dólares US, a 67 dólares US a partir de mayo de 2003, cinco meses después de llegar al poder. Dado el acusado repunte de la inflación, quedará por debajo del mísero nivel del régimen anterior de Cardoso. De los 3,9 millardos de dólares US, más de 1,4 procederán de las partidas de gasto social. Un análisis más detallado revela que estos recortes afectarán los programas de alimentación, educación, seguridad social, trabajo, desarrollo agrícola, ciudades y promoción social. En conjunto, los recortes en programas sociales suman el 35,4 % de la reducción total. Incluso el tan publicitado proyecto estrella del “hambre cero” sufrió un recorte de 10 millones de dólares US y ha quedado reducido a tan sólo 492 millones para atender a los 40 millones de brasileños desnutridos. Esto significa que los fondos asignados a los hambrientos se quedan en 10 dólares por cabeza y año, es decir, en 0,85 dólares mensuales o 2,5 centavos diarios. El objetivo de los recortes, entre ellos los del gasto social, consiste en incrementar el superávit para poder hacer frente a los pagos de la deuda y del FMI. Los talibanes neoliberales de Da Silva llevaron el superávit del 3,75 % del PIB, tal y como se acordó con el FMI en tiempos de Cardoso, al 4,25 % en febrero de 2003 bajo el liderazgo de un “presidente popular” que fue obrero metalúrgico. Dicho de otra manera, Da Silva incrementó la partida destinada al pago de la deuda desde 17 millardos de dólares US a 19,4, casi el 14 %. Los 2,4 millardos de diferencia fueron una transferencia directa de los fondos destinados a programas sociales a los poseedores de bonos, tanto nacionales como extranjeros. Da Silva asignó a los más ricos los fondos que correspondían a los más pobres y a las clases medias y trabajadoras.

La política presupuestaria de Da Silva contribuirá a aumentar las infames desigualdades brasileñas, no a reducirlas. Los gestos de Lula para la galería, pidiendo perdón a los pobres que lo votaron por administrarles semejante dosis de “amarga medicina”, seguramente no cosecharán mucha simpatía entre los millones de trabajadores que reciben el salario mínimo y que verán reducidos sus magros salarios a la vez que se recortan los servicios públicos. Cabe esperar que el recorte del gasto público no sólo no dinamice la economía sino que, probablemente, acentúe la recesión.

Mercados libres

Tanto Da Silva como Palocci, su ministro de Hacienda, han rechazado cualquier tipo de medida proteccionista, han buscado ampliar el programa privatizador y se han negado a corregir los peores abusos de las empresas privatizadas. Palocci defiende las regulaciones internacionales (las políticas de la OMC) como instrumento para atraer la inversión extranjera, rechaza el poner a la industria local al amparo de una legislación proteccionista y privilegia al capital foráneo en el proceso de adjudicación de contratos públicos. Palocci sostiene que “Brasil no desea cerrarse, sino navegar por los mares abiertos del mercado global” (FT, 16 de enero de 2003, pág. 2). Así, rechazó cualquier tipo de intervención estatal en que se usasen fondos públicos para estimular la demanda interna entre millones de brasileños empobrecidos, por considerarlos “mecanismos artificiales”. “Al generar las condiciones apropiadas, las fuerzas del mercado incrementarán la renta y la productividad de las empresas”, sostiene el zar económico de Da Silva. Este talibán del neoliberalismo omite muy convenientemente que han sido precisamente las “fuerzas del mercado” las que, durante los últimos cien años de expansión capitalista, han dado lugar a la pobreza generalizada en Brasil y han creado la sociedad más desigual del mundo.

Palocci, con la total aquiescencia del presidente da Silva y del resto del equipo económico, anunció la privatización de cuatro bancos estatales, la “privatización” del Banco Central (bajo el pretexto de ampliar su autonomía frente a los poderes representativos) y la preparación de una ley que garantiza al capital extranjero el control absoluto de un sector sustancial de la industria brasileña de las telecomunicaciones. Cuando AES, una compañía eléctrica estadounidense, no satisfizo ciertos pagos relacionados con la compra de Electropaulo, una distribuidora de electricidad de São Paulo, el equipo económico de Da Silva se negó a renacionalizar a la compañía, y ello a pesar de lo patente de su mala gestión económica (FT, 26 de febrero de 2003, pág. 15).

El dogmatismo acerca de las virtudes del capital extranjero como motor de desarrollo impide al régimen de Da Silva ver el grado de vulnerabilidad y precariedad al que someten a Brasil al subyugar su crecimiento al capricho del capital financiero internacional. Por ejemplo, en la última semana de enero de 2003 la moneda brasileña, el real, se devaluó un 10 %, con lo que perdió todo lo que había avanzado durante las tres semanas anteriores. El diferencial de los tipos de interés de los bonos brasileños con respecto a los de EE.UU. aumentó en dos puntos, hasta el 14 %. La austeridad nacional y las declaraciones de fidelidad a los principios neoliberales no bastaron para compensar el efecto de ciertas tensiones internacionales. De hecho, al adoptar una política neoliberal y ahondar en su dependencia financiera, Brasil quedará condenado a aplicar constantemente medidas de austeridad, una tras otra, de manera indefinida. Así, se esperan recortes adicionales en el presupuesto de 2003 para afrontar las consecuencias de la incertidumbre debida a la guerra sobre los mercados financieros (FT, 29 de enero de 2003, pág. 2). El banco central tendrá que subir aún más los tipos de interés para atraer capital especulativo, en detrimento de la industria nacional y de los agricultores. En éste, como en el resto de los capítulos de la política económica, Da Silva se ha cambiado la chaqueta: durante las elecciones, prometió bajadas en los tipos de interés. Pero, pocos días después de asumir el poder, el Banco Central los subió desde el 25 % al 25,5 % y, un mes más tarde (el 19 de febrero de 2003), los llevó hasta el 26,5 %, eliminando así cualquier posibilidad de recuperación económica o de incremento de la inversión nacional.

