Antonio Fernández Valenzuela, dirigente de la Cámara de Comercio de Alicante, rechazó el verano pasado que entre dicha cámara y el gobierno de la Generalidad Valenciana pudiera haber intermediarios. Una semana después, Joaquín Rocamora, presidente de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Alicante, puso el grito en el cielo al criticar la avalancha de robos, asaltos y otros delitos que padecen las poblaciones turísticas e industriales de la zona y exigió medidas –léase represión policial– para solucionar el asunto. Además, reclamó austeridad en el gasto público con el fin de disminuir la presión fiscal y los costes empresariales, así como un incremento de la capacidad del futuro aeropuerto de L'Altet.

Ambas actitudes son cosa normal en el catecismo neoliberal, fácilmente aplicables hoy a cualquier parte del mundo. Pero permanezcamos en la provincia de Alicante, un ejemplo típico de antiguo paraíso, hoy devastado por la especulación inmobiliaria y en manos de la casta empresarial, responsable teleológica de la masificación, del cemento, de la desertificación, del agua escasa, de las mafias que han acudido cual moscones a la miel, de la delincuencia... y que ahora, con la vana esperanza de solucionar el desastre, pide mano dura sin asumir culpabilidad alguna por la causa que lo originó; que se erige por sí sola en único interlocutor con la administración y, para ello, elimina de un plumazo al intermediario de la ciudadanía, esa clase social, obrera o no, a la que utiliza para engordar sus cuentas bancarias; que reclama privatizaciones y austeridad en el gasto público y que, no contenta con eso, pretende aumentar las capacidades de un aeropuerto local, que traerá todavía más caos al lugar.

Dada la rapidez con que hoy se olvidan las noticias, aquellas declaraciones de la cúpula empresarial, que tuvieron lugar en julio de 2003, son un poco la baja Edad Media. Avancemos, pues, hasta el pasado 30 de diciembre. Desde luego, nadie podrá decir que cayeron en saco roto: cuando moría el año, el presidente autonómico Francisco Camps no cenó con ningún pobre de solemnidad, no –el cineasta Luis G. Berlanga ya mostró en su película Plácido que eso sólo ocurría en los tiempos del nacionalcatolicismo, es decir, en el Pleistoceno–, sino con la flor y nata de los empresarios, sin mediadores que valgan. Así, ambas partes –el político y la patronal– respondieron con sesenta años de retraso a la pregunta retórica del poeta alicantino Miguel Hernández: Andaluces de Jaén / aceituneros altivos / decidme en el alma de quién / de quién son esos olivos: "Son nuestros, ¡so poeta!, los olivos, el aire, el agua, la tierra, todo, así que dedícate a los versos y deja de fastidiar". Y, hace dos semanas, el Partido Popular prometió reforzar la Policía Nacional y la Guardia Civil con 32.000 nuevas plazas si gana las elecciones, lo cual es más que probable. Misión cumplida.

España era una iglesia y ahora es una empresa privada. Por el imperio hacia Dios, decía la propaganda franquista, con tufo a incienso y a obispo de brazo en alto. Por el capital hacia Dios, dice la propaganda neoliberal, con tufo a corbata de Armani y zapatos Gucci. Y Dios, el pobre, sigue sin abrir la boca, como siempre.