Filántropos
y depredadores
MANUEL TALENS
Jean-Pierre Garnier, presidente de la gigantesca multinacional farmacéutica Glaxo Smith
Kline, pronunció el pasado 11 de enero unas palabras esclarecedoras durante la
teleconferencia planetaria que mantuvo desde Carolina del Norte con sus subalternos a
través del mundo: “El sida es uno de los desafíos más grandes con que se enfrenta
nuestra industria, que vende hoy el 80% de sus productos al 20% de la población global.
Yo no quiero ser el presidente del consejo ejecutivo de una compañía que sólo provee a
los países ricos. Quiero que esas medicinas lleguen a manos de otra mucha gente que las
necesita, pero he de ser también un buen hombre de negocios, pues no podemos destruir el
sistema económico que hemos establecido.” El problema, añado yo, es que Garnier
dejó sin definir de qué manera piensa llevar a cabo esa cuadratura del círculo, pues a
todas luces es imposible ser solidario si al mismo tiempo uno pretende mantener un sistema
cimentado abusivamente en la plusvalía. Dicho de otra manera, nadie puede ser al mismo
tiempo filántropo y depredador.
La globalización neoliberal -ese estado de cosas en el que las grandes compañías
multinacionales han arrebatado ya el poder a los políticos- tiene un precio, y dicho
precio exige olvidarse de los países tercermundistas que son incapaces de comprar
productos de primera necesidad en el Primer Mundo y que, por lo tanto, desde el punto de
vista financiero no existen en el mapa. A lo sumo les vendemos armas para que se maten
entre sí, lo cual logra dos objetivos simultáneos: el mantenimiento de la industria
armamentista y la desaparición pura y simple de poblaciones enteras que son el recuerdo
molesto de que algo falla en el engranaje huxleyano del mundo feliz donde ya vivimos.
El artículo de Pierre Conesa Une géographie du monde inutile [Una geografía del mundo
inútil], publicado en el número de marzo de Le Monde Diplomatique, deja claro que
países como Borneo, Burundi, Yemen, Perú, Colombia, Uganda, Liberia, la Costa del Marfil
o las repúblicas más recónditas de la antigua Unión Soviética -entre otros muchos- se
están autodestruyendo lentamente lejos de las cámaras de televisión y al abrigo de
intervenciones de la OTAN, y ello debido a que carecen de poder económico o estratégico.
Se trata de un verdadero genocidio por abstención, completado en otro frente con medidas
legales que de forma subliminal buscan impedir que millones de seres humanos sobrevivan a
una enfermedad providencial para la industria farmacéutica: el sida. Aclaro que utilizo
el término “providencial” en su sentido más estricto, pues a lo largo de la
historia ninguna otra infección ha hecho sufrir a tantos ni enriquecido a tan pocos.
Me centraré ahora en Sudáfrica, un país que es hoy objeto de las susodichas medidas
legales. Las estadísticas confirman que casi el 10% de su población está infectado por
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y, por lo tanto, padece o padecerá el
sida.
Ese porcentaje equivale a más de cuatro millones de personas, en su mayoría carentes de
medios de subsistencia. Debido a tales circunstancias, el parlamento de Sudáfrica aprobó
en 1997 una ley destinada a combatir la pandemia, ley que permitiría a dicho país la
fabricación o la importación de medicamentos antisídicos a bajo precio. No es necesario
ser un lince para darse cuenta de que esta ley es una flecha directa al corazón del
sacrosanto principio capitalista de la propiedad privada y, por eso, dio lugar a una
auténtica ofensiva legal contra el Gobierno de las antiguas víctimas del apartheid.
Así, desde 1998 la industria farmacéutica ha impedido por mandato judicial la
aplicación de dicha ley, alegando que infringe el derecho global de las patentes. Durante
los tres años transcurridos, más de cuatrocientos mil sudafricanos han muerto a causa
del sida, ya que el elevado coste de las medicinas les impidió el acceso al tratamiento.