Precios

La política de Da Silva en materia de salud y consumo es una consecuencia directa de su fidelidad al dogma neoliberal y justo la contraria de la que espera su base electoral popular.

El régimen aprobó nuevos incrementos en las tarifas de las empresas de servicios en manos privadas, haciendo así repercutir todavía más su coste sobre los más pobres (FT, 18 de febrero de 2003, pág. 4). En febrero, Da Silva eliminó los controles de precios que afectaban a 260 productos farmacéuticos y prometió levantar los de 3.000 medicinas en junio de 2003.

En un acto casi farandulario para compensar el declive del nivel de vida, Da Silva prometió instalar 4.200 ordenadores para los pobres y darles diez minutos de tiempo gratuito diariamente. Dada la disminución en términos reales de los salarios y el incremento potencial del descontento, Lula se está asegurando ahora la lealtad de la policía al concederle incrementos salariales del 10 %.

Pensiones

El régimen de Da Silva, fiel al FMI, identifica las pensiones como la fuente del déficit fiscal. Soslayando la evasión fiscal de los potentados, las subvenciones y los incentivos fiscales a largo plazo para las multinacionales, como el verdadero neoliberal que es, Da Silva propone la reducción generalizada de las pensiones, en especial las de los funcionarios públicos. Usando como excusa el caso de unos cuantos funcionarios de alto rango que disfrutan de pensiones desproporcionadas, Da Silva está decidido a equiparar las de todos los funcionarios a las bajísimas del sector privado. En un ejercicio de charlatanería, presenta su plan de reforma de las pensiones como una batalla en pro de la igualdad, siendo así que el reducir las pensiones al nivel de las del sector privado es repartir la miseria, mientras que cualquier tipo de medida igualitaria y progresista tendería a incrementar las pensiones bajas. Se espera que así se ahorren miles de millones de dólares, que acabarán financiando una rebaja impositiva para la elite industrial. La política en materia de pensiones, probablemente va a agravar las desigualdades, empobreciendo a los pensionistas y enriqueciendo a la elite industrial.

Por eso, no debe sorprender que Da Silva recibiese el atronador aplauso de los supermillonarios en Davos. Caio Koch Weser, la Secretaria de Estado de Hacienda alemana, dijo de Da Silva: “La clave reside en el ímpetu que la enorme credibilidad del presidente imprime a las reformas (neoliberales)” (FT, 27 de enero de 3003, pág. 2).

El que Da Silva apele deliberadamente a sus orígenes obreros para promover la política que conviene a las elites económicas hace las delicias de los astutos financieros de una y otra orilla del Atlántico.

ALCA e imperialismo estadounidense

Ha habido movimientos populares de protesta contra el ALCA por toda Iberoamérica. Millones de campesinos de México, Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay y Brasil han bloqueado carreteras y exigido que sus gobiernos rechacen el ALCA. En Brasil se planteó un referéndum en el año 2002, con el apoyo del MST, de sectores progresistas de la iglesia, de la Confederación Central del Trabajo (CUT) y de todos los partidos de izquierda, excepto el PT. De los más de diez millones de personas que participaron en él, más del 95 % votó contra el ALCA y contra la base militar de los EE.UU. en el norte de Brasil. Da Silva no sólo no participó, sino que prohibió que el PT lo hiciese. Una vez elegido, desoyó a los 10 millones de votantes contra el ALCA y aceptó entrar en negociaciones con los EE.UU. para consumar dicho acuerdo comercial.

El ALCA es un tratado comercial integral y radical que, de llegar a implementarse, transferiría todo poder decisorio en materia de comercio, inversión y otras políticas económicas a una comisión dominada por los EE.UU. y, probablemente, radicada en dicho país, que supervisaría la privatización y el paso a manos estadounidenses del resto de las empresas públicas lucrativas en los sectores del petróleo, el gas y otras industrias estratégicas. En un discurso en el National Press Club de Washington, Da Silva abogó por la creación de un acuerdo comercial para el continente americano entero. Prometió avanzar en lo referente al ALCA y se declaró entusiasmado acerca de su relación con el presidente Bush. “Mi impresión de Bush es inmejorable” (FT, 11 de diciembre de 2003, pág. 5). La principal preocupación de Da Silva y de su equipo económico acerca del ALCA tiene que ver con la reducción de las barreras comerciales para los grandes exportadores agrarios de Brasil. El apoyo que el “presidente de los trabajadores” brinda al presidente más agresivo y militarista de los EE.UU., que ha llevado a cabo una guerra genocida contra Irak y prepara el derrocamiento militar del gobierno democráticamente elegido del presidente venezolano Hugo Chávez, es prueba de que el eje de la política brasileña se basa ahora más que nunca en el servilismo. Tal como han demostrado tantos economistas críticos, el ALCA destruirá las empresas agrícolas familiares y la agricultura campesina, incrementará el número de campesinos sin tierra, el hambre y la emigración masiva hacia las favelas y reducirá a la nada el programa del “hambre cero” de Da Silva. Los ridículos repartos de ayuda puntual de emergencia que planea Da Silva no compensarán a los millones de nuevos pobres y desheredados que producirá su fidelidad al dogma político neoliberal. Da Silva anunció que su programa de “hambre cero” era “mucho más que una donación de alimentos en casos de urgencia, porque busca atacar las causas del hambre, dar peces y enseñar cómo pescar” (FT, 31 de enero de 2003, pág. 2). En lugar de eso, con el ALCA, Da Silva atacará a los pobres, no al hambre, y afianzará sus causas en lugar de socavarlas.

