Hace unos diez años, el Ayuntamiento de
Orense ordenó que sus funcionarios se desembarazasen a
manguerazos de los vagabundos que malvivían en el centro de la
ciudad, cerca de la catedral. "Son un foco de infección", dijo
un portavoz del cabildo, "así que los echaremos de aquí". El
pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Murcia decidió utilizar
a la Policía Local para encarcelar a los inmigrantes
subsaharianos que se encontraran en su territorio en situación
irregular. Asimismo en enero, el día 17, las máquinas
excavadoras llegaron temprano al barrio de la Malva-rosa de
Valencia y procedieron al derribo de las primeras casas para
abrir el camino de un plan urbanístico municipal cuya decisión
final todavía está en los tribunales. Ciento cincuenta personas,
pobres de solemnidad, se quedaron en la calle.
Pregunto: ¿cuál es el vínculo que une
entre sí las noticias anteriores? Respondo: los tres
ayuntamientos están en manos del Partido Popular.
La retórica centrista -hoy olvidada-
con la que este partido de propietarios, banqueros,
constructores y trepas de cualquier pelaje se presentó ante la
sociedad para hacerse con el poder en tiempos de Aznar no
impidió que, bajo cuerda, las cosas siguiesen siendo como
siempre: el centro democrático sólo fue una patraña publicitaria
que en esta Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha continuado el
expolio del territorio durante una década con total impunidad.
Rita Barberá, la muy populista alcaldesa de Valencia, tiene en
su haber una trayectoria de absoluto desprecio por los
ciudadanos que no comulgan con sus proyectos inmobiliarios. El
caso de la Malva-rosa es el más sangriento, pero no el único. La
apertura de una avenida que, si Dios no lo remedia -y Dios no ha
remediado nunca nada-, prolongará Blasco Ibáñez hasta la playa a
cambio de destruir parte de un barrio considerado patrimonio
histórico, es en el fondo y en la forma una manera caciquil de
regalar varios miles de metros cuadrados de terreno de la
ciudad, de excelentísima ubicación, a las mafias del ladrillo,
que podrán así seguir construyendo para los ricos a costa de los
pobres. La estrategia de Barberá es típica de la derecha: si no
puede hacerse con unos terrenos que pertenecen legítimamente a
clases populares, se inventa un plan fantasma de mejoras
urbanísticas y los expropia por la fuerza. Tras una lucha
jurídica encarnizada, el Tribunal Superior de Justicia se rindió
en 2004 a los argumentos oligarcas del Ayuntamiento de Valencia,
con una apretada votación de ocho votos en contra por once a
favor. Según Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional
de esta Universidad, los argumentos esgrimidos ante el tribunal
por los abogados de doña Rita son como para sonrojar a cualquier
estudiante de abogacía. Y, sin embargo, fueron aceptados.
La única esperanza de justicia que
ahora les queda a los malvarroseños, que no quieren saber nada
de especulaciones inmobiliarias y sólo piden vivir en paz en sus
casas, es el Tribunal Supremo. Quién sabe, hace unos meses y
contra todo pronóstico, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
le dio la razón a una vecina de esta ciudad que se opuso a otra
arbitrariedad de doña Rita. Ojalá los habitantes de la
Malva-rosa no hayan dicho aún la última palabra.
