Treinta y cinco años después, la Iglesia Católica española le está echando un pulso al Gobierno en un asunto similar, quizá persuadida de que aquí todavía no nació el político capaz de dar la réplica con un trallazo similar al de Trudeau. Hace ya varios meses, desde que el PSOE hizo público su deseo de cumplir con su programa electoral legalizando el matrimonio homosexual y haciendo que la enseñanza de la religión vuelva a convertirse en materia escolar optativa (puesto que el Partido Popular la había hecho obligatoria durante su reciente interregno), los medios de comunicación han sido el cauce de los ríos de tinta que empezaron a fluir desde el venero de las dos Españas machadianas, la conservadora y la anticlerical. Con independencia de que al PSOE lo asiste la incuestionable legitimidad de las urnas –los españoles han avalado tales medidas con el voto–, no cabe duda de que un desbordamiento verbal como éste indica que el hecho religioso sigue sin estar resuelto entre nosotros y, según trataré de demostrar, ello se debe a la ambigua redacción del artículo 16, párrafo 3º de la Constitución de 1978, que dice textualmente: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.”

Tal como postulé en una columna anterior titulada Lógica narrativa, la redacción de cualquier ley crea una “verdad” imposible de eludir, aunque sea absurda. El susodicho artículo 16, si bien no lo afirma de manera explícita, implícitamente sí establece un estado aconfesional. Para muchos, aconfesionalidad y laicismo son la misma cosa. Sin embargo, el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, escribió hace poco un polémico editorial en el semanario Paraula en el que aceptaba el primer término, pero se oponía al segundo, que tachó de antidemocrático. Por ello, antes de continuar con mi exposición, en aras de una mayor claridad conceptual analizaré la diferencia entre ambos términos.

El diccionario de la RAE, que no recoge la palabra aconfesionalidad, llama aconfesional a “lo que no pertenece o está adscrito a ninguna confesión religiosa” y laicismo a la “doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa”. De esto se deduce que, en el terreno de la semántica, la aconfesionalidad –es decir, lo que tiene cualidad de aconfesional– y el laicismo son términos equivalentes, pues expresan lo ajeno a la religión. No obstante, en el terreno de la praxis política aplicada al Estado son conceptos que muchos politólogos –y también nuestro arzobispo– consideran disímiles, pues para ellos la aconfesionalidad implica una neutralidad estatal “pasiva” con respecto a las cosas de la fe, mientras que el laicismo lleva el marchamo de un “activismo” laicista, es decir, del peso del poder del Estado para imponer la ausencia de signos religiosos en las instituciones que controla.

De lo anterior se desprende que, en lenguaje althusseriano y según la primera parte del artículo 16, párrafo 3º, los aparatos institucionales del Estado español –que como hemos visto se declara aconfesional– son ajenos a cualquier carácter religioso, pero a renglón seguido el texto altera la neutralidad que se le supone y cae en el oxímoron de cooperar con la Iglesia Católica y las demás confesiones, lo cual, en la práctica, ha creado la “lógica narrativa” de dejar intacto el poder económico del clero, que desde la transición se siguió beneficiando en exclusiva de adelantos dinerarios estatales, de los que sólo una parte corresponde a donaciones “legales” de contribuyentes a la Iglesia Católica a través del IRPF, mientras que la otra –un total de 240 millones de euros sólo en los últimos diez años según Álvaro Cuesta, secretario de política municipal y libertades del PSOE– es un “regalo” tácito. Es esta contradictio in terminis de un Estado que por una parte se declara neutro ante la religión y que por la otra coopera económicamente con la Iglesia Católica lo que sería necesario clarificar, más aún si se tiene en cuenta que “las otras religiones” no han recibido nada.

Es evidente que los obispos –y Agustín García-Gasco el primero– tienen perfecto derecho a poner el grito en el cielo cuando al poder terrenal se le ocurre legislar sobre cuestiones que ellos consideran de su exclusividad espiritual. Quienes se enfadan ante tal actitud parecen entender mal el principio de la libertad de opinión en que se basa de iure nuestro actual sistema político o bien realizan un estudio superficial del conflicto, pues lo que se dirime en el rifirrafe actual entre la Iglesia y el Gobierno no es un asunto de opiniones contrapuestas, lo cual es lícito en democracia, sino algo más profundo, la raíz del problema, que tiene carácter económico, porque el auténtico escándalo es que a la Iglesia Católica se le obsequie dinero público, buena parte del cual proviene de contribuyentes laicos o que pertenecen a otras confesiones, y ello contra la voluntad explícita de dichos contribuyentes.