Al tratar de estrechar relaciones con el presidente Bush, el ministro de Asuntos Exteriores Celso Amorin intentó inmiscuirse en el conflicto venezolano. Amorin se ofreció para mediar en el conflicto entre el presidente constitucional Chávez y el autoritario movimiento proestadounidense, la peculiar “coordinadora democrática”, organizando un grupo de naciones denominado “amigos de Venezuela”. Entre dichos supuestos “amigos” se encontraban España y los EE.UU., países ambos que apoyaron el fallido golpe de estado del 11 de abril de 2002 contra Chávez. También se encontraban los regímenes neoliberales de Chile, México y Portugal y, por supuesto, Brasil. El presidente Chávez, que acabó enterándose de la trampa de Amorin, solicitó la inclusión de algunos otros países. Da Silva y Amorin rehusaron y la conspiración brasileña en pro de la oposición apoyada por los EE.UU. quedó en papel mojado. Chávez invitó a los “países amigos” y a sus patrocinadores brasileños a abstenerse de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Pero esto no fue obstáculo para que Amorin declarase que el régimen brasileño estaba dispuesto reunirse con los golpistas venezolanos (La Jornada, 22 de enero de 2003).

Reforma agraria

La pobreza, el hambre y el desempleo más graves se aglutinan en el Brasil rural. El principal problema es la gran concentración de la propiedad de la tierra en manos una pequeña elite, mientras que 4,5 millones de campesinos y jornaleros carecen de ella. Desde 1983, el Movimiento de los Sin Tierra, el MST, ha ocupado grandes propiedades con sacrificio y disciplina y las ha repartido entre 350.000 familias. Hasta finales de los años noventa, Da Silva prometió una reforma agraria en caso de ser elegido. Durante su campaña electoral, sin embargo, le exigió al MST que se abstuviese de ocupar tierras y éste obedeció por primera vez en su historia. Al prometer en sus discursos electorales que haría caer el peso íntegro de la ley sobre quienes llevasen a cabo “ocupaciones ilegales de tierras”, es decir, de las que quedasen fuera de su proyecto de reforma agraria, trató de granjearse el apoyo de los partidos de derecha que amparan a los terratenientes. Da Silva mantuvo un sospechoso silencio acerca del alcance y profundidad de la reforma agraria que prometía. Una vez elegido, anunció que en el año 2003 se iban a repartir 200.000 hectáreas de tierra entre 5.500 familias.

El objetivo de Da Silva se quedaba en la décima parte de lo logrado durante el anterior régimen neoliberal del presidente Cardoso y en la veinteava parte de lo que el MST esperaba del “presidente popular”. Al ritmo propuesto Da Silva, se necesitarían mil años para asignar tierras a los 4,5 millones de familias sin tierras que existen en la actualidad, mientras que las que fueran apareciendo después, un múltiplo de estos 4,5 millones, se quedarían si nada. Desde el poder, Da Silva ha continuado la vieja política reaccionaria del desahucio violento de los ocupantes ilegales de las tierras improductivas. Su ministro de Agricultura, de izquierda, anunció nuevos planes que deberían ser revelados en la segunda mitad del año 2003.

Hay algunas cosas claras. La política agraria de Da Silva representa un enorme paso atrás. Desde el punto de vista de la política agrícola, su régimen se ha entregado completamente al gran terrateniente y a las elites de la agricultura de exportación. Su política ahondará las profundas desigualdades en el campo y hará prender la chispa del descontento. Lo más probable es que esto desencadene choques sangrientos entre los campesinos sin tierra, que aspiran a ella, y el brazo armado de la política de ley y orden de Da Silva, la policía militar. Sin duda alguna Da Silva derramará alguna lágrima y volverá a pedir perdón por los campesinos muertos, mientras continúa su asociación con sus nuevos aliados del ALCA.

