DE VENEZUELA A ARGENTINA

CACEROLAZOS

por Maurice Lemoine

La aprobación de 49 decretos ley ha prendido la mecha. Entre ellos, uno de los textos más importantes es una ley sobre la tierra y el desarrollo rural, que prevé mecanismos de expropiación de los latifundios y la distribución de las tierras a los campesinos que carecen de ellas. Mientras que un puñado de propietarios acaparan el 70% de la superficie cultivable, el país debe importar masivamente para alimentar a su población… Una ley sobre los hidrocarburos incrementa el canon del Estado y convierte en obligatoria su participación mayoritaria en las asociaciones con las compañías petroleras privadas.

En nombre del «derecho sagrado a la propiedad privada», los señores de la tierra refuerzan una oposición que lideran ellos mismos y que incluye a la patronal y a los propietarios de los medios de comunicación. Como aliada poco habitual, la Confederación de los Trabajadores de Venezuela (CTV), ligada a los partidos políticos que fueron desplazados por la «revolución bolivariana», se unió a la huelga patronal organizada el 10 de diciembre de 2001. Fue un éxito, sin duda: cuando las empresas cierran sus puertas resulta difícil imaginar a dónde podrían ir a trabajar los obreros… A pesar de que las actividades de la patronal suscitan un débil eco en la población y de que el presidente Chávez continúa gozando de una gran popularidad en los sectores más pobres del país, periódicos y cancillerías evocan con delectación el caos social, económico y político en el que se hunde Venezuela.

Sin embargo, no es en Caracas donde los «cacerolazos» y la movilización popular han provocado la caída de un presidente, sino en Buenos Aires, Argentina. Nos habíamos olvidado de las revueltas de los días 16 y 17 de diciembre en Santiago del Estero, nos interesamos muy poco en 1996 por los primeros «piqueteros», aquellos desempleados iracundos que alzaban barricadas en Cutral Có, en la provincia de Neuquén; no hicimos caso de la multiplicación de acciones de los «piqueteros» ni de las movilizaciones que, a partir de las capitales provinciales, habían alcanzado lentamente el cinturón obrero de Buenos Aires. Nadie prestó atención el 24 de julio de 2001 a la primera Asamblea nacional de las organizaciones populares y de desempleados ni tampoco, el 4 de septiembre, al nacimiento del Frente nacional contra la pobreza (Frenapo), que agrupa a las principales organizaciones populares del país. ¿Acaso Argentina no era el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional (FMI)? ¡Justamente! Una deuda exterior de 132.000 millones de dólares (el 46% del PIB, calculado por lo bajo) contraída durante la dictadura (1976-1983) y aumentada por el régimen de corrupción y de rapiña de Carlos Menem (1989-1999), mientras que la población sufría, sin anestesia, el hierro candente de los ajustes estructurales, las reformas neoliberales más radicales del continente. Los últimos resultados conocidos consisten en cuatro años de recesión, una economía en caída libre, una crisis fiscal, múltiples cierres de empresas, una hemorragia de empleos y una miseria cada vez mayor. El desempleo alcanzó el récord de un 18,3% en octubre de 2001 y la pobreza atenaza a 15 millones de argentinos.

Domingo Cavallo, un economista ultraortodoxo, ya presente durante la época de la dictadura militar, inventó durante el gobierno de Menem la paridad entre el peso y el dólar, para «pulverizar la inflación». Al mismo tiempo, pulverizó las exportaciones argentinas, carentes de competitividad. Rescatado el 20 de marzo de 2001 por el presidente de centro izquierda Fernando de la Rua, intentó primeramente en julio un «megacambio» (cambio de los títulos de la deuda a corto plazo por otros a más largo plazo, pero con intereses muy elevados), antes de imponer una política de déficit cero: entre otras medidas, una reducción del 13% de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones. Fue insuficiente. Mientras que Argentina se encuentra virtualmente en la quiebra, el FMI se niega a concederle 1,260 millones de dólares para hacer frente al pago de los intereses de la deuda externa.

El anuncio de nuevas medidas de austeridad lanza a los más desfavorecidos, sin banderas precisas y sin dirigentes, a la búsqueda desesperada de alimentos. Asaltan y saquean los supermercados. Y al ajuste estructural le sucede el ajuste político. Los grandes inversores y especuladores, tanto nacionales como internacionales, acaban de transferir 15,000 millones de dólares fuera del país: el 2 de diciembre, «para evitar el caos provocado por los especuladores», Cavallo congela los depósitos bancarios de los ciudadanos «ordinarios» y sólo autoriza sacar 250 dólares por semana. La clase media, hasta entonces ausente en la movilización social, se echa espontáneamente a la calle los días 19 y 20 de diciembre. El estado de sitio y una represión que provoca 31 muertos no logran salvar de esta furia, en la que están ausentes tanto los partidos políticos como los sindicatos, ni al detestado ministro de finanzas ni al presidente De la Rua, que el 20 de diciembre huye en helicóptero de la Casa Rosada.

El nuevo presidente elegido por el Congreso, el peronista Adolfo Rodríguz Saá, lo ha prometido todo: ha anunciado la suspensión del pago de los intereses de la deuda, a la espera de una negociación con los acreedores; ha rechazado tanto la «dolarización» como la devaluación, pesadilla de los particulares y de las empresas endeudadas en dólares: ha previsto la creación de una tercera moneda –el argentino- y ha prometido la creación de un millón de empleos… Convocará elecciones presidenciales el 30 de marzo de 2002. Se trata, ante todo, de ganar tiempo para desactivar la presión popular.

El fenómeno de la deuda externa, tanto en Argentina como en la América latina, y las políticas neoliberales ligadas a ésta se hallan incontestablemente en el banquillo de los acusados. Pero hace falta mucho más para impresionar a Washington: la capital del imperio sigue dirigiendo sus críticas más feroces en dirección al régimen de Hugo Chávez.