Es un secreto a voces que las compañías farmacéuticas invierten sumas astronómicas en
la investigación de nuevos fármacos, y también lo es que, una vez éstos en el mercado,
recuperan con creces dichas sumas durante el largo periodo de gracia en que los
manufacturan con exclusividad bajo el amparo de la patente que poseen. Luego, una vez
transcurrido dicho plazo, la fórmula química se convierte en bien de usufructo común y
cualquier laboratorio que disponga de capacidad técnica puede fabricar los denominados
“genéricos”, es decir, el mismo producto pero con otro nombre y a un precio
asequible. Llegados a este punto, señalaré que Cipla, un laboratorio de la India
especializado en genéricos, ha decidido vender a la ONG Médicos sin Fronteras una eficaz
combinación de tres fármacos contra el sida, al precio de 63.000 pesetas por paciente y
año -173 pesetas al día-, lo que significa una rebaja del 96% sobre el importe de la
misma combinación en los Estados Unidos, donde alcanza la cifra desorbitada de 1.872.000
pesetas anuales, es decir, 5.129 pesetas por día. Los números cantan: si ese 4% aún
produce beneficios, ¿dónde está el límite que permitiría recuperar razonablemente las
inversiones adelantadas y, por encima de todo, quién ha de establecer dicho límite, las
propias compañías productoras? Es evidente que no, pues son cualquier cosa menos monjas
de la caridad.
Explicaré ahora en qué consisten las medidas procesales que le están cayendo encima a
Sudáfrica, todas ellas democráticas y de una corrección política absoluta: treinta y
nueve multinacionales farmacéuticas privadas -entre ellas Bayer, Merck,
Rhône-Poulenc, Schering, Boehringer-Ingelheim, Elli Lilly o Roche-, que fabrican costosos medicamentos y
que poseen por sí solas más dinero que la totalidad de los países del Tercer Mundo, han
llevado a juicio al Gobierno sudafricano con vistas a forzarlo a derogar la ley objeto de
litigio, y ello a pesar de que el texto acata las obligaciones internacionales adquiridas
por Sudáfrica en su calidad de miembro de la Organización Mundial del Comercio.
Las complacientes palabras de Jean-Pierre Garnier que cité al principio de mi
exposición, iluminadas por este nuevo rayo de luz, muestran su verdadero rostro: formaban
parte de un falso discurso filantrópico de la industria farmacéutica destinado a
adormecer conciencias, pues llegada la hora de la verdad, los presidentes de las
multinacionales están reaccionando de acuerdo con la lógica depredadora que los
caracteriza y, además, bajo el correctísimo amparo de un tribunal de justicia. ¿Dónde
quedaron las extraordinarias ventajas concurrenciales de la libertad de mercado, que
supuestamente harían bajar los precios, si ante el menor peligro treinta y nueve
“enemigos” forman una piña? Nada me extrañaría que, además, justamente ahora
pretendiesen confundir a los incautos distribuyendo temporalmente medicamentos gratis en
el Tercer Mundo, mientras, al mismo tiempo, mantienen la presión legal contra Sudáfrica,
pues así es como los poderosos “resuelven” desde siempre los problemas
sociales: con una mano dan lo que quitan con la otra. Pero la caridad deja intactas las
estructuras de poder y subordinación, que son la verdadera raíz del conflicto. Es este
pleito de ricos contra pobres lo que se debe eludir, porque si se pierde -y las leyes
están hechas para que se pierda- no habrá marcha atrás.
Hace unos días recibí por correo electrónico un mensaje de la rama española de
Médicos sin Fronteras en el que pide firmas para tratar de forzar la suspensión del
juicio, que hubiera debido iniciarse en Pretoria el pasado 5 de marzo con gran cobertura
de los medios y el apoyo al Gobierno sudafricano de miles de personas de todo el globo.
Sin embargo, por razones que desconozco fue postergado hasta el próximo 18 de abril. Por
supuesto, estampé mi firma, aún a sabiendas de que se trata de un vaso de agua lanzado
al mar, pues de ninguna manera el capital globalizador, temeroso de que se repita el
ejemplo de la nación austral, va a permitir insolencias de esta especie. No obstante, las
campañas mediáticas similares a la de Médicos sin Fronteras, más el extraordinario
golpe de efecto que acaba de dar el Parlamento Europeo al aprobar una resolución de
urgencia en la que apela a las treinta y nueve compañías para que abandonen su demanda
judicial, tienen la virtud de mostrar que muchos ciudadanos -más de los que se pensaría
a simple vista en las descafeinadas sociedades occidentales- estamos en desacuerdo con el
statu quo del nuevo orden mundial.
Ayer mismo fue Chiapas, hoy Sudáfrica y mañana dios dirá: se trata de diferentes
batallas de una misma guerra, pues no existe diferencia alguna entre los indios
desposeídos de dignidad en América, los negros sidosos de África, los vietnamitas que
trabajan de sol a sol por un plato de arroz o los magrebíes perseguidos en España. Todos
ellos son ojos que nos miran con dolor, perjudicados inocentes de esta globalización
dirigida desde lujosos despachos por un puñado de auténticos depredadores.
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2
de abril de 2001 |
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