Política laboral: “reformas” que benefician a la patronal

Lo importante al proceder al análisis de un líder político no es tanto su origen como hacia dónde se dirige; tampoco su antiguo entorno, sino sus aliados presentes y futuros. Los observadores políticos han errado en sus análisis sobre Da Silva porque se centran en su pasado remoto y en sus antiguos camaradas sindicales, sin prestar atención a su actual camarilla de banqueros neoliberales, empresarios y aliados imperialistas. Cuando Da Silva propuso un pacto social entre los trabajadores, la patronal y el gobierno con objeto de supuestamente mejorar el país, designó un Consejo para el Desarrollo Socioeconómico, encargado de formular recomendaciones. La composición y las prioridades del consejo hicieron patente el sesgo de Da Silva en contra de la clase trabajadora y favorable a la patronal. De sus 82 miembros, 41 son empresarios y 13 sindicalistas, una proporción de más de tres contra uno a favor de los patronos. Su propósito consiste en discutir una reforma fiscal, que reducirá los impuestos a las empresas, y una reforma de la Seguridad Social, que rebajará las transferencias a trabajadores, pensionistas y otros beneficiarios. Al ser acusado de primar a la clase empresarial, Da Silva defendió de pleno su sesgo favorable a los empresarios sosteniendo el carácter apolítico y meritocrático de sus nombramientos y acusando a sus críticos de nepotismo. “Este consejo”, sostuvo Da Silva, “no es un grupo de amigos. No estoy interesado en conocer la afiliación política [sic] de sus miembros o por quién votaron. Lo que nos interesa es su capacidad, competencia, talento y conocimiento para obrar por su país” (Tiempos del Mundo, República Dominicana, 20 de febrero de 2003, pág. 7). Da Silva omite convenientemente de qué manera el obrar por su país de dichos empresarios desinteresados ha dado lugar a las mayores desigualdades sociales del mundo y pasa por alto de forma deliberada los intereses clasistas de la elite económica, precisamente porque son sus aliados estratégicos en su empeño por aplicar políticas neoliberales ortodoxas. Da Silva y todos sus principales consejeros económicos se han apoyado constantemente en sus aliados neoliberales, dentro del PT, y de la derecha, fuera de él, para sacar adelante políticas antipopulares contrarias a los intereses de la clase trabajadora. Da Silva ordenó a los senadores que votaran por José Sarney, el presidente anterior, de marcadas tendencias derechistas, como presidente del Senado (FT, 3 de febrero de 2003, pág. 4). Sarney es un partidario entusiasta de la “reforma” laboral de Da Silva.

Las alianzas con la derecha de Da Silva ya han enredado a su régimen en un escándalo importante. A finales de febrero, se probó que Antonio Carlos de Magalhães, el derechista senador por Bahía, había procedido a escuchas telefónicas a más de 200 congresistas, senadores y otras importantes figuras políticas. Dicho senador apoyó a Da Silva durante la campaña presidencial y estaba considerado como un aliado estratégico en la tarea de sacar adelante en el ámbito legislativo su programa neoliberal, reforma laboral incluida. Ante la protesta de numerosos diputados, el presidente Da Silva y su camarilla interna de consejeros ordenaron a sus diputados del PT que votasen contra de la creación de una comisión de investigación, que dañaría gravemente la imagen del “presidente popular honrado y transparente”.

La reforma laboral de Da Silva busca debilitar los sindicatos, socavar los derechos constitucionales de los trabajadores y reducir los costes laborales para aumentar los beneficios de la patronal con la excusa de querer incrementar la competitividad de las exportaciones. Sus propuestas incluyen la eliminación de las transferencias de los capitalistas del sector privado a los sindicatos y la abrogación de los pagos obligatorios de gastos sindicales. Otras proponen permitir a los capitalistas establecer contratos de trabajo al margen de los beneficios laborales legalmente vigentes (FT, 26 de noviembre de 2002). El antiguo obrero metalúrgico perjudica a sus compañeros de trabajo y recompensa el apoyo electoral que le brindó el CUT al convertir en prioritarias las principales demandas de la patronal en sus propuestas legislativas.

El mecanismo empleado por Da Silva consiste en cortejar a los jefes burocráticos del CUT ofreciéndoles puestos y salarios como consejeros en su régimen. El presidente del CUT, João Felicio, que es uno de tales burócratas, afirmó: “Nosotros [sic] observamos las reformas con cierta satisfacción, aunque tengan que ser negociadas y aplicadas gradualmente”. El secretario nacional de política sindical del PT, Hergurberto Guiba Navarro, indicó claramente el propósito de la reforma laboral: “Vamos a emprender una amplia reforma y muchos sindicatos van a desaparecer” (FT, 26 de noviembre del2003, pág. 8).

Dado el empuje que Da Silva imprime a la ortodoxa política ultraneoliberal y a la servidumbre de los líderes del CUT, a nadie le sorprende que la principal línea de oposición obrera se articule en torno al sindicato Forza Sindical (FS), de tendencias moderadamente derechistas. En marzo, los trabajadores del metal afiliados a FS organizaron una huelga en protesta por la pérdida de nivel adquisitivo. El FS encabeza la lucha por la reducción de la jornada laboral desde 44 a 40 horas semanales, el aumento de las compensaciones por despido, la extensión de la cobertura por desempleo desde 5 a 12 meses y el reconocimiento legal de la representación de los trabajadores en determinados estamentos empresariales. El régimen de Da Silva está rotundamente en contra de todas las demandas del FS a causa de su carácter inflacionista y amenaza con tomar medidas represivas contra lo que tacha de demandas de tipo político, la vieja cantinela de todos regímenes de derecha anteriores, preámbulo de la acción de las porras policiales sobre las cabezas de los trabajadores.

Impuestos, salarios, y empleo

Desde su llegada al poder, el régimen de Da Silva está tratando por todos los medios de reducir los impuestos de las empresas, en especial las del sector industrial, y de aumentar en un 27 % los del trabajo. Sus regresivas políticas fiscales, cuando se trata de las bajadas, dicen aplicarse en aras de la “competitividad” capitalista y, cuando se trata de las subidas, de la necesidad de mantener a raya el déficit fiscal. Entretanto, aumenta el desempleo, disminuye el poder de compra y los rampantes tipos de interés imposibilitan nuevas inversiones. Los altos superávits presupuestarios, destinados al pago de la deuda, dificultan las inversiones públicas. (Cesar Benjamin, Caros amigos, marzo de 2003).