El laicismo estatal activo, que como hemos visto es la facultad que el estado otorga a sus propias instituciones para que éstas impidan cualquier signo o símbolo religioso –cristiano, islámico, judío o de otro orden– en las áreas de poder público que detentan, permite en Francia que una sociedad multiconfesional como aquélla viva dentro de un marco civil en el que nadie goza de dádivas otorgadas sobre la base del credo que profesa. A título de ejemplo, en las escuelas públicas francesas están estrictamente prohibidos los velos o turbantes musulmanes, los crucifijos cristianos o las kipás judías. Quizá no sea necesario que España se convierta en un estado laicista como Francia –yo, al igual que Eduardo Haro Tecglen, pienso que “si se quiere defender la libertad, se empieza por no prohibir y reducir las leyes a lo necesario para una convivencia justa”–, pero sí en un estado aconfesional puro. Para ello, como he dicho antes, sólo haría falta clarificar de algún modo el párrafo 3º del artículo 16 de la Constitución con el fin de que cese la actual “lógica narrativa” de la cooperación, que por el momento ha dado lugar a una jurisprudencia viciada, en total desacuerdo con la aconfesionalidad. El alcance semántico de dicha cooperación tendría que ser estudiado con lupa, pues no es lo mismo cooperar regalando dinero público que ofreciendo la infraestructura estatal como mero intermediario entre los donantes y las respectivas iglesias, lo cual terminaría con esa esquizofrénica paradoja en la que el estamento católico acepta sin regomello dinero de los ateos y, al mismo tiempo, muerde la mano del Gobierno –que le da de comer– cuando éste contradice su doctrina. Por lo tanto, no se trata como pretenden algunos de perseguir a la Iglesia Católica, que debe ser libre de opinar lo que le plazca –y aquí lo es, basta para darse cuenta de ello con abrir cualquier periódico–  y defenderlo con todas las consecuencias en la arena política, sino de facilitarle el camino para que se financie exclusivamente con las donaciones de quienes se consideran miembros de su rebaño. Si la situación de privilegio actual llega a acabarse algún día, muchos ciudadanos ajenos al catolicismo verán con mejores ojos –e incluso aplaudirán– cualquier intento eclesiástico de influir sobre la res pública.

Bien es verdad que el ejemplo español no se puede comparar con ningún otro. He aquí un país que, de la noche a la mañana, saltó tras la muerte del dictador desde el oscurantismo hasta la movida, el universo del rock, el movimiento gay y el amor libre, y no todos han tenido tiempo de adaptarse a un cambio tan vertiginoso. Nuestras costumbres, que siguen conservando el atractivo de lo atávico, también asombran por la velocidad con que sobrepasan a las naciones más desmelenadas, y ello a menudo dentro de una misma familia. El contraste entre las actitudes progresistas y el frufrú de las sotanas nos convierte en un caso digno de diván, que requiere mucho tacto y mucha cabeza fría, pero eso no significa que el poder ejecutivo deba ceder ante chantajes como el que se le viene encima, porque lo que está en juego es el acoplamiento feliz de la estructura jurídica de España con el mundo en que vivimos.

En cuanto al fragor de la contienda, por mucho que moleste al oído es necesario aceptarlo como inherente a la democracia burguesa. Las alusiones a la libertad, al respeto o a la tradición por parte de los conservadores y el berrinche de los laicistas del bando contrario ante lo que consideran un intrusismo anómalo de la Iglesia Católica en los asuntos gubernamentales no son más que el reflejo retórico de una sociedad dividida en la que la lucha por el poder político nominal –el real es otra cosa– ya no se dirime en la hoguera ni en el campo de batalla, sino con palabras, programas electorales y cada cuatro años en las urnas.

Se dice ahora que los obispos tienen previsto lanzar a sus seguidores a la calle en una cruzada contra los planes del Gobierno e incluso contra asuntos que el ejecutivo ni siquiera está considerando, como la eutanasia (?). No seré yo quien se oponga, pero me parece una operación sumamente arriesgada para la Conferencia Episcopal, ya que en este debate dialéctico su fuerza reside en el terreno de lo teórico, en la frialdad de las estadísticas. Es fácil demostrar sobre el papel que el 85% de los españoles se declaran católicos, se casan en la iglesia o bautizan a sus hijos, pero se suele omitir que sólo el 30% de ellos –no el 85%– dona dinero a la Iglesia Católica a través de los impuestos. Además, el hecho de que alguien se diga católico no significa que esté dispuesto a ir más lejos de esa simple afirmación, ya que los hábitos ancestrales persisten por inercia, no es lo mismo ir a misa que ser creyente y, por encima de todo, la sociedad española aprueba en su mayoría esas medidas del Gobierno, pues al igual que Trudeau, por fin ha entendido que la religión o el matrimonio homosexual son asuntos que se deciden en la intimidad del libre albedrío o, por así decirlo, del dormitorio. Que cada cual haga con su fe o con su libido lo que quiera, siempre que no agravie a los demás. ¿Cómo entender entonces que los obispos se arriesguen a convocar unas protestas populares que, con toda seguridad, no atraerán más que a unos pocos miles de activistas nostálgicos de un ayer beato que ya no existe?

A mi parecer, esta amenaza es sólo ruido, una estrategia diseñada para confundir al adversario, en la que no resulta difícil descubrir la mano oculta del Partido Popular, muy consciente de que una Iglesia Católica poderosa –léase con dinero en el bolsillo– es buena para sus fines políticos, puesto que ambos se sitúan a la derecha y defienden lo mismo. Estamos asistiendo, pues, a las apuestas de una partida de póquer de grandes proporciones, en la que la Conferencia Episcopal juega de farol, mientras que el Gobierno socialista tiene los ases en la mano. La oposición encarnizada al matrimonio homosexual y a la enseñanza optativa de la religión son ese bluff mediante el cual unos tahúres aguerridos, con muchos siglos de historia a sus espaldas, pretenden bajarle los humos al ejecutivo para que se asuste y nunca se le ocurra dar el paso supremo de cortarles los víveres cerrando el grifo del dinero público, porque en tal caso sí que disminuirían ad vitam aeternam sus posibilidades de influencia… y la influencia es poder.