El los albores del régimen, Da Silva y su equipo económico auguraron un crecimiento de más del 3 %. A finales de febrero, la mayoría de los economistas hablaban de un crecimiento per cápita nulo (Mario Maestri, “Sem luz no fim do tunnel”, La Insignia, 4 de marzo de 2003).

La ortodoxia del régimen de Da Silva genera mayores desigualdades, desempleo y hambre. La súplica de Da Silva a los multimillonarios de Davos para que promoviesen un nuevo orden mundial y que contribuyesen a financiar un fondo contra la pobreza, sólo cosechó escepticismo y, tal vez, alguna que otra sonrisa cínica y discreta. El Finantial Times se pregunta “¿Por qué deberían los multimillonarios apoyar un nuevo orden si les va tan bien en el existente?” (FT, 27 de enero de 2003, pág. 2). El que Da Silva mendigue frente a los grandes capitales para luchar contra el hambre demuestra la crisis de su política y de su estrategia económica.

La oposición: régimen, partido y movimientos sociales

La estrategia política de Da Silva pasa por intentar crear “amplias” alianzas con los partidos de la derecha, figuras políticas y grupos religiosos, con vistas a aislar y neutralizar las tendencias democráticas e izquierdistas de su propio partido, los sectores progresistas de la iglesia y los movimientos sociales dinámicos, incluido el MST. Además de sus alianzas con la derecha dentro del país, Da Silva ha creado sólidos vínculos con Bush, el FMI y los regímenes derechistas y neoliberales de la región, a través de su apoyo al ALCA, su propuesta sobre los “amigos de Venezuela” –en donde abundaban los partidarios del golpe contra Chávez– y su entrevista (7 de marzo de 2003) con el presidente colombiano paramilitar Alvaro Uribe, en la que ofreció que Brasil “mediaría” para desarmar las guerrillas (El Heraldo, Barranquilla, Colombia, 4 de marzo de 2003). Es igualmente significativo que Da Silva integrase a un amplio sector del ala izquierdista del PT en su gobierno ofreciéndole ministerios secundarios a cambio de apoyo para su proyecto neoliberal y su política exterior. Entre los colaboradores de “izquierdas” de Da Silva se encuentran Marina Silva (ministra de Medio Ambiente), Miguel Rossetto (ministro de Desarrollo Agrícola, de la corriente trotskista, o ex trotskista, Tendencia Socialista Democrática del PT), Olivio Dutra (ministro Para las Ciudades) y Tarso Genro (secretario nacional para el Desarrollo Socioeconómico). Mientras que Da Silva ofrece credibilidad al programa del FMI gracias a su popularidad y a sus orígenes obreros, los ministros de “izquierda” del PT dan cierta legitimidad a las políticas neoliberales entre los afiliados del PT y mantienen vivas las ilusiones de algunos de los líderes de los movimientos sociales.

Las restantes facciones de izquierda del PT, opuestas al apoyo de Da Silva al ALCA, a Bush, al FMI y a las políticas neoliberales, se dividen en dos grupos. Uno, desde dentro del régimen, pide aportar más contenido “nacional” a las recetas neoliberales, depender menos del capital financiero foráneo y más del nacional. Este grupo, comandado por los senadores Alorzio Mercadente y Carlos Lesser, tiene una influencia casi nula sobre los dirigentes económicos y su crítica no se extiende más allá de los círculos internos de la elite del partido.

Los otros críticos de izquierda del PT incluyen a Heloisa Helena, la valerosa senadora por el estado de Alagoas, que se ha pronunciado públicamente en contra de que Da Silva designase a Henrique Meirelles, el favorito de Wall Street, para dirigir el Banco Central y del apoyo del PT al senador derechista José Sarney como presidente del Senado, así como de sus políticas neoliberales (Corriente de izquierda, 13 de diciembre de 2002 y Corriente de izquierda, 6 de febrero de 2003). La senadora Helena, al hablar sobre la angustia y la desesperanza que le causa el giro neoliberal de Da Silva después de arriesgar su propia vida durante más de dos décadas para poder llevarlo al poder, recoge la opinión de muchos militantes de base del PT: “Es triste y desesperante [ser un adversario de mi partido]. Recuerdo todos mis años de dedicación al PT. Hoy es fácil pasear con la pequeña estrella [símbolo del PT] en la solapa, ser un neolulista o un neo-PT gracias al carácter de ídolo del presidente y al amplio apoyo que los medios de comunicación prestan al gobierno. Pero yo, que he sido golpeada, he sufrido el ametrallamiento de mi casa y me han roto los dientes... Este partido no pertenece a unos pocos [los de arriba], que creen que pueden hacer lo que quieran con el PT porque ocupan cargos importantes en el poder” (Revista Veja, 28 de enero de 2003).

Helena aclaró que continuaría luchando contra el giro a la derecha del PT hasta que diese la batalla por perdida y que, entonces, dimitiría (Revista Veja, 28 de enero de 2003). Tras sus elocuentes y atronadoras críticas, Da Silva y Dirceu, el encargado de la disciplina en el PT, trataron de silenciarla a fin de que su mensaje no alcanzase a los militantes de base y arrastrase a otros miembros del partido. El presidente del PT, José Genoino, dirigió un proceso de linchamiento encaminado a censurar a Helena y a sentar las bases de su futura expulsión. Junto con Dirceu, encuentra intolerable su crítica de izquierdas.

El auge del poder autoritario y centralizado del PT está estrechamente vinculado con la centralización del poder decisorio del gobierno en materia económica, así como con el giro hacia la ortodoxia neoliberal y con la política proimperialista del régimen.

Sin embargo, la oposición de Helena y las medidas represivas de Da Silva han aglutinado ciertas fuerzas dentro del PT. El congresista Raúl Pont, de la Tendencia Socialista Democrática, defendió el derecho de Helena a criticar y abogó por una “discusión fraternal sin presiones ni sanciones” (Correio hace Povo, Porto Alegre, 6 de febrero de 2003). Los principales partidarios de aplicar duras represalias disciplinarias contra Helena son dos antiguos socialdemócratas (de la izquierda del PT) y actuales ministros del régimen, Tarso Genro y Olivio Dutra (Correio hace Povo, Porto Alegre, 6 de febrero de 2003), mientras que varios miembros de las vertientes de izquierda del PT están organizando una red en su apoyo dentro del partido. Según una fuente, el consorcio Dirceu-Genoino ha elaborado una lista de cinco parlamentarios que habrían de ser aislados primero y expulsados después.

En las actuales circunstancias, la izquierda del PT, la tendencia “articulación de izquierda”, permanecerá leal al partido: planteará resoluciones críticas en los congresos, pero votará según las instrucciones de Da Silva en lo concerniente a la legislación neoliberal. Por su implicación en el gobierno, con diputados y funcionarios estatales o municipales, la izquierda está interesada en preservar el régimen derechista de Da Silva y confía en un “giro a la izquierda” o en una ruptura entre Da Silva y sus principales colaboradores (véase “Resolución de la Conferencia Nacional de Articulación de Izquierda”, documento poselectoral, 2002).

En realidad, las críticas de la izquierda al ALCA y al neoliberalismo caen en oídos sordos, mientras que sus vínculos con el régimen y el mantenimiento de la disciplina del partido impiden que la izquierda del PT desempeñe papel alguno en el despertar de una oposición real al régimen derechista de Da Silva. Por el contrario, la pequeña capacidad de disensión de la izquierda del PT y su manera de actuar creará la ilusión de que la reforma es posible desde el interior del régimen, lo cual bloqueará la emergencia de una corriente de oposición externa al PT y al régimen de Da Silva. La absoluta confusión política de los sectores de la izquierda del PT y la capitulación de otros deja pocas opciones para el descontento que emerge entre los trabajadores del sector del metal, el MST y los sectores progresistas de la iglesia.

Movimientos sociales y sindicatos

La CUT (confederación del trabajo), de izquierda y vinculada al PT y, en particular, a Da Silva, aportó numerosos miembros que fueron elegidos congresistas y algunos son ministros del régimen. De momento pocos, si es que hay alguno, se han manifestado contra el giro a la derecha de Da Silva. El propio CUT, aunque alega contar con quince millones de afiliados, está burocratizado, tiene muchos empleados y depende en gran medida de la financiación estatal. El poder de convocatoria del CUT es muy limitado y no consigue reunir a más de varios miles de personas en sus principales protestas. Desde el comienzo del régimen de Da Silva, la dirección del CUT ha adoptado un doble discurso. Poco después de la elección de Da Silva, el CUT fue invitado para negociar el “pacto social” del nuevo régimen para reducir pensiones, posponer el aumento del salario mínimo y socavar la base financiera de los sindicatos. La dirección del CUT declaró su independencia con respecto al gobierno, pero acordó continuar participando en el Consejo Social y Económico, aunque los banqueros y empresarios excedieran a los sindicalistas en una proporción de más de tres por uno. Con posterioridad, el CUT continuó criticando los bruscos recortes presupuestarios neoliberales y la reasignación de recursos en favor de los poseedores de bonos, tanto locales como extranjeros, aunque siguió apoyando al régimen de Da Silva. Peor aún, en lo concerniente al supuesto y derechista pacto social, la principal fuente de discrepancia con respecto al equipo económico neoliberal residía en la manera de ponerlo en marcha, aconsejando a los neoliberales procedimientos “gradualistas” en la aplicación de medidas que afectaban a la clase trabajadora, en lugar de ponerlo en ejecución íntegra e inmediatamente. El servilismo del CUT frente al régimen de Da Silva es la continuación de la política de negociación que venía aplicando con los anteriores regímenes neoliberales, debida en parte a su dependencia con respecto a los subsidios gubernamentales. Además, existen fuertes lazos de dependencia respecto al PT a través de los antiguos cargos del CUT que desempeñan ahora labores dentro del régimen y las promesas de futuras inclusiones, tanto en él como en posibles listas de candidatos para el Congreso en las siguientes elecciones. Finalmente, está el asunto de la burocratización del CUT, que ha sido gestionado de manera vertical durante más de una década, dejando de lado al militante, y que es hoy totalmente incapaz de vertebrar la masa de parados y subempleados. Los resultados fueron evidentes en cualquier manifestación importante contra el ALCA, el FMI o la oleada de privatizaciones de Cardoso. La dirección del CUT, tras haber desmovilizado a sus bases durante más de una década, fue incapaz de congregar a más de unos pocos miles de personas en la calle e, incluso en tales casos, la mayoría de ellos pertenecían al PSTU, el PC de B y la izquierda del CUT. Los líderes del MST me han informado de que los sectores progresistas de la iglesia católica tienen mayor capacidad de convocatoria que el CUT. Lo que confunde a los observadores exteriores acerca del CUT es que sus líderes aparezcan pronunciando discursos o firmando declaraciones en favor de medidas radicales, dando la impresión de que sigue siendo un sindicato popular y radical. A pesar de lo duro de la legislación contra la clase obrera que promueve el régimen de Da Silva, escasean las manifestaciones de oposición activa por parte de los líderes oficiales, aunque, a principios de marzo de 2003, muchos sindicalistas con conciencia de clase se mostrasen afectados y enojados frente a lo que consideraban una alianza de Da Silva con el empresariado. La mayor parte de los analistas económicos no conceden a Da Silva más que entre seis meses y un año antes de que se produzcan conflictos importantes en oposición a su política neoliberal, lo cual anima a Palocci y al resto del equipo de Da Silva a acelerar la marcha y a que el Congreso apruebe la “amarga medicina” antes de que se desinflen las ilusiones de los pobres, los sin tierra y los sindicatos con respecto al “presidente popular”.

Los intelectuales de izquierda

Los intelectuales que apoyan el régimen de Da Silva se dividen entre los lulistas ortodoxos, como Frei Betto y Emir Sader, y los neolulistas, atraídos por las políticas neoliberales y la posibilidad de lograr cargos como asesores del régimen o hacerse con contratos estatales. La labor principal de los lulistas ortodoxos, por lo menos en los primeros seis meses de su régimen, consiste en continuar recreando la imagen “popular” del presidente Da Silva, en disculpar las políticas reaccionarias y proimperialistas de su régimen haciendo apelación a “lo difícil y complejo del mundo”, en sostener “la imposibilidad de romper ahora con el FMI” (Sader) y en elaborar un nuevo acercamiento “pragmático”, que busque equilibrar las aspiraciones de los responsables de la política económica de derechas de Da Silva con las de los supuestos “izquierdistas” que circulan por los intersticios del conjunto de condicionamientos ideológicos y presupuestarios del grupo de derechas dominante. Sader y Betto, que cantaron en el coro del FSM que “otro mundo es posible”, añaden ahora “todavía no, no con Lula; más adelante es posible”. Los nuevos pragmáticos también prestan el fundamento ideológico necesario para mantener la disciplina, al desacreditar y despachar a quienes critican las políticas derechistas de Da Silva desde posiciones de izquierda.

Los neolulistas no son tan duros con las críticas de izquierda, puesto que no sienten ninguna necesidad de esconder su escoramiento hacia la derecha. Por práctica y convicción, se postulan como “tecnócratas” y neoliberales “progresistas”, interesados en un modelo “heterodoxo” del libre mercado que aúne mercados competitivos y gasto social, por más que dediquen la mayor parte de sus esfuerzos al primero y, generalmente, traten de posponer la satisfacción de las obligaciones para con lo que tildan de “deuda social”.

Los intelectuales de izquierda están desparramados por todo el subespectro político. Muchos pertenecen a la izquierda del PT, otros están fuera, tanto de él como del régimen. Pero ninguno de ellos tiene en mente el constituir un nuevo movimiento político y social que se oponga a las medidas salvajes adoptadas por Da Silva. Esperan poder ejercer influencia sobre el régimen a través de los ministros progresistas, la presión exterior o como consecuencia de una crisis producida por las actuales políticas neoliberales, que obligue a Da Silva a “girar a la izquierda”. Se olvidan de que fue el propio Da Silva quien designó los ministros de los sectores económicos y financieros claves, de que confía en los principales consejeros políticos del PT, que son los arquitectos de sus políticas, y de que él mismo apoya personalmente este tipo de legislación retrógrada. Tal como ha indicado Palocci, “Lula conoce y acepta todas y cada una de mis decisiones”.

Son muy pocos los intelectuales que hayan comenzado a cuestionar el régimen, su política y su base social, aunque su futuro político esté todavía sin determinar, particularmente su cauce futuro.

El MST

El movimiento de trabajadores rurales sin tierra se enfrenta a un profundo dilema: tras construir durante años un movimiento sociopolítico independiente de acción de masas que ubicó a más de 350.000 familias sin tierra en propiedades improductivas a través de la acción directa (ocupaciones), aceptó inmovilizarse como medida electoral en favor de Da Silva para, después, esperar una reforma agraria positiva. Los éxitos pasados del MST se basaron en su capacidad para dar prioridad a las acciones de masas independientes, mientras que apoyaba, incluso, a algunos candidatos electorales progresistas del PT. Confiando en que la elección de Da Silva sería el punto de partida para una amplia reforma agraria, se encuentra ahora frente a un régimen que se ha opuesto a cada una de sus supuestas “reformas equitativas”.

Desde años antes de las elecciones presidenciales, había debates y discusiones en el MST acerca del futuro político del movimiento. Había quienes sostenían que el PT estaba convirtiéndose en un partido socialdemócrata o conservador, que muchos de sus representantes estatales o municipales eran hostiles a la reforma agraria y que, en algunos casos, reprimían las ocupaciones de tierras. Por lo tanto, concluyeron que el MST debería formar su propio partido junto con otros movimientos sociales y grupos de izquierda. Un segundo grupo, incluso si concedía que el PT se escoraba hacia el conservadurismo y repudiaba la labor de los gobernadores y alcaldes de la derecha del PT, prefería que el MST propusiese sus propios candidatos a través del PT o, por lo menos, trabajase desde su interior para promover una dirección más progresista. La tercera fuerza, la más influyente, por lo menos en la esfera de la dirección nacional, trataba de mediar. Se acordó trabajar al margen del PT, aliándose con sectores progresistas de la iglesia, grupos de derechos humanos e intelectuales de izquierda para elaborar un programa alternativo y crear una organización. Así nació Consulta Popular (CP) con gran ruido de timbales, aunque después decayese porque esta medida de “izquierdas” convivió con la vieja táctica de tratar de ejercer influencia sobre el PT desde dentro. En efecto, el CP no era ni un nuevo movimiento ni un nuevo partido político y se quedó a medio camino entre la acción directa y la política electoral, sin que pudiera concitar el apoyo de los medios sindicales ni echar raíces en el medio urbano.

Para la campaña electoral de Da Silva en el año 2002 se le exigió al MST una concesión sin precedentes: la suspensión de la acción directa de masas –ocupaciones de tierra– al afirmarse que ésta “obraría en beneficio de la derecha”, “asustaría” a los votantes de clase media y acabaría con las aspiraciones electorales de Da Silva. Por desgracia, y por primera vez, el MST cayó en la trampa. Interrumpió la acción directa y se sumó a la campaña electoral, a pesar de las alianzas reaccionarias de Da Silva y de la clara hegemonía que detentaban en sus filas las fuerzas proimperialistas. El MST pasó del análisis de clase a vagas proclamas “populistas”; al fin y al cabo, diez millones de pobres acabarían votando por Lula y sus expectativas de una ruptura con el neoliberalismo lo obligarían a responder positivamente.

Como cabía esperar, una vez en el poder Da Silva hizo caso omiso de las “expectativas populares”; más bien pidió “perdón” por enarbolar el estandarte neoliberal a pesar de la oposición popular. Por desgracia, la mayoría de los líderes de MST continuaron alimentando la fe, aunque no tanto en Da Silva como en el impotente ministro para la Reforma Agraria y otros cargos de izquierda de dicho ministerio. Miguel Rossetto, el ministro para la Reforma Agraria y miembro de la izquierdista Tendencia Socialista Democrática del PT, alegó que haría todo lo posible por cumplir las promesas de reforma agraria dentro de lo permitido por las limitaciones presupuestarias que le había asignado el gobierno, lo cual fue una astuta maniobra demagógica.

Mientras tanto, crecían las tensiones dentro del MST: los militantes de base y los más de 60.000 ocupantes ilegales de tierra que permanecían acampados en tiendas de plástico, sufriendo frío, calor, escasez de alimento y mosquitos, comenzaban a agitarse. Hubo unas pocas ocupaciones de tierras. Los movimientos como el MST o actúan o se desintegran. El régimen de Da Silva no dispuso ninguna medida de emergencia. La reforma agraria fue pospuesta, junto con el programa de “hambre cero” y otras promesas electorales. La estrategia de ciertos líderes del MST de trabajar desde el interior del PT comenzaba a perder fuerza. Algunos dirigentes regionales y nacionales expresaron públicamente su insatisfacción por la falta de respuesta del gobierno (Folha de Sao Paulo, 9 de febrero de 2003). João Paulo Rodriguez, el coordinador nacional del MST, exigió del gobierno un calendario para la reforma agraria y expresó su preocupación ante la inacción, cuarenta días después de la asunción del poder por parte de Da Silva. Rodriguez advirtió al régimen que no podrían continuar esperando, dado que había 60.000 familias que necesitaban ser reubicadas. Tal y como dijo, “No podemos esperar. Pensamos como un movimiento social, no como un gobierno”. El gobierno ha incorporado a varios progresistas próximos al MST y otros grupos al Instituto para la Reforma Agraria (INCRA), pero les ha asignado pocos recursos. Además, Da Silva ha asumido una posición extremadamente rígida y hostil hacia las tácticas tradicionales de ocupación de tierras del MST y ha prometido usar toda la fuerza de la ley [sic] para reprimir el movimiento. Alega que cualquier iniciativa de reforma agraria tendrá que ajustarse a los programas establecidos por el gobierno, para los que el presupuesto poselectoral asigna cantidades insignificantes.

Tarde o temprano, el MST tendrá que reconocer que los campesinos sin tierra no tienen cabida en el régimen de Da Silva y que el movimiento tendrá que romper con él y volver sus acciones directas habituales o sufrir la fractura, el declive y la absorción.

Conclusión

El régimen de Da Silva plantea dos peligros. Primero, representa una amenaza para los niveles de vida y las condiciones laborales y sociales de la mayoría de los asalariados y pensionistas de Brasil. La amenaza es más aguda porque procede de partidos políticos –o de una coalición de partidos y organizaciones sociales– que eran los principales defensores de las clases obreras y campesinas y que ahora se han aliado con sus enemigos, dejando así a las masas temporalmente indefensas. Además del dolor físico y del sufrimiento social que el régimen de Da Silva está causando, el giro a la derecha producirá un inmenso daño psicológico en las masas y